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Un facilitador de esquemas para evadir. Así describió el ex banquero Hernán Arbizu su actividad dentro del JP Morgan durante la exposición que el 6 de mayo de 2015 brindó ante la Comisión Bicameral conformada para investigar la denuncia por las 4040 cuentas no declaradas de argentinos en el HSBC de Ginebra, Suiza. Las palabras del ex ejecutivo agitaron fuertes cruces entre los legisladores del oficialismo y la oposición, no tanto por su precisión respecto de los diversos mecanismos utilizados por los bancos para captar y fugar —algo que venía repitiendo desde hacía algunos años— sino porque extendió ese mismo rol al entonces legislador y actual ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, cuyo nombre aparecía vinculado a una cuenta no declarada de Amalia Lacroze de Fortabat, a quien le administró por años su fortuna. “En la boca de un mentiroso, la verdad parece mentira”, lo interrumpió el formoseño Ricardo Buryaile parafraseando el dicho popular. Y agregó, “a ver si nos entendemos, este hombre se autoincriminó [...]. Entonces, tengo el derecho a presumir esto y por lo tanto tengo que decirlo. De lo contrario, quienes nos están mirando creen que estamos en presencia de Jesucristo con pantalones”. La respuesta del presidente de la comisión, el oficialista Roberto Feletti no se hizo esperar: “También el contador de Al Capone había cometido delito y la Justicia estadounidense no dudó en utilizar su información para meter preso a Al Capone”.

Lo cierto es que la fuga de capitales ha sido y es actualmente uno de los condicionantes estructurales de la economía argentina. En ese marco, y dejando de lado tecnicismos, la actividad desplegada por el ex banquero Hernán Arbizu podía resumirse básicamente en dos cuestiones centrales: buscar clientes de altísimos ingresos en el Cono Sur y convencerlos de expatriar sus dólares a paraísos fiscales. No lo hacía desde la clandestinidad propia de cualquier actividad fuera de la ley, sino desde una lujosa oficina en la zona de Catalinas, cuartel central de su empleador, el banco estadounidense JP Morgan que, a través de su oficina de Banca Privada, aportaba la ingeniería financiera necesaria para administrar esos recursos en paraísos fiscales o plazas financieras donde el secreto es norma, y creando estructuras societarias para ocultar la titularidad de esos activos.

Por su rol de banquero senior, Arbizu residía tres semanas en Nueva York y una en Buenos Aires, donde llegaba para seducir a potenciales clientes, dentro de los cuales aquellos con dinero fresco obtenido de la comercialización de compañías constituían las presas más apetecibles. En esas artes, era un alumno esmerado del Morgan. De hecho, cuando el 6 de noviembre de 2006 ingresó a la entidad, sus jefes le asignaron las cuentas que estaban empezando a caer o las más complicadas, las de aquellos clientes disconformes con la atención y que amenazaban con retirar el dinero. Logró retenerlas a todas y sumó nuevos clientes. Con una particularidad: casi en secreto, siguió administrando cuentas de su antiguo empleador, la Unión de Bancos Suizos (UBS), gracias a las buenas artes de un banquero amigo.

Su ambición profesional era convertirse en el Jefe de la Unidad de Negocios para Latinoamérica del Morgan, aspiración que estalló por los aires en el mediodía del 6 de mayo de 2008, cuando saltó a la luz su responsabilidad en una estafa piramidal cometida con cuentas que administraba en el JP Morgan y en UBS, entre ellas la de los Acevedo Quevedo, políticos y empresarios paraguayos investigados por sus vínculos con el narcotráfico. Apenas conocido el escándalo, Arbizu cambio su objetivo por uno menos honroso: evitar a toda costa la extradición a los Estados Unidos, que en tiempo récord emitió una orden de captura internacional a Interpol.

La estrategia diseñada por sus abogados, y que desde entonces siguió casi al pie de la letra, era bastante simple: presentarse ante la justicia local, aceptar su responsabilidad en los hechos que se le endilgaban pero en el contexto de una conducta sistemática desplegada por la oficina local del JP Morgan para fugar y administrar en el exterior algunas de las principales fortunas del país. Aportó documentos extraídos de su oficina en el cual constaban números de cuenta, montos en dinero, información sobre transferencias de fondos a paraísos fiscales y nombres propios de la cúpula del poder económico nacional, en su mayoría clientes de la entidad. En dinero, tenía consigo datos de unas 469 empresas y personas físicas que representaban alrededor de 5000 millones de dólares fugados irregularmente del país. De esos listados, el 99 por ciento de los involucrados en presuntas maniobras de lavado de dinero eran argentinos, y el resto chilenos. Casi todos eran clientes suyos. En la carpeta sobresalían empresas de todo tipo y color. La azucarera Ledesma y sus dueños, el Grupo de medios de comunicación y servicios Clarín y todos sus directores, empresarios del sector eléctrico, emprendedores inmobiliarios, industriales, empresarios del agro nacional como Bunge y hasta familias patricias históricamente sospechadas de delitos económicos, como el clan Fortabat.

Entre el material aportado a la justicia federal sobresale el teléfono móvil corporativo que utilizó hasta el momento de su caída. La pericia realizada por Gendarmería reveló la existencia de 117 correos electrónicos fechados entre el 1º y el 6 de noviembre de 2008. Los correos incluían nombres de empresas que operaban en el Morgan (Clarín, Costantini, los dueños del Hotel Hyatt y buena parte de la lista presentada ante el juez Sergio Torres), transacciones de lavado vía back to back, guerras entre ejecutivos por captar nuevos clientes, y detalles sobre negocios realizados usando paraísos fiscales. Además, quedaba al descubierto algo fundamental para su supervivencia y credibilidad: conversaciones y cruces de mails que confirmaban el vínculo fluido de Arbizu con los altos mandos del banco y sus súbditos.

En los mails, todos de uso interno y confidencial, se incluían detalles concretos de una operación de lavado de dinero tipificada en las normas globales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

A ocho años de su auto—denuncia, ninguno de los jueces que intervinieron mostró demasiado interés en el asunto, al punto que las causas abiertas estaban casi sin movimiento. En ese contexto, el 16 de junio pasado personal de la Policía Federal lo detuvo con fines de extradición. El ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich dio a conocer la noticia como si se tratara de la captura de un prófugo intensamente perseguido, cuando en realidad se encontraba en el mismo domicilio de siempre. En realidad, la entrega a las autoridades estadounidense había sido pactada casi seis meses antes entre su abogado y la Fiscalía de Nueva York: a cambio de una reducción en la pena el ex ejecutivo colaboraría en la investigación sobre ilícitos financieros cometidos por los bancos donde trabajó. A las autoridades les interesa además, conocer de primera mano lo que tenga para decir respecto a la contribución de JP Morgan en la caída del gigante financiero Lehman Brothers, aspecto que fue investigado por el senado estadounidense. Una semana después de su detención, agentes del FBI lo escoltaron en el vuelo a Nueva York. El mismo día de su llegada compareció ante un juez y al día siguiente, expuso durante cinco horas ante un fiscal neoyorkino.

A punto de abordar el vuelo a Nueva York, se cruzó en el VIP de Ezeiza con su antiguo colega Prat-Gay. “Lo bueno de esto es que nos vamos a volver a ver”, le dijo el primer banquero arrepentido que filtró al sistema a su ex colega en la banca especulativa.