La crisis internacional, iniciada con la burbuja inmobiliaria en los Estados Unidos en el 2008, marcó un punto de inflexión en el crecimiento económico global y en las tasas de empleo. Según la OIT, en el período de crisis económica, 2007-2013, a nivel mundial hubo una caída de 32,2 millones de puestos de trabajo, explicada principalmente por las economías desarrolladas como la Unión Europea y Estados Unidos, que perdieron 15 millones. América latina y el Caribe no fueron inmunes a la crisis internacional.

Algunos mecanismos de transmisión y causas de la caída de la actividad y empleo en la región fueron el descenso de los intercambios comerciales por parte de las principales economías, como los Estados Unidos, la Unión Europea y China: la reducción de los precios de productos básicos, en particular el cobre y el petróleo, y la reducción de los flujos de capitales por la incertidumbre y la falta de seguridad que tenían los inversores en dicho período. Sin embargo, el impacto de la crisis en los mercados de trabajo de la región no fue tan fuerte como se temía, debido a la implementación de políticas públicas orientadas al ámbito laboral. En el caso argentino, se aplicaron medidas contracíclicas no sólo para dinamizar la economía sino también para proteger el nivel de empleo y los ingresos de las personas. En el mismo lapso, entre 2007 y 2013, de descenso mundial de los niveles de ocupación, en Argentina se crearon 2.170.000 empleos registrados según datos de la AFIP, en base a los aportes de la seguridad social.

Los valores estimados por la OIT sobre el trabajo informal en Argentina difieren significativamente de los estimados por el Ministerio de Trabajo, que precisó que el trabajo en relación de dependencia no registrado es de 33,1 por ciento. Este indicador mide a los trabajadores que se encuentran en la informalidad porque no fueron registrados por sus empleadores, mientras que el cálculo efectuado por la OIT incluye también a los cuentapropistas y autónomos que no quieren estar registrados en la AFIP para no cumplir con sus obligaciones tributarias.

Según el informe “Experiencias recientes de formalización en países de América Latina y el Caribe” de la OIT, Argentina se ubica entre los países de América latina y el Caribe con mayor reducción de la informalidad laboral entre 2003 y 2012, con una caída de 14,5 puntos porcentuales.

Se consigna que la Argentina ha logrado estas metas gracias a las políticas de Estado orientadas a conseguir una mayor inclusión social por medio del trabajo. La OIT destaca en este sentido al Plan Nacional de Regularización del Trabajo, bajo responsabilidad del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y la Administración Federal de Ingresos Públicos. Este programa tiene el objetivo de realizar inspecciones para fiscalizar el cumplimiento de las normas del trabajo y de la seguridad social y de esta forma enfrentar el trabajo no registrado. A su vez, también se creó el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios, bajo la responsabilidad del Ministerio de Trabajo, en el que deben inscribirse todos los empleadores y trabajadores agrarios y que sirve para conocer el grado de formalidad laboral en el sector agrario. Otro avance importante en materia de empleo es la incorporación del trabajo infantil como delito en el Código Penal mediante la sanción de la Ley 26.847, desde abril de 2013. El castigo por el aprovechamiento económico del trabajo de un niño o niña de hasta 16 años en el caso de trabajos convencionales y de hasta 18 en tareas peligrosas, riesgosas, nocturnas o insalubres, implicaría penas de prisión de 1 a 4 años.

La crisis económica internacional afectó negativamente el nivel de empleo en todo el mundo, pero especialmente entre los jóvenes. El desempleo juvenil duplica la tasa de desempleo de América latina y el Caribe, además de ser el universo etario con peores condiciones de trabajo ya que el 60 por ciento de los empleos para jóvenes se encuentra en la economía informal. Para apoyar la inserción de este grupo al mercado laboral, en la Argentina se pusieron en marcha dos programas sociales específicos: “Jóvenes con Más y Mejor Trabajo” y el “Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina” (Progresar), que consiste en transferencias monetarias para iniciar o completar estudios en cualquier nivel educativo dirigido a personas hasta 24 años que se encuentran en la economía informal o perciben un salario inferior al mínimo.

La protección del empleo ha sido una política de Estado en estos años. Preservar los puestos creados, continuar con la generación y combatir el empleo informal es un desafío permanente.

* Economista integrante del Grupo de Estudio de Economía Nacional y Popular (GEENaP).