El banco más grande de Francia y uno de los diez más poderosos del mundo, el Crédit Agricole, decidió seguir el mismo camino que la entidad más importante de Canadá, Scotiabank. Ese sendero, el de la huida de Argentina, quiebra el compromiso asumido con sus clientes-ahorristas que confiaron en el respaldo internacional del banco. El Crédit Agricole, que controla al Bisel, fusión de entidades cooperativas, al Entre Ríos, entidad pública privatizada, y al Suquía, que estaba en manos de grupos empresarios cordobeses, entre ellos Benito Roggio, posee activos por más de 420.000 millones de dólares. O sea, la dimensión de ese banco a nivel mundial equivale a casi cuatro veces el Producto Bruto de Argentina. Ese poder galo, con una organización respaldada por cooperativas, recibió asistencia por unos 350 millones de pesos de la banca central de un país desahuciado. Y les pareció insuficiente. Con las tres entidades (Bisel, Bersa y Suquía), el Crédit Agricole acumuló ganancias en los dos últimos años por 76,3 millones de pesos/dólares. Ahora, en su deserción desordenada deja a la deriva una estructura con 354 sucursales, a unos 6000 empleados y a sus clientes, con depósitos totales por alrededor de 2200 millones de pesos. Los franceses eligieron como refugio de su fuga a Uruguay, que se transformará en su centro de operaciones regional al tomar el control del banco local ACAC a fines de la última semana. Los uruguayos ya están advertidos.
La historia del Crédit Agricole en Argentina terminará con el desguace de su grupo de bancos. El viernes a la noche los principales candidatos eran el Macro para el Bersa, el De Córdoba para el Suquía y el Nación se quedaría con el Bisel. Sea esas entidades u otras que finalmente asuman el manejo de esos bancos, lo cierto es que el Central tuvo que salir a apagar el incendio, con resultado incierto, ante la estrategia de lavarse las manos de la soberbia francesa.
El desorden del sistema bancario es mayúsculo. Ayer fueron los canadienses, hoy los franceses y mañana serán los ingleses, alemanes, americanos, italianos o españoles dueños de entidades que defraudaron a sus clientes. La improvisación en materia financiera de los últimos cuatro meses, como la pesificación asimétrica y la eliminación parcial del CER, entre otras, brinda los argumentos a esos banqueros para justificar la huida. Pero la ineptitud de los funcionarios de turno no exime a los bancos más poderosos del mundo de su responsabilidad.
La resolución de la crisis bancaria no podrá conformar a todos los protagonistas. Y a esta altura resulta un sinsentido la batalla abierta entre el Banco Central y Economía. Mientras tanto los depósitos caen, las entidades se quedan con menos fondos disponibles, el Central sigue emitiendo vía redescuentos, se pierden reservas internacionales y aumenta el dólar generando presión inflacionaria. Desde que asumió en el ministerio Roberto Lavagna ya presentó dos planes para el corralito, con el objetivo de satisfacer deseos presidenciales de reactivación. El error inicial o ignorancia sobre la cuestión, como se prefiera, surge de pensar que el corralito puede ser un factor de expansión económica. Ese regalo de Domingo Cavallo simplemente es el acta de defunción del sistema financiero tal como se lo conoció. Lo que sucede es que todavía nadie se animó a firmarlo, decisión que defininirá cómo se distribuirán los costos de esa muerte. Lavagna probablemente vuelva al Plan Bonex II original de su antecesor, Jorge Remes Lenicov, luego de la cena que tendrá pasado mañana en Washington con Anne Krueger, la número dos del FMI.
Con tantas idas y vueltas para encontrar la salida para el corralito, el Gobierno se quedó con pocas alternativas: el cacerolazo, que se manifestaría con la implementación del Plan Bonex II, o la explosión social, que derivaría de una hiperinflación provocada por una acelerada emisión monetaria para atender el drenaje acumulado de plazos fijos reprogramados y depósitos a la vista. Tendrá que elegir qué protesta prefiere.