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En estos días de guiños a los acreedores defolteados y la tendencia a abordar la problemática de la deuda desde una perspectiva ahistórica, un reciente documento preparado por el economista Saúl Keifman acerca un poco de aire fresco a la contaminación que emana de las chimeneas del mundo financiero. Deudas, distribución y crecimiento es el trabajo de este investigador del Conicet, profesor de la UBA y miembro del Plan Fénix. “La moratoria argentina no se produjo por una decisión súbita e irracional de no respetar los compromisos asumidos”, aclara de entrada, para luego precisar que “antes bien, fue resultado de una crisis que tiene una larga historia con responsables y corresponsables, y que debe ser mirada desde una perspectiva internacional y de largo plazo”.
Atrapada en la lógica del regateo persa, la propuesta de los bancos asesores, aceptada por Roberto Lavagna, de reconocer parte de los intereses caídos de la deuda en default tiene su motivo en función de ceder un poco en una negociación dura para cerrar trato. ¿Eso es justo? Porque lo que se discute detrás de los miles de millones que están en juego es quién y cómo se paga una deuda de origen ilegítimo. Como señala Keifman, no se trata de definir lo que se paga en relación con lo que “consideramos deseable, sino acerca de lo que consideramos posible”. Define con lucidez que “puede esperarse el cumplimiento de los contratos privados de las deudas económico-financieras siempre y cuando no entren en contradicción con el cumplimiento de las deudas que sustentan el contrato social, que respetan las nociones aceptadas de lo que es considerado justo, esto es, la deuda social”.
El crecimiento a ritmo chino del año pasado y que se repetirá en éste (a propósito, se trata de un ritmo acelerado no previsto por Lavagna y, si la crisis energética se produjo en gran parte, según evalúa el Gobierno, por esa recuperación excepcional, el ministro no debería por lo tanto hacerse el distraído), establece la idea equivocada de que se puede sostener en el tiempo un elevado nivel de superávit fiscal para pagar la deuda. Los bancos asesores de Economía recomendaron subir ese excedente del 2,4 al 3,0 por ciento a nivel Nación (más 0,6 de las provincias) hasta el 2010. Keifman no sólo observa ese nivel de superávit por su impacto negativo en las perspectivas de crecimiento por el giro de recursos al exterior en lugar de destinarlo a la acumulación de capital interno, sino a que no es sustentable. Las bases de ese superávit creciente “son bastante frágiles”, remarca. Y lo fundamenta: el mínimo nivel de gasto público se alcanzó, básicamente, por la fuerte caída de los salarios reales en 2002. El alto nivel de recaudación se explica, principalmente (más allá de los factores cíclicos), por las retenciones a las exportaciones que se impusieron gracias a la hiperdevaluación del peso. El escenario internacional de tasas de interés excepcionalmente bajas y precios de exportación favorables, especialmente en soja, morigera los pagos de intereses y fortalece los ingresos fiscales. Pero concluye que “sin embargo, no es realista suponer que las condiciones mencionadas puedan mantenerse en el largo plazo”.
Tampoco es realista pensar que luego de esta renegociación se ha solucionado el tema de la deuda. Con los cambios que se aplicarán al Plan Dubai, la deuda que quedará se ubicará en un insoportable monto que oscilará de 110 a 120 mil millones de dólares. A todo esto, vale la pena aceptar el consejo de Lavagna de ir al sitio en Internet del Ministerio para leer en detalle la propuesta presentada el año pasado y observar las alteraciones en el rubro intereses caídos y nivel de superávit fiscal sustentable (página 40 del Plan Dubai, ver facsímil).
En la negociación de la deuda la puja que se presenta entre condiciones para el crecimiento y pagos externos resulta determinante. Los recurrentes ajustes aplicados para cumplir con los compromisos externos terminaron como ya se sabe. “Esa lección –apunta Keifman– no puede ser ignorada en la negociación actual”. Y menciona que, a diferencia de la crisis de los ‘80, los intereses en juego en la actualidad que son los bonistas (antes eran los bancos de Estados Unidos), no entrañan un riesgo sistémico para los países acreedores. “Esto debe tenerse en cuenta –recomienda– a la hora de evaluar la credibilidad de las amenazas más o menos veladas que aparecen”. Respecto de las presiones del FMI y Banco Mundial, este destacado economista desafía con que “la adopción de represalias tales como la suspensión de los programas de crédito de los organismos multilaterales con la Argentina, puede desembocar en la extensión de la moratoria a aquéllos, lo cual podría dañarlos muchos más a ellos que a nuestro país, habida cuenta de la transferencia neta de recursos que reciben de nosotros”.
Los bancos asesores asesoran pensando en el mercado. Con esa trampa acechando hay que tener cuidado.