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A punto de cumplirse cuatro meses de gestión del actual gobierno nacional, el paquete de medidas adoptadas reduce la participación pública en la economía y restablece condiciones propicias para potenciar esquemas de negocios basados en el poder de mercado de los mayores grupos económicos, en detrimento de los sectores populares. Como contrapartida, los funcionarios aseguran, aunque sin precisiones, que el modelo atraerá inversiones y generará empleos de calidad. Sin embargo, estas recetas favorecen a unos pocos y provocan una contracción del consumo, pérdida de empleos y agravan el problema inflacionario. En nuestro país estas medidas ya fracasaron en otras oportunidades y desde hace tres años se aplican con intensidad en Brasil con resultados negativos para su pueblo.

El 2016 cerrará con un incremento general de precios cercano al 40 por ciento, con una probable desaceleración en el segundo semestre. Ante aumentos de ingresos previstos muy por debajo de ese umbral y que llegarán bastante después de las subas de precios, sumados a despidos registrados en los sectores público y privado que ya representan el 1 por ciento de los trabajadores asalariados, la contracción del consumo superará el 10 por ciento. Desde ya, los trabajadores y las pymes que dependen del mercado interno son los más perjudicados. En cambio, el nivel de rentabilidad de las compañías que exportan recursos naturales ha mejorado y el sector financiero, con muchas menos regulaciones y altas tasas de interés, tendrá nuevamente un muy buen año.

En caso que la cotización promedio del dólar a lo largo del año se aproxime a 16 pesos (supuesto conservador frente a la aceleración inflacionaria reciente), su suba en relación al tipo de cambio promedio de 2015 (9,27 pesos) alcanzaría el 73 por ciento. Respecto a la última devaluación significativa registrada en 2014 (el valor del dólar promedio en ese año fue de 8,12 pesos y en 2013 había sido de 5,48 pesos), el incremento del tipo de cambio en 2016 sería un 50 por ciento mayor, bajo el supuesto planteado.

La mejora de la competitividad-precio de la devaluación de 2014 se extinguió rápidamente por el efecto de la inflación. En esta oportunidad, a pesar del impacto inflacionario que la devaluación también provocó, acompañada de la reducción de las retenciones, eliminación de cupos a la exportación y de los muy altos aumentos de las tarifas de los servicios públicos, existen cuatro factores principales que moderan el traslado de esos efectos a los precios. De esa forma, el nuevo modelo mantendrá un margen de la ganancia de competitividad-precio, aunque decreciente en el transcurso del año y esencialmente a costa de la reducción de los ingresos reales de la población.

En primer lugar, se debe destacar el efecto de la eliminación del denominado “cepo” y, en consecuencia, de la brecha cambiaria. La restricción a la compra de dólares, combinada con la firme administración de las importaciones del anterior gobierno y máximos históricos de consumo interno de los años previos (medidos por indicadores de cámaras empresarias de los diversos sectores de la economía), facilitaba la fijación de precios internos desalineados con el tipo de cambio oficial. Es decir, los precios locales equilibraban a los de la competencia externa en un nivel intermedio entre la cotización oficial del dólar y las paralelas. Además, los altos salarios locales, medidos en dólares, permitían convalidar esos precios.

Hoy, anulada la brecha cambiaria, con mayores posibilidades de acceso al endeudamiento externo tras el acuerdo con los buitres, una administración de las importaciones más laxa y una demanda interna en contracción, los precios de productos fabricados en el país no pueden estar significativamente por encima de los valores internacionales.

Esto no significa que no hayan aumentado y no sigan subiendo, pero su ascenso está mucho más acotado que tras la devaluación de 2014. A la vez, la depresión del consumo interno limita en cierto grado los abusos de la intermediación comercial y los aumentos de precios de servicios de consumo interno (gastronomía, servicios de esparcimiento, administrativos, contables) que en contextos no tan apremiantes para los consumidores pueden tener mayor capacidad para no quedar tan rezagados frente al resto de las subas.

En segundo término, desde el segundo semestre de 2014, a nivel internacional, se verificó una fuerte caída de los precios de los recursos naturales. Este fenómeno contrasta con lo ocurrido en los cinco meses posteriores a la devaluación de 2014, cuando el índice de precios de las materias primas del Banco Central aumentaba, en dólares, al 3 por ciento mensual y así presionaba al alza de los recursos naturales comercializados en el mercado interno.

En tercer lugar, la política monetaria actual es mucho más contractiva que la aplicada tras la anterior devaluación. La abrupta suba de tasas de interés y la absorción monetaria por parte del Banco Central restringen la demanda, aplacando también el proceso inflacionario.

Por último, el progresivo ajuste fiscal, a través de reducciones de gasto público, quita de subsidios a las tarifas de servicios públicos y despidos también opera en el mismo sentido contractivo.

En este marco recesivo, el gobierno apuesta a que los trabajadores tengan menos poder de negociación para reclamar aumentos salariales. Y estableciendo una meta no creíble de inflación de entre el 20 y el 25 por ciento buscan fijarle un techo bajo a los incrementos por paritarias.

El gobierno otorgó la mínima contención social necesaria para evitar un conflicto insostenible apenas después de haber asumido con impacto marginal a nivel macroeconómico. El aporte de 400 pesos para jubilados que perciben la mínima y para la Asignación Universal por Hijo (AUH) fue por única vez en diciembre pasado. Desde ahí, solo se aplicó en marzo pasado el ajuste correspondiente por ley del 15,35 por ciento que, por supuesto, no alcanza a cubrir a la inflación acumulada desde el anterior aumento (septiembre de 2015). Según el IPC-CABA, entre septiembre y febrero últimos, los precios aumentaron 16,7 por ciento. Si consideramos que entre marzo y abril la inflación mensual será muy próxima al 4 y 6 por ciento, respectivamente, la inflación desde el último aumento para el sector pasiva será del 28,6 por ciento. Y todavía faltarán cinco meses más para el siguiente ajuste anual de haberes que establece la ley.

En el caso de los trabajadores activos la pérdida de poder adquisitivo, en general, será aun más relevante. Los empleados sindicalizados son alrededor del 28 por ciento de los asalariados totales, aunque representan aproximadamente el 45 por ciento de la masa de ingreso de los trabajadores activos. En ese segmento, como los años anteriores, las subas de ingresos serán escalonadas y los aumentos, a lo sumo, alcanzarán el 30 por ciento. En un contexto de caída de la actividad, el resto de los trabajadores (formales no sindicalizados, informales, autónomos y monotributistas) tendrán menor capacidad de negociación y la recuperación de su poder adquisitivo será aun menor. Bajo los supuestos de que alcancen una suba anualizada de sus ingresos del 22 por ciento, que el segundo aumento por ley en septiembre para pasivos sea del 12 por ciento (estará influido negativamente por el menor crecimiento de recaudación tributaria y el escaso aumento de los salarios formales) y que los despidos no superen los 200 mil puestos de trabajo, el incremento de la masa de ingresos total de los hogares en 2016 sería de sólo el 23 por ciento.

En definitiva, ese aumento nominal de los ingresos será, probablemente, el principal dique de contención de la inflación. En un escenario con un alza generalizada de precios del 40 por ciento en 2016, la caída del consumo debería estar en torno del 12 por ciento. Desde ya, bajo este modelo donde se pretende que los consumidores sean los que frenen el proceso inflacionario, en la medida en que los aumentos nominales de los salarios sean menores, la inflación también deberá ceder ante la imposibilidad de los consumidores de convalidar mayores subas. Como en el segundo semestre del año se prevé que el poder de compra esté aun más debilitado, bajo una estructura de precios relativos “reordenada”, las subas de precios serán significativamente menores.

Aunque es una medida muy necesaria y debería haberse resuelto previamente, tampoco el proyecto oficial de eliminación del IVA de los alimentos básicos en el consumo de jubilados que perciben la mínima y para los que reciben la AUH será un paliativo suficiente. Un jubilado con la mínima (4959 pesos) que gasta la mitad en “alimentos básicos” (falta que los definan pero suponiendo que consume la mitad de su ingreso en esos alimentos) tendría 220 pesos extras por mes (siempre considerando que puede acceder en toda su compra a comercios bancarizados). En el caso de la AUH, suponiendo que quien la recibe gasta todo en “alimentos básicos”, la devolución extra por IVA sería de sólo 86 pesos mensuales.

Argentina transita un proceso de brusco cambio de precios relativos, donde nuevamente son los trabajadores los que pagarán el mayor costo. En lugar de modificar el patrón distributivo de modo de estimular la actividad productiva y la inversión de las pymes locales, a partir de una redistribución que implique menores ganancias para el sector financiero, el de la intermediación comercial y el de las telecomunicaciones, entre otros, se sostienen o incrementan sus grandes beneficios y se produce una transferencia de ingresos de los sectores populares y de actividades productivas mercado internistas hacia los grandes grupos exportadores.

La tensión distributiva podrá contenerse transitoriamente, la actividad interna continuará en contracción y, en cuanto los sectores desfavorecidos traten de recuperar el terreno perdido, se asistirá a un nuevo capítulo de la triste saga inflacionaria nacional.

* Economista, ex director del Banco Central. @arnaldobocco

** Economista. @marianokestel

(Agradecemos la colaboración de Juan M. Bocco en el procesamiento de datos).