Del mismo modo que en la batalla por el canje de deuda –que aún no ha sido cerrada–, en la que se libra con las privatizadas no resulta fácil alcanzar el óptimo social. Las presiones externas son asfixiantes (FMI, Banco Mundial, Grupo de los Siete países más poderosos, multinacionales) y las locales, permanentes (establishment tradicional con sus usuales voceros en la prensa y en economistas astrólogos). El Gobierno no colabora para producir un salto cualitativo en esa discusión cuando los intereses de la sociedad se mezclan en una interna feroz entre los ministros Roberto Lavagna y Julio De Vido. Y menos aún cuando el bloque de legisladores del PJ en el Congreso se disciplina a los deseos del Poder Ejecutivo, desoyendo útiles llamados de alerta de ciertos dirigentes de la oposición. Las tarifas residenciales no es el único tema relevante en la relación con las privatizadas. Aunque sí parece que lo fue en un período de consolidación del poder y lo es ahora en meses cercanos a las elecciones. Pero el vínculo con esas empresas, en manos de conglomerados internacionales o de madrugadores fondos de inversión manejados por empresarios argentinos, define una relación de poder y el impacto de ésta en la sociedad. También señala el camino para la reconstrucción de la infraestructura necesaria para el desarrollo del país, y respecto de ese último aspecto la posibilidad de universalizar la prestación del servicio que determinará cuál será el signo que tendrá la política de distribución de ingresos.

Esos dilemas para alcanzar el óptimo social quedaron al descubierto en la estación final del acta-acuerdo con la distribuidora de electricidad de La Plata y alrededores, Edelap, aprobada el miércoles pasado en Diputados. Edelap es controlada por la poderosa compañía estadounidense AES, que en la Argentina tiene el control directo de ocho generadoras y otras dos distribuidoras de electricidad. La relevancia de ese convenio reside en que es el primero que logra sortear todos los pasos de ese tipo de renegociación, quedando para el año próximo el contrato definitivo. Se trata, por lo tanto, del modelo K para las privatizadas.

Para el Gobierno ese acuerdo es el mejor que se pudo haber conseguido, y para fortalecer esa posición señalan que las otras dos distribuidoras Edesur y Edenor rechazaron las condiciones aceptadas por Edelap. O sea, que para la administración Kirchner ese acuerdo es el óptimo posible. En cambio, aquellos que lo rechazan evalúan que poco se ha avanzado sobre el deficiente esquema de prestación de un servicio público esencial para la población nacido en los noventa.

Ahora bien: puede ser que por las insoportables presiones internacionales y locales no se haya podido conseguir un convenio mejor. Puede ser también que la empresa haya sabido explotar en su provecho la guerra de baja intensidad que libran los ejércitos de Lavagna y de De Vido. Pero esos indudables condicionamientos no implican que no se haya sabido encontrar una fórmula que deje atrás vicios de negociación de la década pasada. Algunos de ellos han sido señalados por el diputado Claudio Lozano, a saber:

1. Se definió un acuerdo sin tener antes un nuevo marco general de operaciones de las privatizadas, como lo sería el demorado proyecto de Régimen Nacional de Servicios Públicos. Esto habilitó a la empresa a detentar una posición favorable ante cualquier alteración de las condiciones de la concesión.

2. Se aceptó que la empresa suspenda la demanda que tiene contra la Argentina en el Ciadi por 570 millones de dólares, quedando el desistimiento definitivo del juicio para el momento en que se defina la revisión tarifaria integral. Así Edelap ha quedado en una evidente posición de fuerza en la negociación: más tarifas a cambio de abandonar el juicio.

3. Se aprobó un aumento de la tarifa para industrias y comercios que implica una mejora de ingresos de Edelap del 28 por ciento. No habrá subas para casas de familia hasta el año próximo. De ese porcentaje de aumento se destinará cinco puntos a la ejecución de obras en el área rural, mientras que el resto será para financiar el plan de inversiones. El saldo es el conocido: la inversión de la empresa es subsidiada por los usuarios, sin aporte de capital propio de la compañía.

4. Se convalidó una serie de incumplimientos contractuales, puntualizada por la unidad de renegociación de los contratos con las privatizadas. Además, se avalaron condiciones favorables para Edelap, como la aceptación de disminución de niveles de calidad en la prestación del servicio, la escasa exigencia para ampliar la red a zonas no electrificadas, la condonación de multas y financiamiento a largo plazo de otras, y la introducción de controvertidas vías de actualización de tarifas.

El investigador de Flacso, Daniel Azpiazu, que acaba de publicar Las Privatizadas I y II. Ayer, hoy y mañana, de la colección Claves para Todos dirigida por José Nun, convoca a una oportuna reflexión: “Las por momentos insostenibles presiones impuestas por el FMI, a las que se les suman las de los restantes organismos multilaterales de crédito, el G-7, buena parte de los gobiernos de los países centrales, la amenazante intervención del para nada imparcial Ciadi, no parecen ser el terreno más fértil como para encarar una revisión integral de todos los atropellos cometidos en materia de privatizaciones. Además de la propia defensa de sus intereses y de los desproporcionados privilegios de los que gozaron durante largos años, las empresas privatizadas cuentan, en ese sentido, con sólidos y poderosos aliados para condicionar el margen de acción del gobierno de Kirchner”. Para luego agregar que “sin duda, las severas restricciones externas a enfrentar no son para nada despreciables. Por el contrario, parecen constituirse en condicionantes para, incluso, subordinar las políticas de corto plazo a una estrategia de largo plazo, incluyente y superadora de todos los legados de más de diez años de neoliberalismo extremo. En otros términos: se podría estar corriendo el riesgo de que las urgencias provoquen la desatención de la necesaria reconstrucción y desarrollo del país sobre nuevas bases refundacionales en lo económico, inclusivas en lo social y claras en lo institucional”.

Al menos, un poco de luz.