En tiempos preelectorales, donde la mayoría de los candidatos prefiere no exponer sus propuestas y en cambio opta por decir lo que supone que todos quieren escuchar, Daniel Scioli, candidato a presidente por el FpV, ha dejado entrever una serie de políticas activas que tienen que ver con una reformulación ministerial que pretende elevar los actuales 17 ministerios a más de 20, emulando el modelo brasileño.

Entre las posibles reformas se habla de la creación del Ministerio de Derechos Humanos, la división del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios en un Ministerio de Planificación, otro de Obras Públicas y un tercero de Energía, entre otros cambios.

Otro aspecto relevante es la creación de un Banco de Desarrollo que estará dirigido por Miguel Peirano (ex ministro de Economía de Néstor Kirchner) y que tendrá la responsabilidad de tomar como modelo al Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (Bndes) brasileño.

Un banco de desarrollo es aquel que financia a largo plazo y a una tasa de interés inferior a la del mercado, proyectos prioritarios cuya finalidad sean promover el desarrollo económico de ciertos sectores, atender las problemáticas de financiamiento regional y fomentar ciertas actividades (exportación, desarrollo de proveedores, creación de nuevas empresas públicas, privadas, mixtas o cooperativas). Cabe mencionar que en el desempeño de sus funciones, el Banco de Desarrollo debe preservar y mantener su capital garantizando la sustentabilidad de sus operaciones mediante la distribución eficiente, prudente y transparente de recursos.

La obtención de tasas de crecimiento positivas en la economía son resultados de un conjunto de medidas que actúan de manera armónica y no de una única, sin embargo las políticas crediticias resultan una parte importante de ese conjunto más amplio de medidas, que permitirá tener una acción planificada y coordinada de financiamiento sobre la oferta de bienes, especialmente en el sector industrial y dentro de éste en las ramas capitalintensivas. De esta manera se abre la posibilidad de materializar estructuras de crédito a largo plazo que refuercen y potencien desde el Estado procesos económicos e institucionales tendientes a estimular la tasa de inversión aportando de manera directa o indirecta a mejoras de las condiciones sociales de la población.

Un Banco de Desarrollo posibilita la coordinación entre los diversos fondos hoy disponibles por parte de ministerios, agencias de gobierno y bancos públicos. Si bien muchos de ellos pueden tener una asignación y una función específica, resultan volúmenes significativos a tener en cuenta en el diseño de políticas industriales. La existencia de un organismo nacional de coordinación a este efecto puede resultar entonces una estrategia posible para su optimización.

Otro aspecto a destacar es la capacidad de suministrar información, asistir técnicamente, otorgar garantías y administrar fideicomisos. La transferencia de tecnología y conocimiento es una función muy deseable para un banco de desarrollo, sobre todo porque también ayuda a ir creando sujetos de crédito que, a su vez, le permita al mismo banco cumplir con su función primordial que es precisamente dar financiamiento.

Por último, otras funciones destacadas serán armar cadenas productivas, facilitar financiamiento entre proveedores y usuarios de bienes, aumentar y mejorar los canales comerciales, compartir riesgos con entidades del gobierno en sectores muy específicos, garantizar emisiones de empresas públicas, constituir fideicomisos con el objeto de negociar papeles de deuda externa por debajo de la par, apoyar a las empresas exportadoras y facilitar recursos a las entidades de microcrédito no bancarias.

La experiencia de contar con un Banco de Desarrollo no es nueva para el país: puede mencionarse el Banco de Crédito Industrial (1946/1970), el Banco Nacional de Desarrollo (1971/1993) y en un formato más actual y específico el Banco de Inversión y Comercio Exterior (desde 1992).

Una parte determinante del nuevo Banco de Desarrollo, más allá de la estructura organizativa, su composición de directorio y la personería jurídica que adopte, será su financiamiento.

Existen diversas modalidades de estructurar el financiamiento que no están ligadas únicamente al aporte solidario del Estado Nacional, sino a estrategias de diverso orden orientadas a captar parte del ahorro nacional. Además de los instrumentos que puedan diseñarse al respecto, se puede coordinar con otras fuentes de financiamiento a plazo ya existentes, como las provenientes de actividades propias del mercado de capitales (acciones, fondos comunes de inversión, fideicomisos financieros, cheques diferidos) o del Sistema Integrado Previsional Argentino y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses o de compañías de seguros o Fondos fiduciarios públicos (por ejemplo, Desarrollo regional; Educación y Capital Humano; Tecnología y Asistencia técnica; Infraestructura)

Es imperativa la implementación de esos instrumentos que permitan captar el ahorro de las familias argentinas hoy refugiadas en el dólar, en inmuebles, en plazos fijo o en cualquier otro instrumento financiero de manera de canalizar esos recursos y transformarlos de especulativos a productivos. Esto permitirá restarle esfuerzo a las arcas del Tesoro Nacional y redireccionar crédito.

La visión general de un banco de desarrollo es un concepto que además de permitir recuperar la especificidad del crédito público, debe también asegurarse la capacidad de coordinar con todas las acciones que en materia de financiamiento a largo plazo llevan adelante en la actualidad segmentos de la banca privada. De nada servirá el Nuevo Banco de Desarrollo si no se federaliza y no logra contrarrestar el carácter concentrado y extranjerizado de la economía en pos de las pequeñas y medianas empresas de origen nacional.

* Centro de Economía Política Argentina (CEPA).