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Las marchas y contramarchas con respecto a las nuevas resoluciones que regirían a partir de abril de 2016 para las tarifas de gas natural para usuarios residenciales y comerciales han generado un clima de confusión plagado de imprecisiones. Una de ellas ha sido el credo común de que las tarifas de gas no habían sido ajustadas prácticamente desde 2004, año en el que en virtud de la pesificación del año 2002 mantenían vigencia respecto a los últimos cuadros tarifarios. Esta creencia ha sido utilizada políticamente para justificar los “tarifazos” bajo el argumento de que la gestión pasada había dejado una suerte de “campo minado”.

Lo cierto es que por muchas críticas que puedan ser realizadas a la política energética implementada en la década pasada, nadie parece querer registrar que tanto en 2014, como desde mayo de 2015 las tarifas de gas sufrieron incrementos de mucha importancia. Por ejemplo para los usuarios de Capital Federal y Gran Buenos Aires los incrementos entre 2008 y 2014 fueron de entre 3 y 7 veces de acuerdo a rangos de consumo según fueran del orden de los 100 metros cúbicos bimestrales o cercanos a los 255 m3 o más. Pero ya en 2008, las tarifas para estos usuarios habían sido incrementadas en 40 y 75 por ciento para los tramos de 200 y de 250 metros cúbicos bimestrales respectivamente, quedando congeladas sólo las de los usuarios de mínimos consumos.

De este modo los incrementos normados en las resoluciones del Enargas del 31 de marzo de 2016 multiplican por 5, por 3,7 y por 2,8 las ya ajustadas en mayo de 2015 bajo la argumentación de que la gestión anterior alentó con su política la desinversión en el sector energético casi de modo deliberado, cuando las cifras muestran que en 2014 los incrementos supusieron en promedio el reconocimiento de una inflación del 30 por ciento anual acumulativo entre 2008 y 2014 como forma de acercar las tarifas a valores más realistas.

Por otra parte la política de aliento a la producción nacional de gas natural se halló en parte desvinculada de la política tarifaria ya desde 2008 y más desde 2013. De hecho la declinación en la producción de gas natural logró casi ser revertida en 2015 gracias a los esfuerzos de YPF quien incrementó la oferta de gas en más de 7 millones de metros cúbicos día mientras que la producción del conjunto de los restantes operadores caía en alrededor de 10 millones de metros cúbicos día.

La suposición de que los bajos precios del gas natural fueron la causa de esa declinación por parte del sector privado no es suficiente. La transferencia de ingresos a los productores de gas ya había sido un hecho desde 2008 con magros resultados y se profundizó también desde 2014 con precios más que razonables.

Un informe de FIEL, muy opositor de la gestión anterior por cierta ausencia de planificación a pesar del supuesto retorno al estatismo populista, expuso la crítica a esta última postura: “…no significa argumentar que la participación privada (empresarial, como una organización distinta al Estado) sea condición suficiente, ni siquiera necesaria, para una distribución de roles que favorezca una asignación eficiente de recursos en pos de minimizar los costos de producción, escoger fundadamente los senderos de expansión del servicio, y en general optimizar la cobertura, calidad y costo social de estos servicios de manera sostenible en el tiempo. Una provisión privada sin un diseño apropiado de responsabilidades, sin una correcta planificación, regulación, contratos, mecanismos de control, etc., fallará tarde o temprano en una o en varias dimensiones (cobertura, calidad, costos, etc.). Una provisión pública donde se definan de forma clara y ejecutable los distintos roles de cada estamento, con suficientes “derechos de propiedad” sobre los beneficios alcanzados bajo una gestión eficiente, por otro lado, puede generar resultados superiores según el contexto en que se aplique (y la opción real alternativa con la que sea comparada).

La enorme y nueva transferencia de rentas que supondrían los nuevos precios de transferencia del gas o Precios de Ingreso al Sistema de Transporte no asegura ni autoabastecimiento, ni exploración de riesgo pues estos mayores precios no se hallan atados a compromisos de inversión en exploración y bien podrán acelerar el agotamiento de las reservas que hoy suplen alrededor del 80 por ciento del suministro medio de gas que demanda el conjunto del mercado argentino.

Si los usuarios o la demanda no pueden afrontar dichos costos, estos incrementos sólo agravan el problema fiscal vía subsidios a los productores. Por el contrario si privara el criterio oficial de que estos precios de estímulo los paguen los usuarios, incluyendo los costos plenos de generación eléctrica transferidos a tarifas, ello afectará la demanda agregada, el nivel del Producto y del empleo, con lo cual tampoco el tema fiscal podrá ser resuelto. Por consiguiente la solución sólo puede resultar de un acuerdo razonable entre los productores petroleros y el gobierno nacional junto al de las provincias respecto a los niveles de producción y precios que son necesarios para salir de un atolladero donde además el problema fiscal agrava el retraso cambiario, a la vez que precios dolarizados para el gas impactaran inevitablemente sobre la inflación en una perversa espiral que atenta contra el conjunto de actores para los cuales disponer de energía es una necesidad.

* Vicerrector de la sede andina de la UNRN, experto en energía.