El macrismo ha sostenido discursivamente la necesidad de “normalizar” la economía alegando desbarajustes y una situación crítica heredada del kirchnerismo. Esta “herencia” se refleja en 4 años de estancamiento económico y del empleo, inflación descontrolada, atraso cambiario, escasas reservas y gasto público excesivo. Es interesante revisar con números el desempeño de estas variables mencionadas.

El PIB, aunque con magro desempeño en 2012 (0,8 por ciento) y 2014 (0,5), creció 2,9 por ciento en 2013 y 2,1 en 2015, según el Indec de Todesca. El dato del año pasado resulta más relevante a la luz del desempeño del resto de América latina, que cayó 1,5 por ciento, y particularmente de nuestro principal socio comercial, Brasil, cuyo PIB se hundió un 3,8.

Incluso los datos publicados por el FMI permiten constatar tres cuestiones: Argentina creció más del 13 por ciento en los últimos 5 años; el ritmo de crecimiento fue similar al del conjunto del mundo, y superó por ejemplo al de Estados Unidos, que creció 10,74 por ciento entre 2010 y 2015 (M. Fernández, CEPA).

“En 4 años no se generó empleo”, es otra de las muletillas habituales de Cambiemos para caracterizar al último gobierno de CFK. Lo cierto es que, según datos de SIPA, al mes de junio de 2015 se contabilizaban 9.814.708 aportantes al sistema de seguridad social (empleo registrado), cifra que superaba en 598.496 a los aportantes de 4 años atrás (2011). Por otro lado, suele sostenerse que el único empleo generado en los últimos 4 años fue público, pero si se observan los guarismos del conjunto del sector privado, éste empleaba en forma registrada a 6.533.962 trabajadores a mediados de 2015, aumentando en 264.102 puestos las cifras de 2011 para dicho sector.

A su vez, si se analiza el desempeño del índice de precios al consumidor, se evidencia una clara pendiente decreciente a lo largo de 2015. En efecto, si el IPC-Nu del Indec midió una inflación minorista de 1,2 por ciento en septiembre y 1,1 en octubre, el IPC de la Ciudad de Buenos Aires arrojó una inflación mensual de 1,7 tanto para septiembre como para octubre. También si se considera el “IPC Congreso”, la inflación que arrojó fue de 1,9 y 1,5 para los meses mencionados, respectivamente. En efecto, el salto inflacionario ya constatable para el mes de noviembre (con aumentos concentrados en la semana del 22 al 30 de dicho mes, que en su momento Prat Gay indicó que debían retrotraerse, pero no lo hicieron) y durante diciembre (de 6,5 por ciento según el IPC San Luis y 3,9 según el IPC CABA) marcó claramente un contraste con la dinámica que tuvieron los precios durante 2015.

Adicionalmente, en función de estos datos que reflejan una situación macroeconómica marcada por una trabajosa recomposición en un contexto de estancamiento económico global y de empeoramiento de las cuentas externas, analizar aisladamente la variable de los precios minoristas constituye un recorte deliberado de la realidad. El promedio salarial creció por encima de la inflación durante los gobiernos kirchneristas, con excepción de 2014, donde la inflación de Cifra-CTA dio cuenta de una pérdida de poder adquisitivo, y el IPC Bein y Asociados señaló un “empate” entre precios y salarios.

Lo cierto es que si en diez de once años los salarios reales crecieron, el gobierno de Macri tendrá el primero de sus cuatro años de mandato caracterizado por la pérdida de poder adquisitivo del salario: el promedio de la paritarias ya celebradas arroja un 18,01 por ciento para el primer semestre y la inflación de los 6 meses previos (octubre-marzo) asciende al 19,5 (según IPC Bein).

El latiguillo del atraso cambiario fue utilizado para concretar una mega devaluación de la moneda. Sin embargo, también vale señalar que la salida devaluatoria prometía más de lo que efectivamente trajo: si bien es claro que el principal objetivo era producir una transferencia fenomenal al complejo agroexportador concentrado, es igual de cierto que esa brusca modificación cambiaria no mejoró la situación de las economías regionales ni de los pequeños productores y tampoco activó las exportaciones -con la única excepción del comercio de granos, además abultada por el componente estacional-. En efecto, el aumento del 7 por ciento de las exportaciones en febrero es resultado del incremento en un 110 por ciento de las exportaciones de cereales, lo que de hecho compensó las caídas en casi todos los demás rubros de bienes primarios y de manufacturas de origen industrial (MOI), que cayeron un 16 por ciento.

Otro capítulo merecen las denostadas reservas del BCRA durante el período kirchnerista, las cuales a cinco meses de la asunción de Macri se mantienen prácticamente en los mismos niveles. No sólo es curioso que la primera medida de aumento de reservas fuera la conversión del (¿ficticio?) swap con China (por otro lado, fustigado socio comercial), el cual fue reforzado luego con un “repo” por 5.000 millones de dólares pactado con la banca transnacional (y garantizado por 12.000 millones de dólares en bonos), sino que el anuncio de Prat-Gay al momento de la “salida del cepo” incluyó un compromiso de liquidación de 400 millones de dólares por día del agro o 2 mil millones por semana, es decir, una liquidación de entre 6.000 y 8.000 millones de dólares para las primeras 4/6 semanas. En los hechos, se liquidaron 6.400 millones, pero el plazo se extendió a 12 semanas.

La contracara de la rápida liberalización cambiaria fue asimismo el aumento de la fuga de divisas: si durante los primeros 11 meses de 2015 se constata que la salida de divisas a través del BCRA (según la cuenta Formación de Activos Externos del sector privado no financiero) arrojó un promedio de 590 millones de dólares, para el mes de diciembre la misma ascendió a 2.024 millones, multiplicando por cuatro el promedio mensual del año.

Finalmente, el gasto público -que durante el kirchnerismo tuvo un importante rol contracíclico- fue abultado por el macrismo para justificar el necesario recorte del mismo. Tal como menciona el diario Clarín el 12 de marzo de 2016, el Ministerio de Hacienda “decidió incluir la deuda flotante tanto dentro de lo que se conoce como resultado primario y financiero del Tesoro”, a la inversa de lo que se utiliza para cálculos de la administración pública. Sobre dicho resultado, eliminó los ingresos provenientes de activos financieros, como las utilidades y adelantos transitorios del BCRA o la Anses. De esta forma, el equipo económico de Cambiemos elevó el 2,5 por ciento de déficit primario, al cuestionado 7. Pero además, la llamativa preocupación del presidente en torno a la magnitud del gasto público confronta con sus propias decisiones: la quita de retenciones al agro, a la industria y a la minería, la eliminación de los impuestos a los autos de alta gama y la devolución de fondos coparticipables a algunas provincias -sumadas a la promesa de reducir la presión fiscal-, constituyen medidas que no hacen más que agrandar el déficit fiscal -en beneficio de unos pocos-. Como contraparte, la eliminación de subsidios a los servicios públicos y la frustrante propuesta sobre la suba del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias de la cuarta categoría son un nuevo ajuste en el ingreso de los trabajadores.

Lejos de la atractiva premisa del “déficit cero”, el gobierno de Macri se dirige hacia la reinstalación del crónico déficit fiscal financiado con endeudamiento externo, práctica cómoda para solventar transferencias al poder económico local, por un lado, y para construir lazos estrechos con la banca transnacional acreedora, por otro, en un ridículo esquema donde se hipotecan las reservas del BCRA cuando precisamente el resultado de la balanza comercial escasea producto de la sostenida crisis mundial y el derrumbe de los precios de commodities.

* Centro de Economía Política Argentina (Cepa).