4 de diciembre de 2015, Clarín. Junto a la foto de los sonrientes Garavano, Lorenzetti y Maqueda, el diario titula “Coparticipación: aseguran que la Justicia podría anular el decreto de la Presidenta”. El titular, la imagen y el cuerpo del texto expresan con claridad el espacio político que ganó la última elección: una “troika” donde Clarín construye la agenda, la Corte Suprema demarca los lineamientos políticos y Cambiemos ejecuta.

Luego de las elecciones generales del 25 de octubre, la Corte mostró una inusitada actividad vinculada con sentencias firmadas sólo por Lorenzetti, Maqueda y el renunciante Fayt, que constituyen un fuerte mensaje –del orden de la política indicativa– al resto del Poder Judicial en favor de autolimitaciones, e incluso frenos, respecto de las políticas kirchneristas; el Grupo Clarín brindó un insustituible apoyo en el trabajo de “explicar” la necesidad de aplicar un paquete de medidas económicas; mientras que el frente Cambiemos se ocupó de proponer las principales políticas económicas y de designar a sus ejecutores, en virtud de la concreción del objetivo restaurador. El funcionamiento tripartito actuó sobre tres ejes:

1. Disciplinamiento social con ajuste y devaluación. Aunque ostensiblemente omitido, la transferencia de ingresos es el objetivo central de Cambiemos. La devaluación implica una significativa caída del salario real (por encarecimiento del costo de vida, como ya ocurre en el caso de alimentos y medicamentos), de la participación de los trabajadores en el ingreso nacional y con ello un “ordenamiento” de la relación capitaltrabajo. Ello además se cristaliza en los dichos del nuevo presidente de Banco Nación, Carlos Melconian, quien indicó que “ya no se pueden subir más sueldos y jubilaciones”, escenario que se conjuga con el aumento de tarifas de servicios públicos como gas y electricidad, como sostuvieron Gabriela Michetti y Juan José Aranguren, que incrementaría aún más el nivel de precios: “no podemos estar pagando la luz, el gas y hasta el transporte como lo estamos pagando” (Michetti). A todo esto se debe adicionar la eliminación de las retenciones para trigo, maíz, girasol, carne y la reducción de 5 puntos porcentuales a la soja, lo que ha generado ya aumentos significativos de precios.

Los medios hegemónicos actuaron de manera complementaria. El objetivo fue generar las condiciones de aceptación social de una devaluación antes o después del 10 de diciembre, focalizando –alternativamente– en distintas variables: 1) las “pocas” y/o ficticias reservas en el Banco Central; 2) el aumento del “blue” y su asociación inmediata como indicador del desempeño económico; 3) la “razonable” retención de la cosecha; y 4) la imposibilidad de adquirir dólares libremente por la aplicación del “cepo” cambiario. Por otro lado, merece particular atención la responsabilización del aumento inflacionario después del 22 de noviembre al gobierno saliente, la denuncia de “inexistencia de controles de precios”, y la deliberada la desconexión del fenómeno con los anuncios devaluatorios de Cambiemos, luego de haberse posicionado históricamente en contra del intervencionismo estatal y particularmente en 2014 del programa Precios Cuidados y la nueva “Ley de Abastecimiento”.

La Corte Suprema hizo su aporte. Al día siguiente de la victoria de Cambiemos falló estableciendo la restitución inmediata del 15 por ciento de la coparticipación provincial para beneficio de manera directa de Santa Fe, San Luis y Córdoba (a las que se agregó el pago de la deuda contraída desde 2006 a la fecha), y la suspensión inmediata de los descuentos, lo que representa unos 125 mil millones de pesos que dejaría de percibir la Anses (el 20 por ciento de sus ingresos). Este recorte no es inocuo, dado que fundamentalmente apunta a condicionar el funcionamiento de uno de los pilares de la política económica actual, tanto por las jubilaciones, pensiones y programas sociales que financia como por su rol contracíclico en la macroeconomía. Desde el diario La Nación se clarificó la intención de la decisión de la Corte: “si [el fallo] hubiera aparecido antes habría impedido a Cristina Kirchner financiar planes como los Procrear, ProcreAuto y Conectar Igualdad y Ahora 12”. Clarín directamente sugirió reformas: “El fallo podría empujar al nuevo gobierno a impulsar una reforma jubilatoria”.

En una expresión paradigmática del funcionamiento de la troika, Cambiemos optó por recostarse sobre la Corte en este tema, la cual zanjó la discusión sobre el DNU de CFK (que aplicaba a la totalidad de las provincias la restitución del 15 por ciento) y descartó con un nuevo fallo el reclamo de Formosa, en virtud de un análisis “caso por caso”. El 10/12 la justicia de primera instancia suspendió el DNU de CFK.

2. El control del Banco Central y el negocio financiero. El juez Bonadio otorgó particular atención a la denuncia de Pinedo, Negri y Prat-Gay sobre la venta de dólares a futuro, y en ese marco allanó el BCRA una semana antes de la elección del 22 de noviembre, con el objetivo de presionar para la renuncia de su presidente, concretada el 9 de diciembre. Ese mismo día, el todavía candidato presidencial Mauricio Macri, indicó “Alejandro Vanoli tendría que tener la dignidad de renunciar. No cuidó el valor de la moneda y las reservas”. Casi preanunciando esta denuncia, Clarín escribía el 3/11: “La gran contienda tendrá lugar dentro del Banco Central. Será una batalla crucial, pues en cualquier política económica tomar rápidamente el control del BCRA es clave”. El diario ha oficiado de apoyo inestimable a la justificación de la causa contra Vanoli a través de la deliberadamente errónea afirmación de “despilfarro de dólares” por la operatoria de mercados a futuro, cuando dicha operatoria se realiza en pesos.

La disputa por la conducción y el rol del BCRA se ha mantenido a lo largo de la campaña. Como primera arista de la cuestión, se encuentra la posibilidad concreta de realizar la devaluación tal como está prevista por Cambiemos, sólo factible teniendo control de la entidad. Pero tiene una segunda razón: acabar con el proceso de regulación a los bancos, iniciado en 2012 a partir de la reforma de la Carta Orgánica. La finalidad es abocar al Banco Central sólo a tareas monetarias y al establecimiento de metas de inflación. La desregulación se traduciría en el aumento de los márgenes de ganancia ya elevados que ha obtenido el sector bancario durante el kirchnerismo, y además es sinónimo de la posibilidad de canalizar el ahorro en el negocio financiero, sin compromisos de préstamos al sector productivo, y la liberación de la fijación de tasas de interés (carente además de topes como el CFT –costo financiero total– que actualmente se regula).

3. Acumulación concentrada. La línea editorial de diario Clarín en los últimos tres meses, ha supuesto: i) la instalación del Coloquio de IDEA y el Foro de Convergencia Empresaria como voces excluyentes del empresariado argentino; ii) el ocultamiento de la responsabilidad empresarial en la evolución económica (inflación, corridas cambiarias, retención de cosecha, desabastecimiento, incumplimiento de normas determinadas por el Ejecutivo); iii) como contracara de lo anterior, la responsabilización al Poder Ejecutivo por el devenir económico; iv) la defensa de la impunidad de los grandes grupos económicos, cuestionando la conformación de la Comisión que investiga el rol empresario durante la dictadura; v) la participación directa en la generación de expectativas y construcción de consignas: “fin de ciclo”, ausencia de “clima de negocios” y de “seguridad jurídica”, la “mordaza” empresarial o el “dialogo roto” entre el gobierno y los empresarios.

La conformación del Gabinete de Cambiemos muestra una fuerte presencia del sector privado y particularmente de grandes empresas. El pasado 16 de octubre en el Coloquio de IDEA Macri lo puso en palabras: “mi gabinete va a acordar la política con ustedes”. Así lo hizo, nombrando a Alfonso Prat-Gay –ex JP Morgan– de Ministro de Hacienda, Juan José Aranguren –ex CEO de Shell– en el Ministerio de Energía y Minería, Gustavo Lopetegui –ex CEO de LAN Argentina– en Jefatura de Gabinete, Isela Costantini –ex CEO de General Motors– al frente de Aerolíneas Argentinas, Francisco Cabrera –ex CEO de Máxima AFJP– como ministro de la Producción, Miguel Braun –cuya familia es dueña de los supermercados La Anónima– al frente de la Secretaría de Comercio Interior y Miguel Angel Punte –ex director de RR.HH. de Techint– como Secretario de Empleo, entre muchos otros.

La Corte ha hecho muestras de apoyo a este funcionamiento en dos casos emblemáticos. En primer lugar estableciendo la obligación de YPF de dar a conocer las cláusulas del acuerdo firmado con Chevron para la explotación de Vaca Muerta, sin que ningún miembro de la elite defensora de la privacidad empresaria cuestionara la inseguridad jurídica del fallo (en este caso porque el mismo puso en tela de juicio la política energética impulsada durante el kirchnerismo). En segundo lugar a través del fallo que determinó la inconstitucionalidad de los artículos 106 y 107 de la ley que establecía la creación del Renatea, favoreciendo al Momo Venegas y al empresariado rural, dado que la no implementación de la ley de peones rurales permite evitar la aplicación de las multas y los agravamientos indemnizatorios que tienen el resto de los trabajadores de la actividad privada en un sector cuya informalidad laboral se encuentra en el orden del 60 por ciento.

En síntesis, no es la alianza con el radicalismo, sino la troika con participación de medios hegemónicos y el poder judicial, el verdadero armado político que posibilita la restauración conservadora.

* Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

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