La falta de estadísticas nacionales sobre la evolución de los precios justificada en la necesidad de revisar la desacreditada medición del Indec, junto a la decisión de varias consultoras de dejar de publicar sus índices de inflación “para no entorpecer paritarias”, generaron un vacío informativo en materia de evolución de los precios. La falta de información respecto a la evolución de los precios llegó al punto de que el propio Banco Central citó datos provenientes de un blog en su publicación oficial “Objetivos y planes respecto del desarrollo de la política monetaria, cambiaria, financiera y crediticia para el año 2016”.

En ese contexto, se conocieron los datos oficiales de San Luis y la Ciudad de Buenos Aires que arrojaron cifras que más que duplican los registros de inflación de meses anteriores. De acuerdo a las estadísticas de la provincia cuyana, los precios subieron en 6,5 puntos porcentuales durante diciembre del año pasado, una inflación que anualizada alcanzaría los 3 dígitos. Para el instituto de estadísticas porteño la inflación de diciembre cerró en un número algo menor, 3,9 por ciento, que anualizado alcanzaría un 58.

La alarmante aceleración de la inflación de finales de año buscó ser minimizada por el actual ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, indicando que era una joroba provocada por el cambio de precios relativos y que existía evidencia de que ya se estaba desacelerando. El “cambio de precios relativos” es un eufemismo para referirse a la devaluación del dólar oficial que según había declarado el mismo Prat-Gay en el marco de la campaña electoral, no debía afectar los precios, que supuestamente estaban regidos por el dólar paralelo.

La inflación de enero

Para suplir el vacío informativo, el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO) desarrolló un sistema de seguimiento de precios de los principales supermercados del país. Mediante el empleo de software estadístico de novedosa aplicación en institutos europeos y norteamericanos, obtuvo información semanal de la evolución de los precios de más de 20 mil productos comercializados por las grandes cadenas a lo largo del mes de enero.

Los resultados alcanzados indican que la tendencia de una inflación elevada se mantuvo a lo largo de las 4 semanas, resultando en una inflación mensual de 3,99 por ciento (60 por ciento anualizada). Los mayores incrementos se registraron en los rubros piletas (16 por ciento), electricidad e iluminación (14,6), farmacia (11,9), ropa de bebes (11,6), pescados y mariscos (10,4), ferretería (10,2) y harinas (9,2), donde se mezclan factores estacionales con el impacto de la suba del dólar y la reducción de las retenciones a la exportación de materias primas.

Tanto la inflación total como la de las diversas subcategorías es el resultado del promedio simple de la evolución de los precios de los productos que la componen. De esta manera, brinda una información que podría llamarse “inflación de supermercado” que si bien no es homogénea respecto a los índices de precios habitualmente difundidos (que utilizan canastas ponderadas e incluyen servicios no disponibles en supermercados), brinda una información valiosa sobre la evolución general de los precios de los bienes de consumo.

La canasta básica alimentaria

Las bases estadísticas de precios obtenidas por el CESO a partir de las grandes cadenas de supermercados permiten el seguimiento del costo de diversas canastas de consumo. Una habitualmente utilizada para la medición de la indigencia es la canasta básica alimentaria (CBA), que está conformada por una serie de alimentos considerados mínimos para la alimentación de un hombre (adulto equivalente, en la jerga técnica).

De acuerdo a la información recopilada, el costo promedio de la CBA para finales de enero era de 1496 pesos, registrando un encarecimiento a lo largo de ese mes del 4,9. Es decir, los alimentos que componen la canasta básica alimentaria subieron por encima del promedio del universo de productos de los supermercados.

Los aumentos de tarifas

La aceleración de la inflación provocada por la suba del dólar oficial junto a la reducción de retenciones y cuotas de exportación, y la relajación de los mecanismos públicos de regulación de precios, recibirá un nuevo impulso a partir de febrero y marzo, cuando comiencen a aplicarse los aumentos en la luz y, seguramente, el gas.

Poniendo en evidencia lo desatinado de la visión ortodoxa que pone como causante de la inflación al déficit público, la eliminación de los subsidios a los servicios públicos es una medida drástica de recorte del gasto que, sin embargo, impacta de lleno en un alza de los precios.

El golpe directo de esos aumentos sobre la inflación anual ronda entre el 3 y el 8 por ciento, según la ponderación que se dé a esos servicios básicos dentro de la canasta de consumo. A ese impacto se agregará el indirecto, provocado por el traslado a precios por parte de los empresarios de los mayores costos energéticos en el proceso de producción, transporte y comercialización, de difícil estimación previa pero que se verá reflejado en las estadísticas de precios de supermercados de las próximas semanas.

Las paritarias y las metas de inflación

Las nuevas autoridades del Banco Central señalaron que su política se regirá por un sistema de “metas de inflación”. Con poca claridad acerca de los métodos para lograrlo, indicaron que el objetivo de su gestión es cerrar el 2016 con una inflación de entre el 20 y 25 por ciento (similar a la registrada por las estadísticas provinciales hasta antes del cambio de gobierno).

Si se considera el combo de medidas tomadas en las pocas semanas de gobierno de Cambiemos, han llevado los aumentos de precios a valores que más que duplican esas metas de inflación. La incógnita a revelar es cuál es la variable de ajuste que tiene en mente el equipo económico para desacelerar el aumento de los precios en los meses venideros.

Esa incógnita parece revelarse al conocerse la cifra de aumento salarial ofrecida por el gobierno de la provincia de Buenos Aires a los diversos sindicatos docentes. Dicha paritaria suele ser una referencia para las posteriores negociaciones de los diversos gremios y sectores, por ser una de las primeras en realizarse con un peso significativo dado por la cantidad de trabajadores involucrados.

La oferta de un aumento 23,6 por ciento anual en tres tramos realizada por la gobernadora Vidal se muestra en sintonía con las metas de inflación del equipo económico nacional y muy alejada de los registros de subas en los precios de los últimos meses. Ello da un indicio de que el cumplimiento de las metas de inflación parecen descargar su peso en un deterioro del poder de compra de los salarios, compensado parcialmente por la pérdida de ingresos públicos provocada por la reducción del Impuesto a las Ganancias.

Desde la lógica del equipo económico de Cambiemos, las subas de salarios por debajo del 25 por ciento permitirán suavizar la inflación tanto por su impacto sobre los costos salariales, como por ser una referencia en materia de políticas de precios empresariales. Ya hace unos años, una encuesta realizada a grandes empresarios reunidos en un coloquio anual, señalaba que muchos dirigentes de empresas solían aumentar los precios al ritmo de la pauta salarial en forma independiente del peso específico que tuvieran los salarios en su estructura de costos.

Adicionalmente, de cumplirse el objetivo oficial en materia de paritarias, el previsible deterioro del salario real provocará una merma de las ventas en el mercado interno, moderando las remarcaciones de gran parte de los fabricantes y comerciantes. Al respecto, la recaudación del IVA ligado a las ventas del mercado interno creció en enero un 24,5 por ciento respecto al mismo mes del año pasado. Si se tiene en cuenta que en el mismo período la inflación anual (proyectada de acuerdo a estadísticas provinciales) fue del 30,9 por ciento, las ventas al mercado interno sufrieron en enero una contracción real de casi 5 puntos porcentuales respecto a las del mismo mes del año pasado. Una cifra algo superior a la informada por la CAME para el universo de ventas minoristas, que marca una contracción de 2,3 por ciento en ese período.

En definitiva, el éxito del actual equipo económico en torno de sus metas de inflación descansa en gran parte en lograr imponer en la próxima paritaria incrementos salariales por debajo de la previsible evolución de los precios. El costo de dicha política implica un deterioro en la distribución del ingreso y una reducción de las ventas y la producción ligada al mercado interno, que en el actual contexto internacional hacen previsible un escenario recesivo general.

Aun a costa de “entorpecer las paritarias”, desde el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz entendemos que los trabajadores tienen el derecho a estar informados en materia de precios para poder defender sus ingresos frente a un plan económico que los toma como variable de ajuste. Por ello ponemos a su disposición nuestras estadísticas semanales de la “inflación de los supermercados”.

* Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO).