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El ministro de Planificación, Julio De Vido, la resume como “la situación”. El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, es un poco más atrevido y le dice “el problema”. El ministro de Economía, Roberto Lavagna, es más personal al señalar que “a mí no me hicieron caso y, por lo tanto, yo no tengo nada que ver con lo que pasa”. Lo que pasa es que la situación que pone en problema al Gobierno es que existe una crisis energética. Según el Diccionario ideológico de la lengua española, de Julio Casares, crisis significa, entre otras definiciones, “momento decisivo o difícil”. El momento con la provisión de gas y luz es difícil y eludir la palabra crisis agrega confusión. Puede ser que para el singular diccionario de gestión de gobierno, de especulaciones laberínticas, crisis se traduzca en debilidad. Los consumidores de gas y electricidad, en cambio, sólo perciben debilidad cuando se trata de maquillar la crisis. Y más aún cuando comprueban el ejercicio de la política del tero, que para despistados se aclara que consiste en el ejercicio de gritar en un rincón para poner el huevo en otro.
La crisis energética se dispara con la maniobra oligopólica de retención de la oferta, en pleno verano, para forzar una suba de las tarifas, con vigencia plena a partir del invierno cuando aumenta la demanda. Objetivo que ha sido conseguido por las petroleras. Lejos quedó la promesa de que la cuestión tarifaria se trataría junto al resto de las variables del servicio, entre las que se mencionaban la rentabilidad, los niveles de inversión y la calidad de la prestación, para luego definir en la última etapa los nuevos contratos con las privatizadas. Con el llamado “Esquema de normalización de los precios de gas natural en punto de ingreso al sistema de transporte para el mercado interno” se determinaron valores de referencia finales en el precio del gas hasta el 31 de diciembre de 2006 para los usuarios industriales y residenciales.
La discusión sobre el nivel tarifario quedó subordinada así a la provisión del fluido, en un escenario de escasez provocado por la falta de inversiones en los canales de transporte. El riesgo de interrupción del abastecimiento logró entonces el disciplinamiento de los consumidores, que ante la eventualidad de cortes o en algunos casos para minimizarlos se han resignado a aceptar ajustes de las tarifas. De ese modo se ha avanzado en definir una nueva estructura de precios para el gas sin otro justificativo que acercarlo al precio internacional. En el cronograma de aumentos se define que el precio de gas en boca de pozo se incrementará en un ciento por ciento a julio de 2005. Subas que también terminarán impactando en los usuarios residenciales, estableciendo que a fines de 2006 esas tarifas se incrementarán poco más del 30 por ciento.
En ese “esquema de normalización” los ajustes serán revisados por las partes si el promedio móvil diario de 30 días del tipo de cambio difiere en más o en menos de un 15 por ciento de un valor de referencia. Esto implica la redolarización indirecta de las tarifas luego de su oportuna pesificación con la Ley de Emergencia de Duhalde. Esto muestra el éxito de la presión del oligopolio petrolero para que los precios internos de la producción de hidrocarburos y sus derivados se equiparen a los de exportación expresados en valor dólar. Lo que significa una apropiación privilegiada del excedente económico a expensas del resto de los sectores a los que se les transfiere las distorsiones de un mercado oligopólico.
Dentro de esas distorsiones se destaca la no aplicación de retenciones a las exportaciones de gas, a pesar de que la mencionada Ley de Emergencia estableció ese impuesto sobre las ventas externas de hidrocarburos. Luego un decreto excluyó a las de gas sin justificativo económico razonable, salvo el de cuidar las cuentas de las petroleras. Al respecto, vale recordar que hace poco más de un mes el Gobierno dejó trascender que tenía la idea de fijar retenciones a las exportaciones de gas, iniciativa que tuvo amplia difusión y luego quedó fuera del acuerdo con las gasíferas. Incluso se sostenía que ese dinero adicional iba a alimentar el fondo fiduciario para la construcción de nuevos gasoductos. En la presentación del Plan Premios y Castigos al consumo de gas y luz, el secretario de Energía, Daniel Cameron, reveló que los cargos adicionales por mayor consumo “tienen por objetivo ir a los fondos fiduciarios para el desarrollo del transporte”. A ese fondo irá dinero de consumidores dispendiosos y nada de la renta extraordinaria de las petroleras.
El aumento y redolarización de tarifas, la ampliación de la desregulación del mercado al crear la figura de los Nuevos Consumidores Directos del sistema gasífero, la financiación de parte de las inversiones para superar las deficiencias estructurales con dinero de los consumidores, el archivo de las retenciones a las exportaciones de gas y los incentivos a la autolimitación de la demanda son las medidas del Gobierno tendientes a resolver la crisis energética. ¿Dónde puso el huevo el tero?