CASH En Gran Bretaña

Desde Londres

El estallido financiero de 2008, las multas pagadas a Estados Unidos por ayudar a la evasión fiscal y las denuncias de “whistleblowers” como Hervé Falciani y Rudolf Elmer han colocado al secreto bancario suizo en el banquillo. En 2013, unos 100 bancos suizos ofrecieron su “cooperación total” a la Justicia estadounidense a fin de retener la licencia para operar en el país. Un año más tarde, la segunda entidad financiera helvética (Credit Suisse) pagó 2600 millones de dólares de multa por ayudar a la evasión fiscal de estadounidenses. Cada anuncio fue saludado con titulares a nivel global que hablaban del “fin del secreto bancario”. Nada de eso ha pasado.

Por el contrario, el gobierno suizo acaba de endurecer su legislación contra los que violen el secreto bancario elevando las penas de tres a cinco años para los que se “beneficien” al revelar datos de clientes de una entidad financiera. El gobierno ha dicho que quiere combatir a los que trafican monetariamente con la privacidad bancaria de las cuentas. La realidad es que el “beneficio” no se limita al pago que puede recibir un “whistleblower” sino que se extiende a “beneficios no monetarios”. Un periodista que publique estos datos está alcanzado por la nueva ley, virtual mordaza social que blinda más que nunca el secreto bancario.

En Suiza no hay protección legal para los “whistleblowers”. Uno de los más recientes casos es Hervé Falciani quien denunció la existencia de más de 130 mil cuentas de potenciales evasores de impuestos en la sucursal del HSBC en Suiza. Otro es Rudolf Elmer, de la banca Julius Baer, llevado a la justicia por primera vez en 2005 por violar el secreto bancario, un caso que todavía deambula en el sistema judicial suizo y puede terminar en la Corte Europea de Derechos Humanos. Elmer dialogó con Cash.

¿Usted cree que este endurecimiento de la legislación suiza es una reacción a casos como el de Falciani o el suyo?

–El argumento oficial es que esta ley que rige desde el 1º de julio de este año era necesaria para proteger la confidencialidad de los clientes. En realidad tiene otro objetivo: intimidar a empleados y otros posibles “whistleblowers” para que no revelen el lado oscuro de la banca. Es la táctica que están aplicando los paraísos fiscales. La British Virgin Island acaba de aumentar la pena para la violación de su ley de confidencialidad a 20 años.

Usted vivió todo esto en carne propia.

–Todavía lo estoy viviendo. Yo era el jefe de operaciones de la filial del banco suizo Julius Bar en las islas Caimán. El banco me despidió en 2002 acusándome de filtrar información secreta de clientes suizos. En 2005 me arrestaron por violar el secreto bancario suizo después de que revelé los datos de estas cuentas a las autoridades impositivas y medios suizos. A este primer caso judicial se le sumó después un segundo caso. En 2011, luego de que se le prohibiera a Wikileaks la difusión del material sobre cuentas de Julius Bar, le entregué a Julian Assange en una conferencia de prensa datos de unas 2000 cuentas secretas. La policía me volvió a arrestar y se inició un segundo caso judicial. En 2011 la justicia me sentenció por el primer caso a dos años de libertad condicional y una multa por coerción, amenaza y violación del secreto bancario. En enero de este año me condenó en el segundo caso y me aplicó una multa en suspenso de 45.000 francos suizos. Ambos casos están ahora en la Cámara de Apelaciones y lo más seguro es que terminemos en la Corte Suprema de Justicia suiza y, luego en la Corte Europea de Derechos Humanos.

Suiza es uno de los más de 60 países signatarios del Intercambio Automático de información de la Organización de la Cooperación para el Desarrollo (OCDE) por el que cada país se compromete a informar al resto sin que medie un pedido previo sobre cuentas de sus ciudadanos en sus bancos. ¿No es esto una manera de abrir las puertas del famoso secreto bancario suizo?

–Ese acuerdo sólo sirve si el banco tiene al dueño real de la cuenta. En general los únicos que tienen sus nombres reales en las cuentas son los pequeños ahorristas. Los grandes evasores, los que lavan dinero, las multinacionales o los llamados ubermillonarios tienen todo un sistema organizado para esconder quienes son los beneficiarios reales de las cuentas. Mientras no haya una regulación internacional que obligue a revelar los nombres de estos beneficiarios reales, no se habrá avanzado mucho porque hay todo tipo de estructuras montadas para ocultar la realidad, sea por medio de fideicomisos, compañías fantasmas o estructuras especiales de inversión. Además la evasión fiscal o el lavado de dinero no termina siempre en paraísos fiscales. Muchos veces son reinvertidos en el mercado inmobiliario, yates, obras de arte. Por eso los “whistleblowers” siguen siendo fundamentales para desmontar una mecánica tan compleja. Sin información concreta del interior de los bancos de transacciones, mails, notas y memos no se puede rastrear quiénes son los beneficiarios reales y evasores.

De todas maneras Suiza sólo pondrá en vigencia este intercambio automático a partir de septiembre de 2018. Los que hoy tienen cuentas a su nombre tienen todo el tiempo del mundo para montar un esquema alternativo.

–Exactamente. En gran medida esto ya ha sucedido. Bancos como el UBS, Credit Suisse, Deutsche o Julius Baer están concentrados en el manejo de activos de superricos de Europa y países en desarrollo, sea América Latina, Africa o Asia. Todos tienen sucursales en Singapur, Hong Kong, Panamá para transferir activos a través de cuentas a otras jurisdicciones secretas. Nadie que quiera esconder dinero de las autoridades impositivas o de lavado de dinero tendrá una cuenta abierta a su nombre en 2018.

A pesar de esto parecería que la presión internacional ha tenido cierto impacto. El caso de Estados Unidos es el más obvio.

–Es muy importante la presión estadounidense porque sirvió para que otros países siguieran su ejemplo. Alemania tiene una lista de 50 bancos que están siendo investigados y que están intentando llegar a un acuerdo. Francia está también trabajando en esta dirección, en especial con el HSBC. Estos países no pueden ejercer el mismo grado de presión que Estados Unidos, pero han iniciado demandas judiciales contra muchos banqueros con lo que pueden solicitar una orden internacional de arresto. Es lo que ha hecho Alemania, que no sólo persigue judicialmente a los bancos en tanto entidades sino también a sus empleados, en especial a los asesores contables, managers y abogados en temas impositivos que ayudaron a la evasión fiscal. Con una orden internacional de arresto estos empleados no pueden viajar. Si lo hacen y son arrestados pueden cooperar con las autoridades como informantes para evitar la prisión. Estados Unidos utilizó esta herramienta. Francia e India están siguiendo ese camino. Es algo que Argentina también podría hacer.

Estados Unidos no ha dado el mismo ejemplo al no firmar el Intercambio Automático de información de la OCDE, que si bien dista de ser perfecto es un paso hacia una mayor transparencia.

–Estados Unidos es el poder planetario que maneja la moneda de intercambio. Si firmara el Intercambio Automático, estados como Delaware, Nevada, que son paraísos fiscales, se encontrarían en problemas. Hay que recordar que Nueva York es, a mi juicio, el centro financiero más importante del planeta. Si tuvieron que dar esa información debilitaría esta posición.

¿Cómo se puede avanzar entonces cuando hay tantos intereses cruzados? Hervé Falciani estuvo en Argentina y prometió cooperar con las autoridades para actualizar los sistemas informáticos. ¿Es una acción positiva?

–Sirve, pero es insuficiente. El caso Falciani muestra la gravedad del problema. Francia, por ejemplo, encontró que más del 97 por ciento de las cuentas de franceses en el HSBC de Ginebra no estaban declaradas. Ante este nivel de evasión se necesita una voluntad política y un acuerdo de que se trata de un delito de extrema gravedad. Se necesitan autoridades e investigadores sin miedo a la hora de atrapar a los grandes nombres. Un sistema judicial e impositivo realmente independiente. Una supervisión de las cuatro grandes auditoras internacionales sobre la estructura impositiva de las multinacionales. Que haya inspectores impositivos sin fronteras que permitan realizar investigaciones realmente internacionales y que haya protección legal para los “whistleblowers”. Y que haya sanciones económicas para los países que no cooperen.

Dados los intereses creados tanto a nivel gubernamental como en el sector privado, ¿hay alguna razón para ser optimista?

–En términos generales hay cierto progreso, pero éste se debe a que la crisis económica global ha puesto el tema sobre la mesa y ha agudizado las contradicciones entre gobiernos y esos intereses creados. Hay un creciente movimiento político mundial que se debe a la presión que están ejerciendo la sociedad civil y el hombre de a pie que ven cómo los multimillonarios y las multinacionales minimizan muchas veces legalmente la carga impositiva que deben pagar y algunos directamente no pagan nada en el país en el que viven y hacen extraordinarias ganancias. Pero todavía falta mucho para poder combatir esto de manera efectiva. Los evasores suelen zafar con el pago de una multa que puede sonar muy grande, pero que no es más que cambio chico para compañías como el HSBC, UBS o Credit Suisse. Peor aún, en la mayoría de los casos ningún banquero, abogado o contador ha terminado en prisión por facilitar la evasión fiscal y la fuga de capitales.