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Primer acto
Jorge Remes Lenicov propone pesificar las deudas superiores a 100 mil dólares con un esquema de conversión a un valor de 1,40, la misma paridad aplicada a los depósitos. La presión de los poderosos lobbies empresarios lo convenció de que era mejor la conversión 1 a 1, derivando en una pesificación asimétrica con un costo para el fisco de unos 14 mil millones.

Segundo acto
Remes Lenicov fija el dólar a 1,40 peso por unidad, prometiendo marchar hacia la flotación cambiaria después del apoyo financiero del FMI. La oposición del Fondo a entregar un paquete de auxilio hasta que no haya un mercado libre de cambio lo terminó de persuadir de romper esa paridad inicial, abriendo las puertas para una disparada del dólar hasta 2,50 pesos, cotización que provoca una impresionante transferencia de ingresos hacia sectores económicos muy concentrados.

Tercer acto
Remes Lenicov menciona, hasta hace una semana, la cuestión de la “seguridad jurídica” cuando se refiere a los contratos alterados por la devaluación y las restricciones al retiro de depósitos del sistema bancario. La preocupación manifestada por el FMI, Estados Unidos & Cía. por la suerte judicial de varios banqueros locales y extranjeros lo iluminó sobre cuál debería ser su verdadero motivo de intranquilidad cuando se trata de la seguridad jurídica. Propuso, entonces, derogar la ley de Subversión Económica, norma que jueces utilizan para investigar el comportamiento de ciertos banqueros.

¿Cómo se llama la obra?
Chasman y Chirolita.

Tiene una cadencia suave, respetuosa y académica cuando se incorpora a la discusión esa cuestión de la seguridad jurídica en medidas que pueden afectar a sectores del poder económico. En cambio tiene una resonancia brusca, indiferente y trivial cuando se refiere a aspectos que involucran a la gente común, a trabajadores y jubilados. Resulta tan obscena esa diferenciación que llama la atención semejante desparpajo cuando se escucha a funcionarios y empresarios mencionar el caballito de batalla de la “seguridad jurídica” para defender sus privilegios. Esa republicana cualidad de respetar los marcos contractuales queda subordinada al interés supremo de “cuidar la estabilidad” cuando el ajuste pasa por la rebaja salarial a empleados públicos y de haberes de los jubilados o por retener el dinero en el corralito.
No se trata de inseguridad jurídica, en cambio, las constantes violaciones de decretos y resoluciones que obligan a las petroleras a mantener en línea los precios locales a los internacionales. Durante la década del ‘90, a partir de la desregulación del sector, las petroleras contabilizaron una ganancia extraordinaria de 4500 millones de dólares por no cumplir con la ley. Esa inseguridad jurídica la pagaron los consumidores.
Tampoco era motivo de protesta del FMI por la inseguridad jurídica que implicaba la violación de la ley de Convertibilidad por parte de las privatizadas, al indexar tarifas por la inflación de Estados Unidos, medida establecida por decretos o resoluciones redactados en sospechosas negociaciones. En el período 1991-2000, las privatizadas embolsaron 9 mil millones adicionales por esa indexación “ilegal”. Esa inseguridad jurídica también la pagaron los consumidores. Como nunca en los últimos años, el FMI mostró su abierta injerencia en aspectos que no tienen nada que ver con variables macroeconómicas, que son teóricamente lo que le importa de un “plan sustentable”. Al reclamar la derogación de la controvertida ley de Subversión Económica, el Fondo reveló cuál es su interesada preocupación por la seguridad jurídica de un país.