Debemos evitar que nos den lecciones de lo que hay que hacer quienes han provocado el peor colapso de la Argentina en 100 años”, disparó Roberto Lavagna en el encuentro de los disidentes de la Unión Industrial, en Rosario, liderados por Paolo Rocca, pope del Grupo Techint. En ese mismo mitin, Carlos Tomada agarró esa lanza y dijo lo mismo con nombre y apellido: “No puede ser que los mismos que nos condujeron a esta crisis sigan profetizando y dando lecciones. Son los economistas de FIEL y CEMA, como (Daniel) Artana, (Juan Luis) Bour, (Pablo) Guidotti, (Jorge) Avila y (Miguel Angel) Broda”. Ya se hizo costumbre en el Gobierno el entretenimiento apunten al muñeco neoliberal. Para el comienzo de una gestión resulta imprescindible marcar la cancha para saber cuáles serán las reglas de juego. Incluso resulta esclarecedor señalar a los responsables de tantos infortunios para evitar confusiones. Pero el abuso de esa estrategia no es buen camino. Para denostar la década del ‘90 ya se han anotado historiadores, analistas, periodistas y hasta incluso algunos conversos destacados. A esta altura, los funcionarios con responsabilidad de gestión tienen que empezar a mostrar en hechos concretos que no son lo mismo. Si no corren el riesgo de transformarse en pichones de la especie en exilio Cavallo irascible que, como bien se sabe, no termina bien. Lo importante, después del período inicial de docencia sobre lo que pasó y el papel de sus exegetas, es que el discurso vaya de la mano de medidas para enterrar en la práctica a la década del ‘90.
Hace un mes Cash publicó una oportuna investigación del periodista Fernando Krakowiak referida a la continuación de la lógica de la flexibilización laboral en los convenios colectivos por empresas homologados por el Ministerio de Trabajo durante este año. Tomada repitió en varias oportunidades que no está en sus planes impulsar una reforma laboral. En el actual contexto de elevada desocupación y empleo en negro lo que se necesita es una contrarreforma para archivar cláusulas abusivas incorporadas en los cambios sucesivos a la legislación laboral durante el menemismo. Las críticas a los efectos de precarización de las alteraciones a la Ley de Contrato de Trabajo, que en algunos casos violan derechos consagrados en la Constitución, son pura retórica si no se avanza en la tarea de alterar la arquitectura montada para la sobreexplotación de trabajadores.
El argumento de la cartera laboral referido a que los convenios colectivos son una negociación autónoma entre las partes y que su rol se limita a homologarlos es una interpretación excesivamente restrictiva de su papel. En el análisis de 75 acuerdos firmados este año entre sindicalistas y empresarios, Krakowiak detectó la permanencia de las siguientes cláusulas de flexibilización:
n La empresa puede disponer del trabajador para cualquier tipo de tarea, en turnos rotativos y jornadas que pueden alcanzar las 12 horas diarias.
n Esas largas jornadas se pueden realizar siempre que el promedio anual no exceda las 8 horas por día. De esa forma, se evita pagar horas extra.
n El tiempo para almorzar se divide en dos fracciones de 15 minutos. En algunos acuerdos ni siquiera se lo considera parte del horario de trabajo.
n Los períodos de prueba se extienden hasta seis meses y las vacaciones se otorgan fraccionadas en cualquier momentos del año.
Esas son algunas cláusulas abusivas propias de los ‘90 que se siguen convalidando desde el Ministerio de Trabajo. En esta instancia no ha ingresado en la discusión las remuneraciones que, dada la elevada desocupación y las condiciones de precarización, no mejorarán si no se envían señales contundentes desde el Gobierno en relación a que aspira a una recuperación acelerada de los salarios. Por lo pronto, en el Presupuesto 2004 se ratifica que los empleados públicos seguirán con los sueldos congelados. Es cierto que en algunos acuerdos del sector privado,como en el de metalúrgicos, se han definido mejoras pero son muy tímidas en relación a la licuación padecida.
En ciertos análisis sobre el mercado laboral no falta el comentario cínico que plantea que es mejor tener ese tipo de trabajo a no tenerlo. Y que una labor en condiciones de flexibilidad extrema es preferible a estar desocupado. Convalidar esa dinámica implica ingresar en una lógica de degradación del trabajador, condenándolo a vivir en condiciones de precariedad. Una persona que quiere trabajar no sólo es violentada cuando no consigue conchabo y es castigada así en su autoestima. También es agredida cuando le ofrecen sueldos de 300 a 400 pesos, sumas indignas cuando la canasta básica que mide el umbral de pobreza se ubica apenas por encima de los 700 pesos.
Si el Gobierno quiere recuperar al Estado como actor activo en las relaciones laborales debe utilizar herramientas de protección para el sector más débil de esa ecuación, que es el de los trabajadores. Más allá de los sindicatos, que a veces defienden pero en otras parece que juegan para las empresas, Trabajo tiene la oportunidad de retomar las facultades de regulación e intervención archivadas en los ‘90. En esa instancia, en realidad, lo que se empezaría a discutir no sería solamente una u otra cláusula de flexibilización laboral, sino la clave que probaría que no son lo mismo que el elenco de economistas ahora denostado de la década pasada: la alteración de un patrón regresivo de distribución del ingreso.
Y en cuanto a los economistas neoliberales, Lavagna y Tomada no deberían actuar como censores, tarea que no les cabe bien, y no dar más de lo que el pito vale: ya se sabe que esos profesionales del lobby tienen como vocación realizar pronósticos errados.