La primera reacción, visceral, es de euforia; de que por lo menos una vez habría justicia. A cualquiera que se le pregunte si está de acuerdo con que la deuda externa se pague con el dinero robado durante la década menemista, la respuesta inmediata será de aprobación fervorosa. Esa sensación de placer de imaginar cómo dólares mal habidos son recuperados no debe ser reprimida. Pero la cuestión requiere de un abordaje diferente al de la pasión justiciera porque se corre el riesgo de terminar beneficiando a otros buitres.
El tema adquirió relevancia a partir de la inhibición en Estados Unidos de dos cuentas de la quebrada Correo SA, del Grupo Macri, por parte del juez Thomas Griesa. Esa acción fue promovida por el abogado argentino radicado en ese país, Guillermo Gleizer, quien representa a un fondo ignoto denominado Macrotecnic, poseedor de títulos argentinos en cesación de pagos. Desde mediados del año pasado ese personaje se postula como el paladín de la lucha contra la corrupción. Plantea que él sabe pero no quiere revelarlo dónde está depositado el dinero de la coima del caso IBM Banco Nación, de las cuentas de María Julia Alsogaray y de otros funcionarios cuestionados del menemismo. Quiere que el Gobierno lo ayude en esa cruzada para que los dólares rescatados sean utilizados para cancelar deuda en default. Aquí se plantea la cuestión: ¿De quién es ese dinero? ¿De los acreedores o de toda la sociedad argentina? ¿Por qué esos dólares tienen que ir a bolsillos de inversores que apostaron y perdieron? Más allá de que sea cierta o no la posibilidad de recobrar ese dinero, resulta interesante esa discusión porque permite evitar confusiones. También sirve para precisar las diferentes responsabilidades en el proceso de endeudamiento. Que ese dinero sea considerado como parte de un acto de reparación para acreedores es poner a esos actores en un casillero equivocado. Quienes compraron los bonos no son las principales víctimas de los años de saqueo en Argentina, en todo caso fueron cómplices, conscientes o involuntarios, de un modelo de rapiña. Modelo que sólo podía sostenerse con la colocación creciente de bonos de deuda, cuyo final no podía ser otro que el default.
El antecedente de Perú, que recuperó unos 70 millones de dólares del monje negro del gobierno de Fujimori, Vladimiro Montesinos, depositados en Suiza, alienta la campaña de búsqueda de dinero de la corrupción del menemismo. Quienes de buena fe suscriben la idea de pagar la deuda por la vía de dejar actuar a los fondos buitres en esa tarea sostienen que es la única manera de rescatar esos dólares. Descreen que jueces argentinos quieran avanzar sobre cuentas de importantes personajes de la política porque no tienen vocación de molestar a quienes fueron sus padrinos en los ‘90. Delegando ese trabajo en abogados y jueces de Estados Unidos, aseguran, existen más chances de lograr el objetivo. Si así fuera, ¿no resulta riesgoso ceder la soberanía jurídica y de administración de recursos públicos con tal de sentir ese dulce sabor de vaciarles las cuentas a corruptos? Lo que puede considerarse “justo” en este caso termina avalando la pérdida de la soberanía jurídica, y así también lo pueden interpretar jueces del exterior en las demandas de privatizadas contra Argentina por la pesificación y congelamiento de tarifas.
En el tema de la deuda no hay que confundir las víctimas. Los tenedores de bonos en default estuvieron tentados por tasas de interés elevadas y, al asumir ese riesgo, perdieron. Y si bien no se puede pretender que asuman ese quebranto haciendo una fiesta, tampoco merecen miradas de compasión. Las víctimas de ese proceso fraudulento de engordar la deuda están a la vista de quien quiera ver: una sociedad cruzada por la violencia de la pobreza y la marginación.
De todos modos, aquellos bien pensados que quieren echar mano al dinero de argentinos en cuentas de Suiza o de Estados Unidos tienen otra herramienta más interesante que la que muestra Gleizer. Se sabe que la deuda seguirá siendo una carga pesada incluso en el caso de que los acreedores acepten la quita del 75 por ciento. Los pasivos externos seguirán por encima de los 110 mil millones de dólares. Ante un problema que seguirá presente pese a que la deuda se reducirá a ese monto, resulta imprescindible precisar quién tiene que pagarla. Esto abre un desafío atractivo para que el peso de la deuda no recaiga nuevamente sobre los más débiles. Se estima que el dinero en efectivo, activos financieros e inmuebles de argentinos en el exterior asciende a un monto que va de 140 a 160 mil millones de dólares. Esa fuga de capitales ha sido la contracara de la monumental deuda que se supo conseguir. Entonces, si existe voluntad política Argentina puede avanzar, como lo hizo México con Estados Unidos, en convenios impositivos con los países en donde están esos activos para alcanzarlos con gravámenes a la riqueza. Y lo recaudado destinarlo al pago de la deuda.