El movimiento de precios que se registra a lo largo de este año es una telaraña que está envolviendo al Gobierno para dejarlo en posición incómoda. Los inquietantes índices que van del 1 por ciento mensual para arriba reconocen una multiplicidad de factores. Quienes pretenden reducir esa dinámica a un único motivo han emprendido un sendero equivocado para comprender lo que está pasando o, en realidad, están defendiendo ciertos nichos de privilegio. La suba de precios se explica, entre otras razones, en el impacto de la devaluación y su lento proceso de traslado a precios de ese ajuste cambiario, el importante crecimiento de las ventas al exterior de algunos productos y por que la canasta de los principales bienes exportables coincide con la cesta básica de alimentos de la población.

Desde la vereda del pensamiento conservador se plantea enfriar la economía subiendo la tasa de interés y reduciendo la expansión del gasto por debajo de la evolución del Producto. También se elevan voces de alerta por los reclamos salariales proponiendo límites para evitar una espiral indexatoria. Desde la orilla del Ministerio de Economía se ofrece como respuesta que hay que alentar la inversión para ampliar la oferta que descomprimirá la situación. Se sabe que las inversiones tienen un período de maduración más largo que los tiempos políticos. Por ese motivo desde la Jefatura de Gabinete se apuntó hacia las estructuras oligopólicas, haciendo un diagnóstico interesante aunque desde puestos estratégicos del Estado las descripciones del funcionamiento de los mercados tienen que estar acompañadas de medidas concretas si se pretende cambiar algo. En caso contrario, se convierten en fuegos artificiales.

Cada una de esas posiciones resulta atractivo discutirlas para enriquecer un debate caliente. En cambio, no colabora mucho en ese sentido descartar una iniciativa que aspira a avanzar hacia un sistema tributario con mayor equidad y a una mejora en la distribución del ingreso con débiles argumentos. Más allá del interés particular de los supermercadistas, con Alfredo Coto como vocero de la propuesta, la descalificación de Roberto Lavagna a la idea de reducir el IVA a bienes de la canasta básica no resulta un aporte constructivo. Es muy pobre sostener que el probable efecto inicial de esa medida sobre los precios sería reabsorbido por la cadena comercializadora y que el resultado neto terminaría siendo sólo una baja de la recaudación a favor de los márgenes de las empresas.

“Es un argumento difícil de sustentar seriamente desde el sector público, en una perspectiva de mediano plazo, debido a la necesidad ineludible –si fuera el caso– de actuar en los mercados no competitivos por razones distintas de la política tributaria”. Ese contundente razonamiento de los economistas Jorge Gaggero y Federico Grasso a esa postura de Lavagna está incluido en un imprescindible libro cada vez que se quiera abordar el tema impositivo (La cuestión tributaria en Argentina. La historia, los desafíos del presente y una propuesta de reforma, obra que se presentará este martes a las 18.30, en el SUM de la Facultad de Ciencias Económicas, Córdoba 2122, 1º piso, con Ferrer, Figueroa y Valle). En el capítulo referido al IVA, los autores consideran conveniente gravar con una tasa reducida a la mitad una canasta básica de alimentos “definida de manera taxativa y teniendo en cuenta las alteraciones de créditos y débitos a lo largo de toda la cadena de producción de cada producto, a fin de evitar acumulaciones en el impuesto”.

Existen también otros trabajos de investigación, que están lejos de los motivos que impulsan a los supermercadistas, que recomiendan la rebaja del IVA. Un documento del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento analizó el impacto social de una reducción de ese impuesto. Los investigadores Abuelafia, Arozamena, Braun y Filc enfatizaron que “una alternativa muy utilizada en otros países y explotada parcialmente en la Argentina es la que intenta mejorar la situación de los más pobres por medio del sistema tributario”. Luego precisan que el 29 por ciento del valor de la Canasta Básica de Alimentos tiene una carga del IVA del 21 por ciento, el 49,6 tributa una alícuota diferencial del 10,5 por ciento y el resto se encuentra exento. Entre los bienes gravados con el 21 por ciento se encuentran los quesos, aceite mezcla, harina de trigo, galletitas, arroz y pastas. Y con una alícuota de la mitad se encuentran la carne vacuna, las frutas y las hortalizas. No pagan IVA la leche fluida y el pan común. Ese grupo de especialistas destacó que ese tratamiento del Impuesto al Valor Agregado sobre ciertos alimentos es aplicado, entre otros países, en Austria, Francia, Alemania, Grecia, Italia, Holanda, España, Colombia y México. Y analizaron que, en una de las cuatro opciones estudiadas de esa medida, a un costo fiscal de “sólo 268 millones de pesos por año se podría sacar a 3,12 por ciento de hogares de la pobreza”.

Gaggero y Grasso mencionan otra investigación sobre esa iniciativa, en este caso la realizada por el Programa de Estudios de Economía Aplicada, de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la UCA, que concluyó que “en función del bajo costo fiscal relativo, tanto en relación con la recaudación del IVA como con la total –limitado al corto plazo, pues en el mediano plazo se diluye– como a las mejoras de poder adquisitivo de los sectores menos favorecidos de la población, las ventajas de la propuesta, en términos de mayor bienestar agregado, son más que evidentes”.

Cuando se debate la estructura tributaria se argumenta a favor o en contra de tal o cual impuesto en función de su mayor o menor progresividad. Si favorece o desalienta la inversión. También si castiga o beneficia al consumo. Si es más fácil o más complicado de administrar. En última instancia, la definición de un régimen tributario busca que el Estado se apropie de recursos para financiar sus gastos de forma que castigue lo menos posible al sector privado con un criterio de redistribución de ingresos. Aquí aparece el aspecto de la equidad, que como bien se sabe no es una cualidad de la estructura impositiva argentina, aunque con las retenciones a las exportaciones ha mejorado algunos puntos en ese sentido. En definitiva, lo que queda claro es que una rebaja del IVA no puede ser archivada por una evaluación sobre su impacto inmediato en los precios.

Un plumero sirve para limpiar telarañas.