Por Claudio Scaletta

La Aduana pasó de patito feo a niña mimada. Con el cambio de precios relativos, en especial a partir del establecimiento de retenciones a las exportaciones, pasó a tener un rol preponderante en la estructura recaudatoria. Por la Aduana pasan mercancías por un valor equivalente al 40 por ciento del PBI. Solamente por subfacturación se estiman pérdidas de ingresos fiscales por alrededor de 1500 millones de dólares. Es una política de Estado reducir al mínimo los recursos que por allí se “filtran”. Esta es la tarea de José Sbatella, el nuevo director general de Aduanas. En este diálogo con Cash adelanta algunas de las medidas que implementará el Gobierno para combatir la subfacturación y el contrabando. También lo que encontró al asumir el cargo.
La Aduana es percibida por la mayoría de la población como un ámbito de corrupción. Me refiero a los problemas de subfacturación en las dos vías, tanto de las exportaciones como de las importaciones, así como a los innumerables casos de contrabando.
–Desde antes de ingresar a la Aduana como funcionario, había advertido sobre los problemas que existían en la valoración de las mercancías. En esas estimaciones encontramos una gran diferencia entre los precios internacionales y los que se declaraban en Aduana, una variación que era fácilmente comprobable. Pero lo que es fácil de probar cuando se analizan los números se vuelve más complejo cuando se lo considera desde el punto de vista legal, por el tipo de figuras jurídicas que existen detrás de este esquema. En el proyecto de ley que se está mandando para su aprobación se intenta solucionar este problema. Allí lo que se plantea es que el precio de venta sea el internacional tomado al momento del embarque. Por supuesto esta medida está generando una gran oposición de los sectores económicos ligados a ese negocio, porque fija un precio de venta externo a la operación y no el precio de factura, generalmente menor entre un 5 y un 20 por ciento, y que por la legislación actual la Aduana está obligada a utilizar.
¿Todo el problema se reduce a una simple cuestión de valuación?
–Para decirlo claramente, nosotros encontramos que el contrabando era una constante. Y esto se debe a que existe una desarticulación a propósito del esquema de funcionamiento interno. Esta desarticulación va desde lo jurídico hasta el control de tránsito de las mercancías. Por eso, nuestra primera política fue controlar el área de administración, que comenzó con el desplazamiento de las jefaturas (ver aparte), y la puesta en marcha de un análisis de situación que terminamos en el primer mes.
¿A qué diagnóstico llegaron?
–La primera conclusión fue que existe una desarticulación casi premeditada entre las distintas áreas, desarticulación que empieza en lo jurídico, donde existe una muy variada jurisprudencia que permite interpretaciones igualmente variadas en las distintas regiones y que da lugar a negociaciones que atentan contra la transparencia. A esto se suma que desde 1994, dejaron de hacerse los resúmenes anuales de la legislación vigente.
Detrás de las operaciones de subfacturación existe una factura irregular. ¿Por qué se sigue hablando de elusión cuando podrían caber figuras jurídicas más graves?
–Lo que pasa es que muchas veces esas facturas son de origen extranjero. No importa que el precio sea menor, la factura es verdadera, aunque los números sean falsos.
¿No existen convenios de cooperación aduanera con varios países, entre ellos algunos europeos?
–Sí, pero en los procedimientos de subfacturación el documento básico es la factura. Y para cuestionarla es necesario demostrar su falsedad. La carga de la prueba está invertida sobre el organismo recaudador. Recién a partir de aquí pueden empezarse a ver las valuaciones de precios de bienessemejantes. Todo el esquema de la OMC está destinado a favorecer el tránsito rápido de mercancías. Y si uno mira el Código Aduanero, va a encontrar que está hecho por alguien que quiere que sea difícil parar la mercadería en la frontera. No quiero exagerar, pero parece hecho por contrabandistas de cuello blanco. Implica un entramado de presentación de recursos, contrarrecursos y distintas vías jerárquicas, incluso amparos, que obligan a la Aduana primero a dejar pasar la mercadería para recién después seguir la vía judicial.
Con el problema de la triangulación, especialmente en las exportaciones de cereales, parece pasar lo mismo que con los desarmaderos de autos robados, todos saben cómo se hace y qué empresas intervienen, pero el procedimiento sigue.
–El primer problema sigue siendo la carga de la prueba, pero aquí pesa también la lentitud con que opera el sistema judicial. La creación del fuero penal tributario significará que todo lo de la DGI irá al nuevo fuero, por lo que el penal económico podrá destinar más recursos a los delitos aduaneros. Tendremos casi un fuero especial para el contrabando. Mi preocupación inicial fue relevar las causas más importantes que estaban pendientes, que no son pocas, y esperamos que a partir de agosto haya una aceleración de las resoluciones judiciales. Pero para no quedarnos en lo estrictamente delictivo, definimos también una serie de criterios de protección del mercado interno ligados al esquema del Mercosur. La idea es que quienes operan en la Unión Aduanera sepan que la triangulación se hará más difícil. Un caso conocido es el de las bicicletas que entran de Uruguay, aunque la mayor parte de sus componentes sean brasileños. En un momento en que se apuesta a la sustitución de importaciones, casos como éste pueden ser una desgracia para el productor nacional. Lo que quiero decir es que la Aduana puede ser, además de un ente recaudador, una herramienta de política industrial, así como de facilitación de las exportaciones.
Usted habló de un Plan Antievasión específico para la Aduana, ¿puede adelantar alguna de sus medidas?
– El proyecto lo vamos a anunciar junto con el titular de la AFIP, pero se basa en reasignarle a la Aduana el lugar jerárquico que le corresponde dentro de la AFIP, con más personal capacitado y con más recursos de infraestructura. Estamos pensando en un esquema que complemente al de la DGI. En el tema subfacturación esperamos que se apruebe una legislación que permita tomar como precio de venta el valor de mercado y no el de la factura. En cuanto a los reintegros, no podrán cobrarlos quienes tengan deudas con la AFIP.
¿Y respecto del contrabando?
–En el tema contrabando es indispensable trabajar en conjunto con la DGI, porque detrás hay un negocio impositivo. Este seguimiento ya lo estamos haciendo, por ejemplo, con los importadores de juguetes y de bicicletas. También empezaremos con algunas soluciones sencillas. Si bien algunas requieren cierta tecnología, como las exportaciones por ductos, hay otras más simples, como el control de pesos. Las balanzas tienen que funcionar.
¿Las balanzas no funcionan?
–No sólo nos encontramos que muchas no funcionan sino que no existe ningún control del resultado de ese pesaje. Algo así como el tiquet que le ponen en el supermercado. Se imagina que esto supone un amplio espacio para la discrecionalidad del funcionario, por llamarlo de alguna manera. Es él quien tiene que escribir cuánto pesó. Ya tenemos un programa con el INTI para solucionar este problema. Otro punto es el calado de los barcos. Una simple foto puede mostrar cuan hundidos están y de esa manera determinar el tonelaje de carga según la embarcación.
¿Las cerealeras están en la mira?
–Ahí tenemos el problema de precios y el de cantidades. Las dos cosas, la valuación y las balanzas. Y no sólo las balanzas. Le pongo un ejemplo. Muchas puertos están privatizadas y son los privados los que realizan elpesaje. No puede ser que el poder de policía del Estado se haya perdido dentro de las terminales portuarias. En síntesis, aquí existen cuestiones que si no se viesen en conjunto parecerían errores de administración. Pero cuando la desarticulación es tan grande uno comienza a sospechar.