El pequeño grupo de ahorristas descontrolado, arengado por el cómico Nito Artaza con el respaldo del estudio jurídico especializado en amparos Bergenfeld, ha sido víctima de una estafa financiera de proporciones. Aquellos que confiaron en los bancos que prometían respaldo internacional o porque se votó una ley de intangibilidad de los depósitos tienen motivos para sentirse defraudados con el reciente fallo de la Corte Suprema. En general, en situaciones críticas, en este caso el corralito, devaluación y pesificación, cada uno cree que no debería haber otro camino que la satisfacción de sus pretensiones. Pasa a ocupar el lugar de enemigo el que no piensa como uno. La intolerancia se retroalimenta, quedando así fuera de foco el real motivo generador del conflicto. En ese río revuelto aparecen los que levantan con la mano derecha la bandera de la dignidad, cuando se observa que carecen de ella con la simple revisión de cómo ha sido su participación en los años recientes. En una hoguera de pasiones resulta complicado no quedar atrapado en la irracionalidad o la utilización política de un reclamo justo. Frente a esa incómoda situación, uno de los nuevos miembros de la Corte, Elena Highton de Nolasco, trajo un poco de aire fresco. En un párrafo de su propio fallo, que resume la concepción básica de la sentencia de la pesificación de la mayoría del máximo tribunal, señala que en un marco donde “grandes sectores de la población se encuentran por debajo de la línea de indigencia”, no puede prevalecer la “pretensión individualista por sobre el interés general”.
Es cierto que ante tantos desengaños y estafas acumuladas esa aspiración del bien común se presenta como un deseo demasiado ambicioso. Pero no por eso quienes pretenden vivir en una sociedad mejor deben resignarse a que la soberbia de los poderosos, que cuentan siempre con voceros prestos a sus deseos, vayan cortando esos imprescindibles lazos de solidaridad.
La Corte Suprema de Justicia parece que está decidida a asumir un papel relevante en la agenda económica. Puede ser que ese lugar sea el que le corresponde, puesto que emite sentencias, entre otras, con efecto en el mundo económico. En realidad es lo que hace cualquier otra Corte en países más o menos desarrollados. La diferencia es que en estos meses aquí ha adquirido una participación más intensa. Puede ser que ese protagonismo de la Corte sea porque ha cambiado la composición y quiere mostrarse activa. O porque revela la carencia del actual equipo económico para ir marcando un agenda de reparación de los desaguisados de los ‘90, así como también de políticas de mediano plazo. Mantener un tipo de cambio elevado como estrategia de crecimiento y conducir el proceso de renegociación de la deuda en default no parecen suficientes, según se desprende de la conmoción que generan en el ámbito económico los fallos de la Corte, para liderar una alteración del paradigma de desarrollo de las últimas décadas.
Algunos de los colaboradores del ministro Roberto Lavagna, en las semanas previas al reciente fallo, se lamentaban de que el Gobierno no tuviera en la Corte una mayoría automática como la que gozó el menemismo. De esa forma, sostenían, ellos podrían avanzar con más celeridad en temas relevantes pendientes. En realidad suena más a excusa que a otra cosa, revelando que en el Palacio de Hacienda habita una preocupante concepción de lo que es la responsabilidad de la gestión pública. La importancia de la sentencia de la Corte sobre la pesificación no reside en que despeja el camino para la renegociación de la deuda, como festejaron intérpretes fieles del pensamiento de Lavagna. La relevancia de ese fallo tiene más que ver con la recuperación por parte del Estado de una política esencial, que es la capacidad de tener una moneda propia.
No fue hace mucho que un presidente (Carlos Menem, 1999) anunció que estudiaba la posibilidad de dolarizar la economía. Incluso fue una propuesta que se discutió en el Congreso de Estados Unidos. Ecuador oficializó la dolarización en el 2000, y El Salvador, en el 2001. En un interesante documento de Noemí Brenta, del Instituto de Investigaciones de Historia Económica y Social de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA (“Las propuestas de dolarización en América latina: rol del FMI, EE.UU. y los think tanks en los años ‘90”), se destaca que la dolarización plena de las economías latinoamericanas ha pasado de moda. También en la Argentina, luego de la negativa del gobierno de Eduardo Duhalde para adoptarla, pese a las presiones recibidas en el año siguiente al default. Sin embargo, en el trabajo de Brenta, publicado en la Revista Ciclos –dirigida por el historiador y economista Mario Rapoport– se apunta que la puerta a la dolarización plena fue cerrada “temporariamente” ante la recuperación económica lograda con un régimen cambiario flexible. “Pero esta impasse –advierte Brenta– puede ser sólo una retirada estratégica, hasta que aparezca una mejor oportunidad de poner nuevamente sobre el tapete las ventajas de sustituir la circulación de la moneda doméstica por el dólar estadounidense.” Y revela que en la Argentina, en el 2004, investigadores del CEMA continúan trabajando sobre la dolarización plena.
El fallo de la Corte, entonces, no tiene su relevancia solamente porque intenta cerrar el capítulo del corralito de Domingo Cavallo. También porque avanza en la imprescindible tarea de acotar el nivel de dolarización de la economía y, a la vez, de recuperar la moneda propia para, al menos, aspirar a un crecimiento con equidad.