Existe la tendencia de ir de un extremo a otro sin escala, característica que tiene sus razones ante las experiencias recientes. Esa ciclotimia también funciona como profecía autocumplida. La descripción sociológica de ese comportamiento, sin embargo, no es suficiente para explicar padecimientos pasados y presentes. Aquellos que buscan exacerbar señales de alerta, que se han disparado sin duda, apuntan a recuperar espacios de poder perdidos ante el fracaso del neoliberalismo. Por otro lado, miembros del Gobierno, que intentan minimizar las dificultades, repiten esa estrategia absurda de negar la realidad cuyo mayor exponente en la década del ‘90 ha sido Domingo Cavallo, abrazando la convertibilidad como salvavidas de plomo. En esta última semana se repitieron esos espasmos de unos y otros con los indicadores de producción industrial. Antes había sido con la crisis energética. Fue Néstor Kirchner quien, finalmente, llamó a las cosas por su nombre. O sea, crisis energética, cuando antes integrantes del gabinete la denominaban “la situación” o “el problema”. Cuando se asumen y se definen con precisión las dificultades es cuando se pueden encontrar soluciones para reducir costos, no para evitarlos, que es la fantasía que varios se tientan a transmitir a la sociedad. Ahora bien: superada la resistencia del espejo, la clave pasa por ver quién paga esa crisis.
Que habrá costos por la crisis energética es indudable. Incluso han sido cuantificados a nivel de las cuentas públicas por Roberto Lavagna: 2098 millones de pesos. Monto que no incluye la pérdida de recursos por la previsible merma de 1 a 1,5 punto del Producto Interno Bruto por las restricciones en la provisión de gas. Con los números del ministro, la falta de inversiones de las privatizadas y la retención de la oferta por parte de las petroleras al tapar pozos, según la descripción que realizó el propio Presidente, serán cubiertos con el 27 por ciento del excedente obtenido por el fisco por encima de las metas establecidas con el FMI.
Esta crisis mostró que resulta indispensable la intervención del Estado en un sector donde el mercado no puede resolverla sin provocar descalabros de proporciones, como lo revela el modelo de privatización y desregulación de los ‘90. Lo que no resulta tan evidente es si la forma en que el Estado ha distribuido ese costo ha seguido criterios de equidad. Si las petroleras y privatizadas tienen la responsabilidad que le asigna el Gobierno en la actual debilidad energética, su aporte en este caso no parece significativo. Más allá de fijar límites a la apropiación de superrentas que implica la aplicación de retenciones a las exportaciones o la de congelar los precios de las naftas y el plan de la garrafa social. Son medidas que intervienen en la distribución de rentas extraordinarias, que, con o sin crisis, tienen su lógica de política económica en un contexto de fragilidad social.
En cambio, las cuestiones estructurales, como las iniciativas para evitar el colapso en la provisión de energía, son asumidas en las cuentas del Estado, con más precisión en la subcuenta del ministro Julio De Vido. Esos 2098 millones de pesos equivalen al doble del dinero asignado a los aumentos de las jubilaciones y pensiones mínimas. Ajustes, como el de los docentes universitarios y empleados estatales que vinieron a sacarlos del freezer, son un bienvenido cambio de tendencia. Pero dejan en evidencia en esa comparación que su monto no es de magnitud dado el histórico retraso al que fueron condenados esos sectores.
Luego de años de desmanejos fiscales, la política “pesito a pesito se va formando el montoncito” que Kirchner definió para su Gobierno no parece desacertada. El tema pasa por cómo se distribuyen esos pesitos. Y un aspecto que todavía no se ha abordado es cómo se consiguen esos pesitos. Aquí surge una asignatura pendiente del Gobierno, que Lavagna reiteró enmás de una oportunidad que no forma parte de su agenda: la reforma de una estructura tributaria marcadamente regresiva.
La regresividad del sistema tiene su origen en la fuerte incidencia que tienen en su estructura los impuestos al consumo como el IVA, combustibles, internos y aranceles. En cambio, los claramente progresivos, como Ganancias de las personas físicas, Bienes Personales y otros tributos patrimoniales, tienen una participación menor. Además, del disparate de mantener excluida a la renta financiera de Ganancias. Los especialistas Jorge Gaggero y Juan Carlos Gómez Sabaini sostienen que ese desbalance entre la tributación indirecta y directa, además de producir una inequitativa distribución de la carga, afecta a la solvencia fiscal y a la propia legitimidad del sistema. Esto último viene dado, precisaron esos economistas, porque la mayoría de la población percibe la injusta distribución de las responsabilidades en el financiamiento del gasto público.
En ese sentido, en la actual crisis energética, esa distribución de responsabilidades –en dinero– no se presenta con una tintura parecida a la de la justicia.