Un debate recorre el mundo occidental y se centra en la posibilidad de la coexistencia entre la llamada “agricultura familiar” (AF) y el pujante “agronegocio”. Comenzó hace unos años, cuando los organismos de crédito internacionales “bajaron” el viejo concepto de AF, para oponerlo al de “campesinado”, término con una carga de mayor politicidad que estaba dando batalla al capitalismo de la mano de Vía Campesina. Es relevante aclarar los sentidos de estos conceptos para tener claro de qué se trata este nuevo debate.

La agricultura comenzó siendo una actividad familiar, es decir donde las tareas eran divididas entre los distintos miembros de una familia, una fusión entre la unidad familiar y la productiva. Tenía como lógica otorgar trabajo a todos los miembros en edad de hacerlo y cubrir las necesidades de consumo alimentario del grupo familiar. Se la encontraba en muy diferentes regiones y culturas: campesinados europeos en regiones donde había predominado un campesinado alodial con cierta autonomía del señor feudal (Francia, Suiza); en las comunidades que persistieron al hecho colonial de América; en la India, Africa. Con el desarrollo del capitalismo, este tipo productivo básico fue incorporando mayor complejidad, no obstante en vastas zonas se mantuvieron por la fuerza cultural de las poblaciones (regiones de predominio campesino). En otras comenzaron a surgir lo que se denominó “agricultura familiar” (para diferenciarla de la campesina), que introducían elementos del capitalismo en su dinámica interna pero mantenían el trabajo familiar aun cuando incorporaran trabajo asalariado para algunas tareas; así introducían también capital fijo (tractores y otras maquinarias agrícolas) y mantenían un mayor compromiso con los mercados tanto de consumo como de provisión de insumos. Este tipo agrario aparece en la bibliografía como “campesinado rico”, “farmer” (en la anglosajona) o, en nuestro caso, “colono” o “chacarero”.

Mientras tanto la gran propiedad agraria se imponía a fuerza de expansión territorial y poder político. Algunos de estos últimos sectores fueron más capitalistas que otros, es el caso de nuestro país o Estados Unidos, mientras en otras zonas predominaban los “latifundistas”, sujetos poderosos que asentaban su poder en la sola propiedad improductiva de la tierra. Allí se hablaba de “complejo latifundio-minifundio” (fueron las regiones más afectadas por las reformas agrarias).

Cuando estábamos en presencia de sociedades con un mediano o fuerte desarrollo capitalista con terratenientes y medianos agricultores modernizados, se trató de comprender las razones de la persistencia de la AF. En efecto, durante el siglo XX predominó en muchos países, incluido el nuestro, cierta coexistencia de la AF, que provenía de los procesos de colonización europea (el chacarero “gringo”), con la mediana y gran explotación capitalista así como las grandes agroindustrias. Y tal situación, aquí y en el mundo, fue posible porque tanto los actores de la geopolítica internacional como los Estados nacionales tuvieron tal coexistencia como “política de Estado” por necesidades del capitalismo industrial. Para que esto ocurriera se generó toda una trama institucional con el Estado ubicado como mediador, que hizo posible tal convivencia. Pensemos en las reformas agrarias o en instituciones como la Junta Nacional de Granos, la Junta Nacional de Carnes, en nuestro país.

Muchos estudiosos de la “cuestión agraria” quisieron ahondar en esta coexistencia no acorde con las famosas leyes del desarrollo capitalista y se esbozaron varias teorizaciones que tenían como eje la funcionalidad de la AF (incluida la campesina) a la lógica del tipo de capitalismo imperante. Hubo muchos intentos valiosos de comprensión: los bajos costos de producción (al no poner precio al trabajo familiar) que permitían alimentos baratos para la fuerza de trabajo industrial o la cuestión de la renta agraria, que enunciaba que por ser pequeñas explotaciones sin poder político como clase social (a diferencia del terrateniente), no eran capaces de demandar renta y esto era funcional al desarrollo industrial.

Es paradójico que mientras esto ocurría en el capitalismo, los países socialistas en la órbita de la Unión Soviética, incluida Cuba, desarmaban campesinados y pequeña producción familiar, para promover una economía socialista que valoraba la gran escala de producción con control estatal.

A partir de los años setenta, todo el escenario mundial y las condiciones nacionales para que el capitalismo funcionara de este modo (integrando sectores populares a su lógica de reproducción) cambiaron drásticamente, dando lugar al “capitalismo neoliberal”. Fue el final de las reformas agrarias en América latina, cambios en las políticas agrarias comunitarias (PAC) en Europa y decreto de desregulación económica en 1991 que afectaron básicamente al sector agrario en la Argentina de Menem-Cavallo. A partir de allí y de la entrada de las semillas transgénicas comienza la gran expansión del neoliberalismo en la agricultura, que denominamos “agronegocio”. Este no es un simple cambio de producto, sino toda una lógica productiva que se adecua al primado del capital financiero internacional, con predominio de grandes corporaciones (Monsanto, Syngenta), concentración de tierras y capital, exclusión de pequeños productores y mano de obra en general, orientado a la producción de commodities y al mercado externo.

El “agronegocio” busca expandirse y arrasa con los bosques, el agua, la biodiversidad; promueve el patentamiento de las semillas y todo ser vivo. Persigue básicamente la tierra que ocupó durante el siglo XX la AF, comunidades indígenas. Todo esto está integrado a la lógica del funcionamiento del capital neoliberal en la agricultura, difícil de torcer con las poderosas corporaciones en el país aunque ponerles límites es posible.

Hasta que no se revierta el “agronegocio”, la agricultura familiar, las comunidades indígenas, campesinas, los bosques y las yungas están en peligro, aun con cambios de gobierno. El capitalismo agrario es como el alacrán de la fábula: seguirá invadiendo, matando indígenas, talando bosques aunque se sienten en mesas de diálogos y prometan buena vecindad. Por razones agronómicas, económicas, antropológicas, históricas, la AF no puede coexistir con el agronegocio (ya es un claro proceso en marcha). Por eso, el interrogante es si además de las resistencias sociales y territoriales que se llevan a cabo en todo el mundo es posible una resistencia nacional encabezada por el Estado. Por qué no se debate si esto es posible, lo que se necesitaría para lograrlo y no el discurso de la coexistencia que suena a las famosas tareas de “responsabilidad social” empresarial de las corporaciones para que todo siga igual.

* Socióloga. Titular de Sociología Rural e investigadora del IIGG, UBA.