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editor jefe de Cash - Página/12

En el debate económico doméstico existe una marcado prejuicio cuando se aborda la cuestión del gasto público. Se regalan signos de aprobación cuando se postula su reducción, control o ajustes leves en el Presupuesto, y se disparan críticas descalificadoras cuando se sugiere su aumento. Esas reacciones están muy arraigadas en la sociedad, fruto de décadas de recetas del FMI, de discursos de ministros de Economía con ideas desvariadas o soberbia desmesurada, de pronósticos errados de economistas que abandonaron la lectura de experiencias en otros países. En fin, de una corriente de pensamiento que tuvo la fortuna de superar la frontera de las ideas para instalarse como un sólido componente cultural. Este se revela cuando prevalece el consenso de que el gasto público es malo de por sí y que sólo es aceptado en los casos en que tiene que brindar ciertos servicios esenciales, aunque igualmente se supone que el privado lo puede hacer mejor. Se trata de una de las tareas docentes en materia económica más complejas de superar, puesto que la que tenía como protagonista al Fondo Monetario como fuente de toda razón y justicia ya ha sido saldada. Sólo ha quedado un pequeña secta de fundamentalistas que todavía le otorga a ese desprestigiado organismo internacional autoridad para aconsejar en temas de economía. También se está en vías de superar o, al menos, de ponerse en discusión el regresivo –un poco amortiguado con las retenciones a las exportaciones– régimen tributario. Pero con el gasto público poco y nada se ha avanzado.

Por cierto que Roberto Lavagna no colabora con ese imprescindible objetivo de poner un poco de racionalidad al debate económico cuando grita como gallina desplumada cuando las distintas reparticiones públicas le han solicitado en conjunto 30 mil millones de pesos adicionales para el Presupuesto del año próximo. El ministro sabe que se trata del tradicional juego de las burocracias estatales de pedir mucho más para conseguir un poco más sobre el Presupuesto en curso. Tampoco ayuda en esa misión retardar una medida ya tomada como la de aumentar jubilaciones, puesto que esa postergación termina convalidando la equivocada idea de que el incremento de esos paupérrimos ingresos o el alza del gasto previsional pueden generar desequilibrios macroeconómicos, como un repunte de la inflación.

Ciertos economistas reconocidos en la city aportan su grano de arena a la confusión, cuando advierten sobre “la política expansiva en el gasto” motivada por razones electorales. Y adelantan que ese “despilfarro” será corregido luego de las elecciones. Arriban a semejante conclusión comparando el resultado del actual superávit fiscal –muy por encima del presupuestado– respecto del máximo histórico del año pasado. Para una mejor comprensión se requiere la traducción de ese análisis con una imagen sencilla: el cinturón del pantalón tiene diez agujeritos, la punta de la hebilla está en el último –aunque algunos, como el FMI, quieren un cinto con más orificios–, y se ha aflojado un poquito para ajustarlo en el noveno. Esto provoca la sentencia de que se está violando la dieta. Parece una exageración de concepción fiscalista que compiten con el fundamentalismo de Bin Laden y George W. Bush. En esa discusión absurda quedó atrapado Lavagna difundiendo en el sitio de Internet del ministerio un informe sobre el gasto público, dando muestra de fe ortodoxa al remarcar que no se está aumentando el gasto ni disminuyendo el superávit.

Si bien puede sonar como una melodía desafinada debido al acostumbramiento que el oído ha tenido en las últimas décadas, no deberían incomodar las siguientes notas musicales:

- En Argentina, el gasto público es muy bajo.

n No sólo es bajo, sino que en los últimos años el gasto total consolidado en relación con el PIB ha descendido, al retroceder del 35,6 por ciento en2001 a cerca del 30 por ciento en 2004, según estimó, en un reciente documento del Plan Fénix, el profesor Salvador Treber.

- No hay desborde en las erogaciones del Estado.

- El gasto público real del primer semestre de este año es un 8,2 por ciento menor que el de 2001.

- El gasto público primario del Gobierno no está creciendo en términos del Producto Interno Bruto, al mantenerse estable en el 15 por ciento.

- El gasto social en su conjunto se mantiene prácticamente constante en términos reales, con una caída en su participación en el gasto total.

- Las prestaciones a la seguridad social (jubilaciones, pensiones y otros beneficios previsionales) siguen perdiendo peso en relación con otros rubros del gasto, al descender del 43,1 por ciento en el período 1993-2000 al 33,9 por ciento en la actualidad.

- Los ingresos siguen siendo bastante superiores a los egresos, lo que le permite al Tesoro contabilizar un inédito superávit fiscal.

Después de la violenta devaluación que provocó una extraordinaria licuación del gasto público, como lo pueden comprobar los empleados estatales que registran una pérdida promedio del 25 por ciento del poder adquisitivo, resultan sorprendentes las voces de alerta sobre el peligroso aumento de las erogaciones del Estado.

La mayoría de los países en desarrollo y todos los desarrollados acompañaron el crecimiento económico con una creciente presión tributaria y un mayor gasto público como porcentaje del Producto. Los economistas Javier González Fraga y Martín Lousteau, en un reciente libro Sin atajos (Temas Grupo Editorial), sostienen que, “en cambio, el tamaño del Estado argentino se ha mantenido prácticamente estancado en la segunda mitad del siglo XX”. Destacan que hacia 1960 tanto la Argentina como los principales países desarrollados tenían un mismo nivel de gasto público: aproximadamente del 27 por ciento del PIB. Esos países lo aumentaron en 14 puntos del Producto en los últimos cuarenta y cinco años, mientras que Argentina apenas 4.

Para aquellos que siguen insistiendo sobre el desborde del gasto público y la carga de un Estado sobredimensionado, su repetida y previsible melodía sonará desafinada con esta otra nota musical: en un país en emergencia sociolaboral, con insultantes niveles de pobreza, el Estado tiene un gasto por habitante que en términos reales es un 30 por ciento menor al de 1974.