Esta semana el Indec informó que 13,8 millones de argentinos se ubican por debajo de la línea de pobreza. Tal cifra merece varias lecturas que, por distintas vías, tienden a cuestionar su consistencia y veracidad. La cifra declarada apunta a desvincular a la pobreza del nivel de empleo. El propio Indec dirigido por Jorge Todesca había medido la tasa de desempleo abierto a fines del 2015 en el 5,8 por ciento. Esto arroja que, al final del ciclo kirchnerista, casi 1,2 millones de argentinos no tenían trabajo. Este número, comparado con los 13,8 millones de personas ubicadas por debajo de la línea de pobreza, abre el primer interrogante.

Vale recordar que entre 1994 y 2006, la Argentina mantuvo un desempleo abierto de dos dígitos, fluctuando en un promedio del 14 por ciento. A partir de ese año, y hasta la citada medición de 2015, osciló en un dígito, con un promedio aproximado al 7,5 por ciento. Sin embargo, según el índice anunciado, hay más pobres hoy que antes de esos nueve años de desempleo bajo.

Este razonamiento es absolutamente funcional a la política macroeconómica del gobierno de Cambiemos, cuyo objetivo esencial es bajar la inflación, aún a costa de aumentar el desempleo. Si no hay vínculo entre los niveles de empleo y los de pobreza, bajar el desempleo no constituye entonces un objetivo central.

Es muy difícil imaginar que después de 12 años de negociación salarial colectiva sin restricciones y con una tasa de desempleo de un dígito, el salario no haya experimentado una fuerte recuperación en términos reales, reduciendo sensiblemente los niveles de pobreza. Pero, además, es necesario agregar las políticas de regulación de precios y ampliación de la cobertura social, que conformaron un piso de ingresos que impulsó el salario formal al alza.

En este punto debe preguntarse cuál fue el mercado de trabajo con que se cerró en 2015 el período del gobierno anterior. Los argentinos en condiciones de trabajar eran 20 millones. Los asalariados formales, sumados los integrados al sistema previsional único y los empleados públicos provinciales y municipales no incorporados, alcanzaban la cifra de 10 millones. Los inscriptos en la AFIP como trabajadores autónomos, es decir, contribuyentes de alto poder adquisitivo, sumaban 3 millones. En consecuencia, sobre el total de habitantes en condiciones de trabajar, dos tercios (13 millones) estaban plenamente integrados a la economía formal.

Los 7 millones restantes padecían distintos grados de informalidad. Los monotributistas, que acceden al sistema previsional y de obras sociales pero deben negociar individualmente su remuneración, llegaron a ser 2,5 millones de inscriptos, a fines del año pasado. Si descontamos el casi millón de personas que se definen como desempleados voluntarios, en su mayoría amas de casa y estudiantes universitarios, vamos a encontrarnos con el núcleo más duro y más complicado de personas sin acceso a fuentes de trabajo, que constituyen los 3,5 millones de desocupados y subocupados.

Resta conocer cuáles fueron los alcances de las políticas de ingresos sobre aquellos segmentos de la población que por razones de edad no trabajan (adultos mayores, niños y adolescentes). Tales políticas son la cobertura previsional y el salario familiar, además de aquellos componentes que refuerzan los ingresos populares, como los planes de asistencia social, los subsidios a las tarifas de servicios públicos, a los medicamentos y, por último, las regulaciones públicas sobre los precios de la canasta de alimentos (conocidos como “salario indirecto”).

Al respecto, el gobierno kirchnerista fue potente en cuanto a ampliar la cobertura de la previsión social, dotando de un haber previsional al 95 por ciento de los trabajadores en condiciones de acceder a ese beneficio. En el otro extremo de la pirámide etaria, amplió la base de niños y adolescentes beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo. Asimismo, desplegó una amplia gama de subsidios a consumos esenciales como la energía, el transporte y los medicamentos, además de regular los precios de los alimentos de tal modo que el consumo de harinas, leche y carnes alcanzó niveles récord en ese período.

Es claro que, si después de una década de desempleo de un dígito, políticas de cobertura social amplia y regulación estatal sobre bienes esenciales, el saldo arrojado es que un tercio de los argentinos se ubica por debajo de la línea de pobreza, se pretende demostrar el fracaso de las políticas de regulación estatal para combatir la pobreza. Pero, sobre todo, que el pleno empleo no es un objetivo a alcanzar en procura del descenso de la misma.

El objetivo consiste en instalar la idea de que el libre mercado y la baja inflación son suficientes para la contención social de estos tiempos. Es imperioso rebatir esta conceptualización, que constituye uno de los pilares en los que se sustenta el sentido común neoliberal.

* Secretario de Hacienda de La Matanza.