La reciente visita del embajador norteamericano a tierras cordobesas no pasó desapercibida. El diplomático, Noah Mamet, mantuvo múltiples reuniones con funcionarios provinciales, rectores universitarios, foros empresariales, integrantes de la Cámara del Comercio de los Estados Unidos de América en la Argentina (AmCham) y ex becarios del Departamento de Estado. En ese marco, las declaraciones de la agregada comercial de la Embajada fueron ampliamente difundidas por los medios de información nacionales. La funcionaria, Yamilee Bastien, afirmó que las limitaciones cambiarias constituyen “un obstáculo” para la radicación de nuevas inversiones norteamericanas. La respuesta oficial no tardó en llegar. El ministro de Economía, Axel Kicillof, sostuvo que “cuando le preguntan por el cepo a la funcionaria estadounidense, la señora no sabe ni de qué están hablando. Que una funcionaria norteamericana, a la que alojamos, opine sobre nuestra economía me parece un acto ofensivo”.

El intervencionismo norteamericano tiene una larga tradición que se remonta a la Doctrina Monroe. El presidente James Monroe enunció en 1823 la célebre consigna “América para los americanos”. Esa fórmula era presentada como una condena al imperialismo europeo. En la práctica, el “panamericanismo” fue utilizado como herramienta de control norteamericano sobre el “patio trasero”. Así, los Estados Unidos robaron más de la mitad de territorio mexicano (entre 1846 y 1848), pusieron bajo su tutela a Cuba y Puerto Rico (1898), asumieron el control del canal de Panamá (1903) e invadieron Cuba, República Dominicana, Haití, Granada y Panamá.

En Argentina, la intromisión del embajador norteamericano Spruille Braden adquirió ribetes notables. La generosa financiación de acciones desestabilizadoras contra los gobiernos de Salvador Allende y el sandinismo nicaragüense, pueden agregarse al listado. El consejero de Seguridad Nacional norteamericano Henry Kissinger llegó a decirle al embajador chileno en Washington, Orlando Letelier, que “Chile no tiene ningún valor estratégico. Nosotros podemos recibir cobre de Perú, Zambia, Canadá. Ustedes no tienen nada que sea decisivo. Pero si hacen ese proyecto de camino al socialismo del que habla Allende, vamos a tener problemas serios en Francia e Italia, donde hay socialistas y comunistas divididos, que con este ejemplo podrían unirse. Y eso afecta sustancialmente el interés de Estados Unidos. No vamos a permitir que tengan éxito. Tengan eso en cuenta”.

El capítulo siguiente sería el franco apoyo, con la noble excepción del presidente James Carter, a las dictaduras regionales. Los cursos dictados en la sede panameña de la Escuela de las Américas, y otras academias militares de Estados Unidos, inocularon la infame “doctrina de la seguridad nacional” en los militares latinoamericanos.

El contenido de los memorandos de “estrategia de seguridad nacional”, elaborados en 2005 y 2010, revelan que América latina continúa siendo una zona prioritaria para Estados Unidos. El control militar territorial (bases instaladas en Colombia) y aseguramiento de fuentes de aprovisionamiento energético (petróleo venezolano), figuran al tope de las preocupaciones norteamericanas. En ese sentido, las filtraciones de Wikileaks demuestran que el gobierno de Estados Unidos financia a la oposición venezolana desde el ascenso del chavismo al poder. Los documentos diplomáticos avalan la idea de que las conspiraciones, a diferencia de las brujas, existen.

El profesor titular de la Universidad Grenoble-Alpes, Franck Gaudichaud, sostiene en “América latina y la ‘mano negra de Washington’. El peso de la historia” (Le Monde Diplomatique. Edición 192) que “los expertos del Pentágono siguen pensado a la región según los preceptos establecidos por Nicholas Spykman en 1942: por un lado, una zona de influencia directa que integra a México, el Mar Caribe y América Central; por el otro, los grandes estados de América del Sur (en particular, Brasil, Chile y Argentina), cuya unión conviene impedir”. El impulso de la Alianza para el Pacífico y tratados de libre comercio bilaterales son instrumentos de esa estrategia divisionista.

El “intervencionismo” norteamericano utiliza renovados ropajes tales como, por ejemplo, organizaciones no gubernamentales (ONG) financiadas por instituciones públicas y/o privadas. Por caso, el Centro para la Apertura y Desarrollo de América Latina (Cadal) “recibe su mayor porcentaje de dinero, para sus acciones, de mano de las sucursales de la CIA para la región: Atlas Economic Research Foundation, con sede en Washington, el Instituto Timbro de Suecia, la filial argentina de la Konrad Adenauer Stiftung, la Fundación Panamericana para el Desarrollo (Fupad), la United Stated Agency for Internacional Development (Usaid), la Nacional Endowment For Democracy y el Directorio Democrático Cubano con sede en Miami”, sostiene Martha Lidia Ferreira en La CIA en Sudamérica disfrazada de ONG: desde Argentina, Cadal al servicio de inteligencia USA.

Los documentos de Cadal objetan “la creciente tendencia a favor del Estado intervencionista y empresario”, “el abuso de poder gubernamental”, “el crecimiento del empleo público en la Argentina K” y “el modelo político y económico radicalmente populista”. Esa ONG, cuya sede central está en Buenos Aires, también concentra sus críticas contra la política exterior argentina y los gobiernos de Cuba, Venezuela, Ecuador, Nicaragua y Bolivia.

Por su parte, la Fundación Vital Voices Global Partnership es financiada por el Departamento de Estado y la Fundación Paul Singer, entre otras instituciones y empresas norteamericanas. La diputada nacional del PRO Laura Alonso fue cofundadora de la filial local. En su cuenta de Twitter, la legisladora aclaró que “es una fundación que no presido...soy miembro ad honorem del board”. Los vínculos fueron revelados luego de que Alonso defendiera el cumplimiento a rajatabla de la sentencia del juez Griesa favorable a los “fondos buitre”.

“La lucha contra los gobiernos latinoamericanos considerados en el Norte como ‘populistas’ ahora descansa principalmente en el poder de influencia, el soft power: el ‘trabajo’ de las opiniones públicas mediante los medios de comunicación privados, pero también el desarrollo de una red de organizaciones no gubernamentales y fundaciones que reciben varias decenas de millones de dólares por año para ‘apoyar la democracia’ inspirándose en el modelo de las ‘revoluciones de color’ de Europa del Este”, concluye Gaudichaud.

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