En estas semanas de inquietud por la aceleración de precios de bienes sensibles de la canasta básica del hogar reaparecieron los economistas. O, para ser más precisos, los astrólogos. De ese modo se hace justicia al excluir a profesionales que se dedican a aplicar con honestidad intelectual lo que aprenden en la universidad. Esa es la principal diferencia con esos colegas, que con el título en la mano se han dedicado a señalar con mandato autodelegado qué es lo que se debe hacer en la economía para beneficio de unos pocos. Estos últimos sostienen un discurso que exponen como técnico pero resulta fundamentalmente político e ideológico. La economía no es una ciencia exacta como muchos de esos profesionales –que trabajan en y para la city– hacen creer a la mayoría. Las recetas que ofrecen siempre son sencillas y prácticas con resultados inmediatos y efectivos. El pequeño detalle a recordar es que esas pócimas ya se bebieron y tuvieron consecuencias desastrosas. Pero no se rinden y siguen con el mismo libreto. A esta altura hay que pensar que se trata solamente de un instinto de supervivencia existencial: dejarían de ser lo que son si admiten que han transitado el camino equivocado en el campo de las ideas; obviamente, no el del dinero.

El fantasma de la inflación les ha ofrecido nuevamente el escenario para el despliegue de sus conocimientos en la materia. Y lo han aprovechado con intensidad. El problema es que repiten recomendaciones que se quedaron en el tiempo (en los noventa), o también puede ser que las anteojeras ideológicas no les permita analizar la realidad con un poco más –no mucha– de complejidad. Las propuestas para frenar los precios y, por lo tanto, para asegurar el sendero de crecimiento son las conocidas.

Para evitar que la confusión se generalice, vale la pena algunas aclaraciones.

n Aconsejan una política monetaria restrictiva, retirando pesos del mercado, disminuyendo la emisión y subiendo la tasa de interés. Ninguno de esos economistas astrólogos puede ofrecer con certeza cuál es el punto máximo de saturación de la demanda de dinero. O sea, cuánto del circulante pasa a ser excesivo en función de la cantidad que quieren mantener en saldos líquidos los agentes económicos. En su momento Alfonso Prat Gay, el ex presidente del Banco Central, se equivocó, al asumir que la demanda de dinero transaccional se comportaría como en los ‘90, que no había superado el 10 por ciento del PIB. Y no fue así. En la Argentina posdevaluación y poscorralito no es para nada fácil estimar la demanda de dinero. Si la economía crece es necesario expandir la base monetaria para lubricar el motor del desarrollo, si no se frena ese avance. Por lo tanto, proponer ahora una política monetaria ortodoxa tiene su raíz en concepciones ideológicas sin ningún respaldo técnico. Y la consecuencia de esa estrategia no será otra que la desaceleración del crecimiento.

u También sugieren que hay que bajar el gasto público, subejecutando partidas, en especial la de inversión. Es una de las propuestas más llamativas porque el gasto en términos reales –descontada la inflación– sigue por debajo del registrado a fines de los ‘90 y de 2000. La variación nominal de una variable es poco relevante para un análisis profundo de un problema económico, enseñanza que transmiten los profesores en los claustros en las primeras materias a sus alumnos. El reclamo de más ajuste fiscal, además, ya es una exageración teniendo en cuenta que el superávit que se está contabilizando supera el 4 por ciento del PIB. Esto significa que la política fiscal ya es suficientemente contractiva. Ahora bien: si el objetivo es volver a la recesión, el camino correcto es el que indican esos economistas.

n Aseguran que resulta clave frenar la puja distributiva. Esa tensión existe por más que se la quiera ocultar. Y existe no porque los trabajadores reclamen mejoras salariales, sino porque las empresas se han estado apropiando de ingresos crecientes. Esto significa que en esa puja quien está perdiendo es el trabajador. Es decir, vociferar que se debería congelar la puja distributiva en realidad es la traducción de querer preservar nichos de privilegios para los dueños del capital.

n Advierten que los aumentos de salarios se tienen que otorgar en función a la evolución de la productividad. Esta es una de las grandes máximas del cavallismo durante los noventa. Que ahora se repite como si no se pudiera observar la experiencia pasada, y también reciente. Los incrementos de productividad no se han reflejado en mejoras sustanciales de salarios. El caso más evidente lo ofrece el sector de los ganadores del modelo del dólar alto. El estudio “Salarios y precios” del último Informe de Inflación del BCRA revela que, pese a que los salarios en términos reales en esas industrias se han recuperado, el excedente bruto de explotación (la participación del ingreso que no se llevan los asalariados) se incrementó 18,7 puntos porcentuales desde la salida de la convertibilidad debido a la fuerte alza de la actividad, la suba de precios y el incremento de la productividad. En otras palabras, los salarios subieron pero no en la misma proporción que la productividad.

n Proponen dejar caer el dólar para que ese descenso se traslade a precios. Los buenos economistas tratan de evitar los consejos morales (más aún después de que el efímero ministro de Economía del derrumbe de Alfonsín, Juan Carlos Pugliese, le habló al mercado con el corazón y le contestaron con el bolsillo). Quedó demostrado que el retroceso del dólar no se tradujo en los precios cuando el billete bajó de los 3,80 hasta los 3,00 pesos. En momentos de corridas, el mecanismo defensivo es fijar precios en función del dólar. Luego de estabilizado el mercado cambiario el dólar no es el principal referente para determinar precios. ¿Cuál sería el beneficio en relación con la inflación de inducir una caída del dólar a niveles de 2,20? Ninguna.

n Afirman que hay que evitar la indexación de precios y salarios. Lo que no estuvo indexado en los últimos años fue el salario. La inexistencia de cláusulas de ajuste en los salarios fue la exagerada contribución del mundo del trabajo en la salida de la crisis: los ingresos reales registraron en promedio una caída del 24 por ciento durante 2002. Desde entonces, la recuperación fue lenta y todavía acumulan un caída promedio del 15 por ciento de su poder adquisitivo, según el Indec. A propósito, ¿por qué esos economistas que recomiendan no indexar precios y salarios no incluyen también la deuda pública? Si la cuestión pasa por evitar ajustes automáticos, una porción importante de los actuales bonos y de los futuros que se emitirán incluyen el CER (inflación) como factor de actualización del capital.

n Señalan que se debe frenar el incremento de la demanda y archivar los aumentos salariales en forma generalizados. Cuando hablan de demanda, ¿a quién están incluyendo? El ingreso promedio de la economía no supera los 650 pesos y la pobreza alcanza al 40 por ciento de la población. Y respecto de los salarios, en ese mismo informe del BCRA se destaca que los decretos del anterior y de este gobierno disponiendo aumentos han representado el 80 por ciento de la suba nominal de sueldos en el sector formal privado de la economía. Esto significa que sin esos decretos el ingreso de los trabajadores hubiera tenido un mínimo ajuste.

En fin, el siguiente artículo ha sido una desinteresada contribución a la política de descontaminación de ideas que volvieron a posarse en densas nubes sobre el cielo de la economía en estos días de inestabilidad inflacionaria.