El presidente Mauricio Macri y sus funcionarios dijeron varias veces que la inversión externa es central en su estrategia económica. Las críticas llegaron en general por la idea de “lluvia” de esas inversiones, que no ha sido tal, apenas garúa, hasta ahora. Pero aun cuando los capitales externos llegaran en la forma meteorológica con la que sueña el gobierno, nunca alcanzarían el rango de factor clave del desarrollo nacional.

En el reciente foro de inversiones y negocios hubo muy pocos anuncios y promesas de inversiones, entre ellos los de Siemens –el más importante–, del Ex Im Bank de Estados Unidos o, entre pocos otros, de Pan American Silver, que de paso pareció ignorar una traba jurídica para su obra de minería a cielo abierto en Chubut. Sin embargo, los anuncios del foro reunido en el Centro Cultural Kirchner (nuevos, por apenas algo más de 7000 millones de dólares; más otros que computa el actual gobierno pero que negoció el anterior por 30 a 40 mil millones) deberían multiplicarse varias veces para mover el amperímetro de la economía. Es decir, no es sólo que no se verifica tal “lluvia” de inversiones, por razones globales de un mundo en honda crisis, y locales por incertidumbre en el manejo económico, sino que en el caso de existir tampoco la historia económica las revalida como llave para el desarrollo productivo. De todas sus “externalidades”, la mayoría son más bien inquietantes.

Según el último informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, de 2014, las inversiones extranjeras directas (IED) en la región sumaron 160 mil millones de dólares. Contra un PIB regional de casi 6 billones, suponen menos de 3 por ciento de la capacidad productiva. Las IED, o sea inversiones no financieras, caen cada año desde la crisis mundial de 2008. Ese 2014, por ejemplo, retrocedieron 13 por ciento contra 2013, dice la CEPAL, que también informa que para las grandes economías (Brasil y México) la relación con sus PIB es de apenas 1,5 y 2,0 por ciento, respectivamente, y sólo en países muy pequeños o insulares, como República Dominicana o Trinidad y Tobago (en el primer caso por turismo, en el segundo por gas) esa ecuación puede ser de dos dígitos y significativa. Lo mismo sucede a nivel global. Para las grandes economías, el peso de las IED en sus respectivos Productos es menor; sólo en las muy chicas, algunas casi enclaves, es relevante, por ejemplo Luxemburgo o Singapur, pero en ambos casos por flujos financieros y en tanto guaridas fiscales.

En cuanto a las utilidades que giran a las casas matrices, dice la CEPAL que “las rentas de las IED seguían constituyendo en 2014 la principal partida negativa de cuenta corriente para la mayoría de las economías” latinoamericanas, con lo cual contribuyen al déficit externo que sólo puede compensarse si hay un buen nivel de exportaciones y un saldo comercial positivo (en el caso argentino, como durante el kirchnerismo prácticamente en todo su ciclo) o con deuda (como comenzó a hacer el macrismo).

En 2014, las rentas giradas desde América Latina a sus accionistas por las IED fueron de 80 a 100 mil millones de dólares, es decir, nada menos que la mitad de lo invertido. Y agrega por eso la CEPAL: “La IED no es una fuente de capital gratuito, y por lo tanto los países deberían dirigir estos flujos a proyectos con capital de transformación de su estructura productiva”. Todo ello, con el agravante además de que muchas veces se computan como “inversiones” compras de activos ya existentes o fusiones, que no agregan divisas frescas a una economía donde ya funcionaba la empresa con los anteriores dueños, que asimismo reinvertían casi la totalidad de la renta en el territorio nacional (en teoría, si no fugaban).

Otra externalidad dudosa es el impacto ambiental. Más, porque el grueso de las IED recientes en América Latina se dirigió a minería, y según el estudio citado esa actividad emite cinco veces más gases de efecto invernadero por cada dólar invertido que el promedio de las otras actividades productivas.

Sobre aporte al fisco, si bien las multinacionales son cuidadosas en las formas, suelen evadir y eludir el pago de impuestos mediante precios de transferencias y adulteración de valores de exportaciones e importaciones.

En términos de empleo, se sabe largamente que el grueso del mundo laboral de un país (cualquiera sea, salvo un enclave) lo proveen las pymes y las empresas nacionales. Un trabajo de Daniel Azpiazu, Pablo Manzanelli y Martín Schorr (proyecto PICT, 2011) indica que para una base 100, una unidad de producción de empresas nacionales demanda 196 puestos de trabajo promedio, mientras que en una IED ese requerimiento baja a 76. Por otro lado, las inversiones extranjeras suelen ir a sectores más competitivos, que en Argentina coinciden con actividades de poco impacto laboral relativo. Dice al respecto Alejandro Fiorito: “En general las IED de la región viene a actividades con poca demanda de mano de obra (energía, petróleo, minería). Desde la década de 1990 su foco es paliar divisas, cuando en un esquema de desarrollo nacional serían importantes para obtener tecnología que no disponemos”.

Justamente en materia de transferencia de tecnología puede observarse un impacto neto positivo en las IED, acaso el único, que ha servido a muchos países en su proceso de desarrollo. En el resto de lo visto aquí, con todo lo bienvenidas que son las inversiones productivas –no las financieras especulativas y de saqueo directo– no alcanzan para potenciar una economía como la argentina. Que además, debe señalarse, ya está muy extranjerizada (321 empresa foráneas sobre las 500 más grandes del país según el último dato del Indec, con algo de mejora durante el kirchnerismo, pues para el año 2003 eran 340, pero sin un cambio de fondo). Y en la cual el Plan Productivo Nacional 2015/2020 lo dirige un ministro que en su paso por la actividad privada lo hizo en una AFJP y dos bancos extranjeros.