Desde que asumieron los gobiernos del Frente para la Victoria, liderados de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, tuvieron una orientación marcada a favor de la producción nacional, el empleo y la distribución de ingresos. Sus políticas de largo plazo fueron configuradas en un sentido opuesto a los gobiernos democráticos que los precedieron, cuyo enfoque fue siempre más apegado a los ajustes, liberalización de los mercados y fuerte presión sobre los ingresos para restituir las ganancias empresarias antes que los ingresos reales de los sectores de ingresos fijos.

El escenario mundial favorable para Latinoamérica quedó atrás y se consolida un panorama muy difícil para crecer. Ante eso, el Gobierno viene concentrando sus políticas en fortalecer la actividad interna. El foco principal se concentra en una intensa redistribución de ingresos en beneficio de los jubilados, pensionados, de un amplio grupo de trabajadores asalariados –formales y no formales– y de quienes reciben distintos planes sociales. Estas políticas expansivas enfrentan la presión de ajuste del gasto público y de la liberalización económica de grupos de poder desinteresados en el desarrollo social y productivo. Sin importar si la economía crece o no con las actuales políticas, estos sectores ven afectados sus intereses y rechazan el pago de una creciente masa de impuestos y las restricciones que enfrentan para dolarizar su excedente económico.

La combinación de las políticas monetarias, cambiarias y de seguimiento de precios, adoptadas en los últimos meses, y la brusca baja de los commodities descomprimieron con éxito la presión inflacionaria en el último año. A su vez, las medidas de promoción de la actividad confluyen en una dinamización del consumo. Entre ellas se destacan Ahora 12, SUBEbeneficio, Procrear, la tarjeta Argenta y regulación del crédito por parte de Anses, la decisión política de ampliar la cobertura previsional y de subir la Asignación Universal por Hijo, más las mejoras de los haberes derivadas de la Ley de Movilidad Jubilatoria y el apoyo del sector público en las negociaciones salariales. Los ingresos incrementales reales volcados a la economía de los sectores con ingresos fijos alcanzarán los 99.199 millones de pesos. Esta masa de recursos se destinará fundamente al consumo de bienes salario, productos y servicios de la canasta básica y otros componentes que garantizan una mejor calidad de vida de los sectores populares.

La inyección monetaria provocará consecuentemente un crecimiento neto del consumo en torno al 6 por ciento en 2015, dado que el ritmo de los aumentos salariales y de haberes supera en todos los casos a la inflación, incluso tal como la entiende las mediciones más álgidas.

El 2015 comenzó con un nivel de inflación en torno del 1,5 por ciento mensual. En un escenario de mantenimiento de los rangos actuales de inflación o incluso considerando una tenue suba, en línea con el ritmo de incrementos generales de precios de fines de 2013 (meses anteriores a la devaluación de 2014), el año debería cerrar con una inflación por debajo del 23 por ciento. Ese nivel previsto es muy inferior a los porcentajes de acuerdos de aumentos de salarios en paritarias. Si bien la pauta general estuvo en torno del 27 por ciento, los incrementos efectivos se acercaron al 30 por ciento, considerando, por ejemplo, adicionales no remunerativos de cada convenio. En consecuencia, el poder adquisitivo de los trabajadores sindicalizados (los ingresos de este sector representan alrededor del 44 por ciento del total de la masa salarial) aumentará en términos reales, al menos, un 3 por ciento a nivel interanual.

El grupo poblacional de ingresos fijos que más se beneficiará este año con las subas será el de los jubilados y los pensionados. Ya lejos de un pasado de políticas neoliberales de exclusión y crónico deterioro de su nivel de vida, la clase pasiva tendrá en 2015 una fuerte suba de su poder de compra. Los dos ajustes automáticos anuales de 18,3 por ciento en marzo pasado y de 12,5 por ciento desde septiembre próximo implicarán una mejora del poder adquisitivo real superior al 7 por ciento en 2015.

Con la última moratoria previsional, la cantidad de jubilados y pensionados en el país asciende a ocho millones de personas, de las cuales cerca del 80 por ciento poseen un ingreso en torno a los 5000 pesos; por consiguiente, poseen una altísima propensión a consumir o, dicho de otro modo, tienen una escasa capacidad de ahorro. Es precisamente en estos sectores sociales donde el efecto dinamizador del mayor gasto público sobre la economía es más potente en términos de estímulo a la actividad productiva y de redistribución del ingreso.

Desde ya, es sabido, esos haberes no pueden satisfacer todas sus necesidades, pero en una economía abierta al comercio internacional, ampliamente concentrada y extranjerizada como la nuestra, la distribución de ingresos que significan las políticas activas presentes generan muy fuertes tensiones con grupos de poder conservadores que dificultan el éxito de un esquema más equitativo. La transferencia de recursos que significan las políticas actuales no sólo se debe medir por el alto grado de cobertura previsional de la economía nacional, sino especialmente en relación a los montos involucrados respecto a otros países.

En un contexto de final de mandato, CFK muestra que las políticas redistributivas son un componente vivo del programa de gobierno, bien distanciado de los objetivos de ajuste y garantía de sostenimiento de los intereses de los sectores privilegiados.

Los aumentos de ingresos por encima de la inflación, incluso respecto a las mediciones privadas más altas, hace muy transparente que los salarios, la inversión social en subsidios, el pago a los jubilados o las transferencias son un componente central de la base política del gobierno para fortalecer el mercado interno ante coyunturas externas adversas.

CFK terminará su mandato con una gran transferencia de ingresos en favor de los sectores populares como pocas veces en la historia reciente hayamos visto. En democracia, pese a las diferentes experiencias vividas desde 1983, no hubo un solo gobierno que haya tenido una oferta de logros hacia los sectores más postergados como el que en este caso estamos analizando. El crecimiento de salarios reales y compensaciones por la puja sectorial en la distribución de ingresos han sido objetivos de política pública fundamentales en el modelo de gestión del Estado que identifica al gobierno en lo relacionado con el costado más puro de la equidad y la justicia social.

Probablemente el debate duro en el futuro será el de sostener o desmontar el esquema distributivo que caracterizó al revivir de las capas medias. Una diferente relación Estado y Mercado fue distintiva en los conflictos entre gobierno y oposición, y la perdurabilidad de derechos sociales que se desprendieron del interior de los recursos presupuestarios para protección social, incluyendo a quienes habían perdido ingresos por falta de empleo o por cambios en los precios relativos.

Finalizará 2015 con un crecimiento del empleo, el consumo y la producción, traccionado por la férrea decisión política, vigente desde 2003, de conducir la economía con la gente adentro. Es nuevo, es reciente, y para un amplio sector de los argentinos es el modelo que vino para quedarse.

* Economista, ex director del Banco Central.

@arnaldobocco

** Economista de la Sociedad Internacional para el Desarrollo.

@marianokestel

(Agradecemos la colaboración de Juan M. Bocco en el procesamiento de datos.)