El Plan Energético Nacional 2004-2019 tuvo como objetivo subsanar la crisis energética surgida desde 1976 devastada por la imposición de un modelo neoliberal basado específicamente en la desinversión, desregulación y privatizaciones de las empresas nacionales (eléctrica y gasífera). Por lo tanto resulta necesario superar la visión comercial de los servicios públicos instaurada por esta política económica. Frente a ese paradigma, el Estado nacional realiza acciones tendientes al resguardo de la vida, la salud y el patrimonio de los sectores de la población más humildes. Estos están desprovistos de un acceso seguro al servicio público de electricidad en zonas donde las empresas de distribución de energía eléctrica no tienen obligación de desarrollar y atender el tendido de redes de distribución, ni la obligación de realizar obras complementarias para velar por la seguridad de los usuarios del servicio.

El surgimiento del Plan fue con el propósito de revertir años de ausencia de planificación e inversiones en el mercado ampliado de la energía, contemplando la integración Energética Federal de Argentina. Nació con especial énfasis en las regiones más postergadas, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes, generando inversión en infraestructura para recuperar el empleo y la industria nacional. También para desarrollar la actividad económica de todas las economías regionales y que ninguna provincia quede excluida. Se revirtió así el supuesto federalismo de los noventa que desconectaba eléctricamente a casi la mitad de las provincias.

En este sentido, el Estado nacional financiará obras de distribución eléctrica en las provincias. Estas permitirán dar confiabilidad al sistema y a mejorar la calidad de vida de los usuarios, así como la competitividad industrial. En línea con la política de integración, inversión e inclusión energética, se creó el Programa de Convergencia de Tarifas Eléctricas y Reafirmación del Federalismo Eléctrico materializado a través de un acuerdo firmado entre nación y provincia.

El Plan Energético Nacional fue concebido para estar al servicio del proceso de reindustrialización, manteniendo ventajas competitivas, con el objeto de mejorar significativamente la calidad de vida de los argentinos. El federalismo verdadero, en este caso energético, se puso en marcha con este Plan. Para ello fue necesaria la formulación y ejecución de importantes obras de ampliación del Sistema Argentino de Interconexión (Sadi) de energía eléctrica y del Sistema Nacional de Transporte de gas natural. También la construcción de centrales eléctricas y el aumento de potencia en algunas de las existentes. El relanzamiento del Plan Nuclear y del Programa Nacional de Obras Hidroeléctricas. La creación de la empresa pública Enarsa y su participación clave en los segmentos de generación de energía y de transporte de gas natural, así como también su aporte en la diversificación de la matriz energética con la introducción de formas renovables de energía mediante la ejecución del Programa Genren (Generación de Energías Renovables).

Durante los últimos diez años el Estado nacional tomo el rol activo y primordial para ser gestor de inversiones por aproximadamente 95.000 millones de pesos en obras energéticas (ya concluidas). De ese total, alrededor del 78 por ciento correspondieron a inversiones públicas, y el resto a inversiones mixtas y privadas. Se encuentra un monto de inversión similar en obras que se hallan en ejecución y próximas a ejecutar. Cuando el Estado se lo propone puede ser más eficiente que el sector privado.

Entre los principales hitos del Plan Energético vigente desde 2004 se destacan:

- la incorporación de 9634 MW de potencia instalada en el parque de generación de energía;

- alrededor de 5810 km de nuevas líneas eléctricas de alta y de extra alta tensión que interconectaron todo el país;

- 2790 km de nuevos gasoductos troncales;

- 292.000 HP adicionales en plantas compresoras.

En lo concerniente a los resultados obtenidos por esas inversiones sobresale:

- 3,7 millones de hogares que se sumaron al servicio público de electricidad;

- 320.000 nuevos medidores comerciales e industriales conectados a la red eléctrica;

- 70.000 nuevos medidores rurales y de riego;

- 2,1 millones de hogares que se sumaron al servicio público de gas natural por redes;

- 120.000 nuevos medidores comerciales e industriales conectados a la red de gas.

El Estado nacional ha impulsado diversas políticas económicas y sociales con el fin de llevar adelante el modelo de desarrollo económico con inclusión social. La redistribución del ingreso se ha traducido en una sostenida mejora en la economía, en la creación de empleo y en la reducción de la pobreza y de la desigualdad social.

Con el Plan Nacional de Convergencia Eléctrica se desarrollara el Programa Inclusión Eléctrica Nacional, continuando con los objetivos de ejecutar de obras que permitan lograr el suministro de energía eléctrica en condiciones seguras en los asentamientos poblacionales ubicados en las áreas de concesión del servicio público de distribución de energía eléctrica de jurisdicción nacional, provincial y municipal, facilitando la creación de puestos de trabajo, la reinserción ocupacional y la realización de experiencias de formación y/o prácticas de trabajo.

Esta nueva concepción demuestra que el Estado nacional tiene la capacidad de administrar activos estratégicos con transparencia, eficiencia y con resultados positivos tanto en las utilidades como en las estratégicas inversiones llevando adelante la implementación de obras de infraestructuras, estabilización y convergencia de las tarifas eléctricas con una visión federal e integradora en todo el territorio nacional. Esto redundará en la mejora de la calidad de vida de los habitantes, el desarrollo de la actividad económica y la generación de la infraestructura para mantener el empleo y la industria nacional promoviendo y adoptando políticas públicas que permitirán mejorar la calidad de vida de las familias en situación de vulnerabilidad social. Dentro de este proceso de adopción de políticas públicas, la energía eléctrica es entendida como un bien esencial para el desarrollo social y regional, por lo que resulta necesario asegurar el acceso al suministro en condiciones de seguridad adecuadas para todos los usuarios.

* Mgter. Administración pública, posgrados Gestión y Control de Políticas Públicas, Desarrollo Local y Economía Social (Flacso).