Un gobierno que desde lo discursivo viene a reivindicar “al campo”. El precio de la leche a los consumidores por las nubes. El precio para los productores que no cubre los costos y miles de tambos al borde de la quiebra. Paradojas con las que, lamentablemente, deberemos convivir en la medida en que continúe avanzando el programa de políticas de ajuste.

La complejidad de la situación por la que atraviesa el sector lácteo en la Argentina se extiende mucho más allá del escenario coyuntural y debe ser analizada en cuatro planos: la situación del mercado internacional, la coyuntura climática, el “salvavidas de plomo” del macrismo y los problemas estructurales.

Con respecto a la evolución adversa del contexto mundial, debe indicarse que el precio de la leche en mercados internacionales pasó de 5042 dólares la tonelada en febrero de 2014 a 2513 en diciembre de ese año y cayó hasta 2082 en julio de 2015. Las causas de esta caída hay que buscarlas en la retracción de la demanda mundial, sobre todo en China y en Rusia. Como correlato de esta situación el precio de las exportaciones argentinas de leche descremada en polvo cayó a 2140 dólares en julio de 2015, desde los 4870 de marzo de 2014. La caída de los precios fue uno de los factores determinantes que hizo que el anterior gobierno adoptara un subsidio de 30 centavos por litro de leche producida a los tambos de hasta 2900 litros diarios. La segmentación de la medida apuntaba a enfocar en mayor modo en los productores tamberos de menor escala.

Sobre este contexto internacional de crisis se ha sumado en las últimas semanas la extensión de las inundaciones, con muchísimo impacto en cuanto a la lechería en particular en la provincia de Santa Fe, y que está afectando sin duda la producción. El impacto de las adversidades climáticas, aunque todavía no puede estimarse con precisión, no debe minimizarse: el Estado debe implementar en forma inmediata asistencia a los productores, considerando en especial que esta inundación ha afectado a un importante grupo de pequeños y medianos productores de manera total, y no solamente parcial. En el marco de la Ley de emergencia agropecuaria promulgada en 2009 existen fondos presupuestarios previstos para estos fines, pero deben considerarse instrumentos especiales e inmediatos para resolver la situación de aquellos que, por ejemplo en el caso de la producción tambera, han tenido que vender sus animales por la imposibilidad de realizar la producción.

La situación internacional y las inundaciones implican circunstancias adversas para la lechería. No obstante, y sin minimizar las penurias que ambas implican, ninguno de estos factores da cuenta de la profundidad de la crisis por la que atraviesa el sector.

La situación obedece, en cambio, al paquete de medidas con las que el Gobierno pretendió beneficiar “al campo”. En efecto, el año 2015 cerró con una producción de leche de 11.216 millones de litros, lo que representó un aumento de 1,4 por ciento respecto de lo producido en 2014. En cambio, ya en el primer trimestre de 2016 el total producido cayó un 3 por ciento con respecto a igual período del año anterior.

A cinco meses de la megadevaluación los productores tamberos siguen esperando el boom de exportaciones que el Gobierno había prometido. Lamentablemente, el primer trimestre de 2016, con apenas 64.810 toneladas exportadas, fue el peor en cuanto a desempeño exportador del complejo lácteo de los últimos ocho años. Hay que decir que los resultados eran previsibles: la combinación megadevaluación y reducción/eliminación de derechos de exportación a la soja y el maíz no sólo no mejoró sino que empeoró sensiblemente la ecuación de costos y con ello empeoró la competitividad.

Los derechos de exportación al maíz abarataban su precio interno, mejorando la competitividad de actividades de mayor valor agregado relativo como la producción porcina, avícola y láctea. Con las medidas adoptadas este diferencial desapareció de un plumazo, implicando un aumento de los costos mayor que el incremento en el precio de venta. Mientras que en el promedio de 2015 la relación de precios entre la leche y el maíz fue de 3,06, en marzo fue tan sólo de 1,18. Por si fuera poco, también se dispararon otros costos de relevancia como el gasoil.

Estos aumentos serían superiores al incremento en el precio de venta aun si el precio de la leche que percibe el productor hubiera acompañado el ritmo de devaluación. Pero previsiblemente -aunque obviado desde el gobierno- este nunca es el caso en sectores como el lácteo.

En primer lugar, si bien el precio de la soja y del maíz reaccionan inmediatamente a la devaluación y la quita/reducción de derechos de exportación, el precio de la leche en cambio lo hace de forma más lenta ya que se enfrenta mayoritariamente a la demanda interna y en consecuencia los aumentos en el precio tienen como correlato -en un contexto en el que implican caída del poder adquisitivo de la población- una disminución de las ventas.

Adicionalmente, dada la estructura atomizada de la producción primaria, que enfrenta una demanda concentrada por parte de la industria láctea y el supermercadismo, las mejoras en el precio final jamás se distribuyen de manera equitativa. La política de comercio interior tiene como uno de sus principales objetivos mediar en esta puja de intereses con el fin de dirimir precios que den sostenibilidad a todo el complejo productivo ya que el mercado lo hace mal y tarde, dejando a miles de tambos en la quiebra. En cambio, el desmantelamiento de la política de comercio derivó en que mientras los precios que el consumidor paga se incrementaron notablemente, los precios recibidos por el productor se estancaron o incluso retrocedieron. Así, el precio promedio de la leche al productor que en 2015 fue de 3 pesos, en noviembre estaba en 2,75 y en febrero de 2016 se ubicó en torno a 2,70. El incremento del subsidio de 30 a 40 centavos es claramente insuficiente para compensar los cambios.

Pero los problemas no acaban allí, porque las medidas de ajuste pegan no sólo en los costos, sino en las ventas. La aceleración generalizada del proceso inflacionario reduce el poder adquisitivo de la gran mayoría de la población y, en definitiva, afecta el consumo hasta de lo más esencial, como es la leche. En otras palabras: cuando la oferta se pueda recuperar (pasadas las inundaciones), la demanda se habrá achicado.

Para finalizar, deben resaltarse las problemáticas estructurales de la lechería en nuestro país. Vale la pena mencionar dos de los elementos más importantes. En primer lugar, la profunda heterogeneidad productiva, que expone una situación de fragilidad estructural de los tambos más chicos o de las cuencas lecheras de mayores costos. Esta fragilidad se manifiesta en un casi nulo acceso al crédito y elevado costo financiero. Ello demanda imperiosamente profundizar el tipo de políticas segmentadas por características productivas y regionales con las que se venía avanzando. De ello depende que el aumento de la producción lechera implique una mejora efectiva para los productores tamberos.

Por el otro, la carencia absoluta de regulación sectorial. La presencia de un marco que permita una activa intervención pública es imprescindible para asegurar precios adecuados a los productores cuando los precios internacionales son bajos y evitar shocks inflacionarios cuando los precios internacionales son elevados. La mayor parte de los países productores de leche cuenta con este tipo de herramientas, siendo nuestro país la excepción a la regla. Lamentablemente, las medidas implementadas hasta el momento no sólo no van en el sentido mencionado sino que afectan, y continuarán afectando de manera dramática al poder adquisitvo de los argentinos y al grueso del entramado productivo nacional.

* Ex secretario de Coordinación del Ministerio de Agricultura - Profesor UBA.

** Ex subsecretario del Ministerio de Agricultura - UBA.