Alvaro Alsogaray fue uno de los principales intelectuales orgánicos del neoliberalismo en Argentina. Se inspiró principalmente en las ideas de Ludwig Erhard y fue miembro de la Sociedad Mont Pelerin, fundada en torno de la figura de Friedrich A. Hayek. Tanto la corriente austríaca como la neoclásica, aun con sus diferencias metodológicas y de concepción, confluyeron en esta Sociedad cuando Hayek convocó, en 1947, a 36 intelectuales en la localidad de Mont Pelerin, en Suiza. A pesar de las diferencias, coincidían en la fuerte crítica a la escuela clásica, cuestionaban la categoría de clase y reivindicaban un análisis individualista central que se convertiría en el epicentro del pensamiento neoliberal. Según su visión, la economía no debía pensarse a partir de grandes sujetos colectivos, sino desde los individuos. En este sentido atacaban duramente el avance de la intervención del Estado y acordaban en torno del peligro que esto significaba para la “libertad”, que asociaban a la propiedad privada y al libre mercado.

Estas ideas fueron “predicadas en el desierto” durante los años en que el pensamiento keynesiano se erigía como la corriente hegemónica hasta que, en el marco de la crisis caracterizada por la estanflación en los grandes centros mundiales durante los años ’70, se produjo un cambio en el peso relativo de las corrientes. En los años ’80 el neoliberalismo tuvo una expansión muy significativa avanzando en el desmantelamiento del Estado de Bienestar de posguerra y, en el caso de América latina, una profundización muy fuerte durante la década del ’90.

En el marco de la campaña electoral de 1989 en Argentina, el ingeniero Alsogaray, que se postulaba como candidato por el Acuerdo Centro-Liberal, escribió un texto llamado “Bases liberales para un programa de gobierno (1989-1995)” donde enunciaba las principales políticas que, según él, debían ser implementadas por el próximo gobierno:

1. “Supresión de los déficit y de la emisión espuria de moneda.” Dicha supresión “debe buscarse por vía de reducir las erogaciones y no de aumentar las exacciones que se practican sobre el sector privado”. El ajuste se haría sobre los sectores asalariados.

2. “Transferencia al sector privado de todas las actividades y empresas comerciales, industriales y de prestación de servicios que hoy están indebidamente en manos del Estado y resulten transferibles.”

3. “Desregulación de todas las actividades económicas.”

4. “Liberar todos los mercados internos, incluso el de cambios”.

5. “Reforma del sistema bancario y financiero.” “Las tasas de interés se formarán libremente en el mercado. La banca oficial, que será reducida al mínimo posible deberá trabajar en libre competencia con la banca privada”.

6. “Reforma del régimen impositivo.” Dicha reforma, lejos de ser progresiva instaba a “eximir de pago del Impuesto a las Ganancias y correlativos a las inversiones que se realicen en el país” y a “desgravar totalmente las inversiones provenientes del exterior, tanto de argentinos como de extranjeros”.

7. “Reforma de leyes sindicales.” “La Argentina no podrá nunca competir en el exterior si tales leyes significan a sus empresarios un sobrecosto que nadie estará dispuesto en el extranjero a pagar por nuestra cuenta”. Aquí, Alsogaray planteaba generar competitividad en la economía argentina sobre la base de la reducción de salarios.

8. “Reforma del régimen previsional social.” Proponía un sistema generalizado privado que se hiciese cargo de las jubilaciones, similar a lo que fueron las AFJP durante los ’90.

9. Finalmente, impulsaba la “Reforma del Estado”, la “seguridad personal y la disciplina social” y la inserción de la economía argentina en la economía mundial mediante la apertura total de la misma.

Huelga mencionar la exactitud con que se cumplieron todos estos postulados durante el gobierno menemista, del que Alsogaray terminó siendo uno de sus intelectuales orgánicos, y cómo terminó esa experiencia en el año 2001.

De lo que se trataba entonces, para los sectores dominantes de la Argentina, era de terminar de liquidar el sistema socioeconómico implantado por el peronismo, al que Alsogaray denominaba el “sistema dirigista-inflacionario”. Pero el problema que se presentaba para estos sectores era el de la imposibilidad de aplicar semejante plan económico, tan adverso al conjunto de la población, sin que generara una feroz resistencia de los trabajadores e, incluso, de las capas medias.

Alsogaray lo tenía muy claro en el año ’89: había que aprovechar las condiciones de crisis terminal del último tramo del gobierno de Alfonsín que, principalmente por la hiperinflación (el año ‘89 cerró con 3079 por ciento de inflación), generaba las condiciones propicias para aplicar las políticas que impulsaba.

A su vez, para la implantación del plan, proponía la táctica del shock, en contraposición al gradualismo, al afirmar que: “Fundamentalmente, éste no puede aplicarse a medias o gradualmente. Es una cuestión de todo o nada. Si no se está dispuesto a proceder en esta forma es mejor no comprometerse a aplicarlo. Lo único que se conseguiría es una nueva frustración que desprestigiaría por largo tiempo las ideas”.

Así, su plan económico constaba de dos programas, separados pero interdependientes, que contenían todos los puntos ya mencionados: a) Por un lado, un programa de saneamiento monetario y financiero que asegurara la estabilidad monetaria y la erradicación definitiva de la inflación y b) por otro, un programa de reformas estructurales para el logro de los objetivos del proyecto político de orden superior. Lo explicaba de la siguiente manera en el documento: “La simultaneidad de ambos programas es esencial. El primero actúa sobre las expectativas, y además de sus fines permanentes sirve para crear las condiciones que permitan realizar las reformas estructurales necesarias, que requieren más tiempo”. Además, consciente de la impopularidad del plan, alertaba sobre la necesidad de “prever las resistencias que habrán de encontrarse y las estrategias para neutralizarlas”.

Estaba anunciando definitivamente lo que vendría en la década del ’90. La convertibilidad funcionaría como el primer punto del programa enunciado: generar el efecto de confianza necesario para otorgar legitimidad al plan de reformas estructurales que en otro momento histórico hubiera sido imposible de aplicar.

En este año electoral se juegan las mismas cuestiones, aunque las condiciones socioeconómicas son diametralmente opuestas a las de entonces. Desde el establishment económico y mediático se enuncia reiteradamente la necesidad del ajuste, la eliminación de las llamadas retenciones, la liberalización total del mercado cambiario, la eliminación de las paritarias para bajar los costos laborales de las empresas, la liberalización del comercio, la especialización de la economía en sectores con ventajas comparativas estáticas y una menor intervención del Estado en las relaciones económicas. Nada nuevo.

El titular de la UIA, Héctor Méndez, pidió eliminar las discusiones paritarias mientras que en el encuentro del CicyP (Consejo Interamericano de Comercio y Producción), José Luis Espert, que llama “populismo industrial” a lo que Alsogaray llamaba “dirigismo inflacionario”, afirmó que el país debe vivir del libre comercio y con un Estado pequeño. Por su parte, Miguel Angel Broda se animó a pedir un equipo de 200 asesores económicos como supo tener el ex ministro de economía Domingo Cavallo para hacer el ajuste mediante un shock, y Carlos Melconian se quejó de que no haya diálogo con los fondos buitre.

El problema que existe hoy para el neoliberalismo argentino es la ausencia de las condiciones económico-sociales que podrían habilitar una aceptación mayoritaria de políticas de ajuste y transferencia de ingresos de los asalariados hacia el capital. Para su realización no alcanza con un cambio de gobierno, ni aun de signo político, si las mayorías perciben los derechos conquistados en los últimos años como un piso del cual solo queda subir. Sin embargo, y aunque muchas de estas declaraciones puedan sonar anacrónicas y hasta surrealistas, el análisis de los hechos históricos debe llamar a la reflexión sobre las posibilidades, siempre latentes, de un cambio en la correlación de fuerzas que habilite el retroceso en los derechos que hoy parecen consolidados.

* CEPA.