Por Natalia Aruguete

En el marco de la revisión de los contratos de las privatizadas, el Gobierno puso en la mira la concesión de Correo Argentino, que forma parte del grupo de Francisco Macri. Casi en forma simultánea, el empresario declaró a La Nación su “jubilación” en un año y la venta de sus compañías. De revisarse ese contrato, los incumplimientos acumulados serían causales suficientes como para rescindir el contrato, según documentación oficial. Los principales fundamentos de rescisión fueron volcadas en un informe elaborado por la Auditoría General de la Nación (AGN), en mayo del 2002. La Resolución expresa que el concesionario no abonó el canon debido dentro del plazo de 15 días de haber sido intimado; que se decretó el concurso de acreedores y que fue intimado ante incumplimientos graves de obligaciones a su cargo sin dar cumplimiento dentro de los 60 días dispuestos.
Basándose en esos antecedentes, la AGN recomendó ejecutar la garantía constituida, de 50 millones de pesos y dar por resuelto el contrato de concesión o requerir la constitución de un nuevo aval a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones futuras.
Pese a la existencia de dicho informe, el gobierno de Eduardo Duhalde dictó tres medidas entre abril y septiembre, que salvaron a la empresa de perder la concesión. La primera apartó a Correo Argentino de la órbita de la Comisión Renegociadora creada por la Ley de Emergencia Económica y sus decretos reglamentarios; la segunda estableció la conformación de una comisión ad hoc “a fin de permitir su adecuación a los parámetros vigentes, de preservar intangible la ecuación económico-financiera y de garantizar el interés general”; y la tercera exceptuó a la empresa de perder la concesión del servicio ante la declaración en convocatoria de acreedores. La firma postal se había presentado en concurso el 19 de septiembre de 2001.
A pocos días de la firma del Decreto 1834/02 (la declaración en convocatoria de una empresa privatizada no implicará que la misma pierda la concesión del servicio), la Procuración del Tesoro de la Nación comunicó al Poder Ejecutivo la existencia de una medida cautelar, dictada en el marco de la causa “Delito de Acción pública”, y dispuso “que el Jefe de Gabinete se abstenga de suscribir cualquier instrumento que altere los términos originales del contrato”. La causa a la que aludía la Procuración se originó en una denuncia periodística sobre una deuda de 300 millones de pesos en concepto de canon y otra del diputado nacional Miguel Bonino por defraudación en perjuicio de la Administración Pública, contra la empresa del grupo Macri.
La administración Duhalde no sólo hizo caso omiso de las recomendaciones de la AGN, tampoco revisó la ilegal dolarización de las tarifas -advertida por la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC)– para la correspondencia enviada al exterior, ni el incremento de alrededor del 750 por ciento del servicio de casilla de correo que, en muchas áreas del interior del país, es prestado en forma exclusiva por Correo Argentino. En abril de ese año, la CNC intimó a la empresa a reducir las tarifas internacionales. La iniciativa fue recusada por la concesionaria, que continúa cobrando los valores fijados en noviembre de 2002, sin autorización previa.
La decisión unilateral de no pagar el canon, a partir de marzo de 2000, no fue causa de la debacle post-devaluación. Surgió del deficitario desempeño económico de la empresa, desde el comienzo de la concesión. Las pérdidas, que el primer año fueron del 9 por ciento de la facturación total, llegaron en 1999 y 2000 a más de la mitad del patrimonio de la empresa. La ley de Sociedades Comerciales –modificada al año pasado– establecía que la sociedad se disuelve cuando la pérdida del capital social alcanza el 50 por ciento del capital.
Por su parte, la firma argumenta que su decisión respecto del canon resulta de los incumplimientos del propio Estado, que giran en torno a lano exclusividad en la emisión y venta de sellos postales y la prestación de servicios telegráficos por parte de otras compañías. Además, cuestiona la existencia de casi 80 entidades sindicales y reclama su unificación, argumentando que muchos de los restantes prestatarios privados pagan remuneraciones por debajo de las de convenio y cuentan con trabajadores “en negro”. En una entrevista en el Cash del 29 de junio pasado, el presidente de Correo Argentino, Raúl Casa, argumentó que “el sector postal es un caos que se evidencia en la existencia de 900 prestadores postales ilegales que manejan el 20 por ciento de la facturación del sector. Además, el Gobierno se comprometió a equiparar el nivel salarial de los empleados del correo oficial con el de los trabajadores del resto de los prestadores, pero tampoco lo hizo”. Aunque varios juristas consideran que los reclamos empresarios no tienen asidero normativo, el gobierno de Fernando de la Rúa reconoció mediante una resolución del Ministerio de Infraestructura, que hubo falencias en la desregulación de los servicios postales y que el régimen vigente “no contiene normas que fomenten la calidad ni la inversión en la actividad”.