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Entre rumores bursátiles, operaciones mediáticas y declaraciones de funcionarios leídas entrelíneas, la idea de un posible acuerdo con los fondos buitre fue cobrando fuerza en las últimas semanas. Sea como expresión de deseo de candidatos presidenciales sin otro plan económico que la “vuelta a los mercados” o como necesidad pragmática para garantizar una transición ordenada sin sobresaltos cambiarios, el cumplimiento de la sentencia Griesa una vez vencida la cláusula RUFO, a finales del presente año, va adquiriendo el carácter de consenso en gran parte de la dirigencia. Analicemos algunas cuestiones que pocos mencionan respecto de los costos de ese posible acuerdo, adicionales a los 15 o 20000 millones de dólares que demandaría cumplir con el fallo Griesa extendido al total de los holdouts.

Una cuestión que pocos toman en cuenta es la posibilidad de que la cláusula RUFO mantenga su peligrosidad más allá del fin de año. Esa cláusula da el derecho a los bonistas que aceptaron la quita y extensión de plazos en los canjes 2005 y 2010 de pasarse a cualquier otra oferta realizada por Argentina que consideren más favorable. Si bien vence el 31 de diciembre de 2014, el fallo Griesa fue emitido mientras se encontraba vigente. De esa manera, aunque el cumplimiento de una sentencia no es una oferta voluntaria y que la misma sea realizada una vez que la cláusula se encuentre vencida, todavía podría quedar algún resquicio legal para que un juez norteamericano “creativo” considere su validez, generando un precedente que ponga en riesgo toda la política de desendeudamiento de la última década. La creatividad de Griesa respecto de la interpretación de la cláusula pari passu es un mal precedente.

Tampoco el acuerdo con los fondos buitre garantiza una “lluvia de dólares”. El déficit presupuestario, la elevada inflación y las restricciones cambiarias no son vistos con buenos ojos por las calificadoras que condicionan el costo financiero de los créditos a la implementación de una serie de políticas de corte conservador. El ejemplo de Venezuela, donde no hubo un evento de incumplimiento de deuda y sin embargo el “riesgo país” lidera la región, es un caso para considerar. Si bien la probable tasa de acceso al financiamiento de Argentina sea menor que la de su par bolivariano o de la que rige actualmente, probablemente se encuentre bastante por arriba del “6 por ciento a 40 años que colocó Perú” deslumbrando a economistas Pro-mercado.

Desde la ortodoxia proponen acompañar el acuerdo con los buitres de una brusca baja de los subsidios que permita reequilibrar el presupuesto en el corto plazo, mejorando la calificación financiera del país. Sin embargo, el impacto inflacionario del consecuente aumento de tarifas, además de afectar los ingresos populares y la actividad económica, puede acentuar ciertos desajustes económicos que se encuentran detrás de la fuga de capitales, como la convivencia de una inflación elevada con una política cambiaria que genera permanente sensación de retraso y una consecuente expectativa de devaluación que supera cualquier rendimiento financiero en pesos.

Es por ello que en el menú ortodoxo, el aumento tarifario va acompañado de un nuevo salto del dólar para su posterior estabilización, como el ocurrido a comienzos de 2009 y del presente año. Se generarían así expectativas de estabilidad cambiaria, que darían un respiro al mercado cambiario por algunos meses a costa de un nuevo deterioro de los ingresos de la población y la actividad económica.

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