[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

Las promesas de campaña se multiplican. El candidato Mauricio Macri prometió que, si lo eligen presidente, el 11 de diciembre desaparecen las restricciones a la compra de dólares. En esa línea, el diputado del Frente Renovador Sergio Massa afirmó que en cien días desarticulará los controles cambiarios. También sostuvo que suprimirá el Impuesto a las Ganancias a los trabajadores. La pregunta es: ¿cómo se financiará el gasto social ante esa poda de ingresos fiscales? La respuesta del ex intendente de Tigre es la búsqueda de recursos alternativos. “¿Por qué no se grava el juego?”, ejemplificó Massa. El secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, lo repitió.

Lo cierto es que la supuesta exención de las ganancias derivadas del juego es uno de los tantos mitos repetidos. Los beneficios obtenidos por casinos, bingos y casas de juego están alcanzados por ese impuesto. La exención está limitada a los ganadores de los concursos existentes (lotería, Quini 6, Prode). La justificación de esa franquicia fiscal radica en que los beneficiarios tienen que pagar otro impuesto (a los Premios de Determinados Juegos y Concursos Deportivos). La base imponible del tributo es el noventa por ciento del importe total. Sobre ese valor se aplica la alícuota del treinta por ciento. Es decir, el ganador de 1.000.000 de pesos termina desembolsando 270.000 pesos en concepto de impuesto.

Este breve repaso revela la inconsistencia de algunos discursos alrededor del juego. Lo antedicho no implica desdeñar la importancia de que se debatan otras cuestiones. Por ejemplo, la posibilidad de que el Estado capture mayor porción de los beneficios vía incremento de la presión fiscal total (impuestos nacionales, provinciales y/o cánones) o su estatización.

Los límites a la expansión desmedida del juego son otro debate ausente. A comienzos del siglo XX, la izquierda local, los conservadores y la Iglesia coincidían en la necesidad de prevenir sus efectos adictivos. El 22 de julio de 1902, el senador Carlos Pellegrini defendió el proyecto de ley que prohibía los juegos de azar en la Capital Federal. El dirigente conservador decía que el juego era “un vicio que tiene consecuencias funestas para el hombre y para la familia” y reclamaba suprimir “la incitación al vicio” expresada “por medio de avisos, carteles o de otro medio de publicidad”, de la que eran víctimas “las clases más fáciles de seducir: el pueblo trabajador, los menores de edad”. El 3 de marzo de 1927, el periódico socialista La Vanguardia cuestionaba la concesión de permisos a los casinos denunciando que la expansión de “la plaga del juego” solamente servía para aportar recursos al “fondo electoral del yrigoyenismo”.

Como es sabido, las políticas represivas no hicieron más que multiplicar las apuestas ilegales. El eje del debate ya no pasa por su prohibición, como era a comienzos del siglo pasado, sino por la conveniencia de establecer ciertos límites.

El fabuloso negocio del juego es un fenómeno global. El CEO de Las Vegas Sands Corporation (propietario de casinos en Las Vegas, Macao y Singapur), Sheldon Adelson, es el primer donante individual del Partido Republicano.

Los argentinos apostaron 105.600 millones de pesos en bingos, casinos y billetes de lotería en 2013, según informan Ramón Indart y Federico Poore en el libro El poder del juego. Por su parte, Mariana Garber, en La trampa del juego, sostiene que “en la Argentina hay más de 500 casinos. La provincia de Buenos Aires tiene 21.870 máquinas tragamonedas, 6031 la Ciudad de Buenos Aires y 1246 una provincia como Tierra del Fuego, de tan sólo 127.000 habitantes. Las principales fuentes de ingresos del sector son las máquinas tragamonedas, de ahí viene gran parte del dinero que moviliza en el juego en la Argentina: de cientos de miles de habitantes del conurbano, de ingresos medios a bajos”.

“¿No será que el juego es una actividad de la que el Estado puede recaudar sin ‘costo político’ siendo que en la Argentina parece entrarse en zona de turbulencias cuando el Estado quiere recaudar de las actividades económicas a las que les va extraordinariamente bien (soja), a lujosos emprendimientos inmobiliarios o a la crema de los asalariados (Impuesto a las Ganancias)”, se pregunta el sociólogo Nicolás Tereschuk en su post “El Juego del poder” publicado en el blog Artepolítica.

[email protected]

@diegorubinzal