Cuando hay picos de calor se corta la luz. Cuando hay una ola de frío hay dificultades en el abastecimiento de gas. Los problemas con el agua no reconocen temporadas. Viajar en tren es la tortura diaria de miles de personas, humillante castigo que es motivo de debate nacional los días de algún incidente grave, como el ocurrido en Haedo. Después, el servicio vuelve a la normalidad: transporte de pasajeros-ganado. El gobierno de Néstor Kirchner no tiene la misma filosofía que los de la década del noventa en relación con las privatizadas. Mantiene un discurso audaz respecto de las responsabilidades del sector privado y del Estado en la provisión de servicios públicos esenciales para la población. Tiene la vocación de intervenir con inversiones millonarias, como lo está haciendo con el giro creciente de subsidios a concesionarios de trenes, con el destino de fondos para obras de agua y cloacas, o con el dinero que presupuesta para el mantenimiento y refacción de rutas nacionales. Pero esa renovación de la política con las privatizadas se enfrenta con límites que resultan muy difícil de superar. Condicionamientos que se ponen en evidencia cada vez con más frecuencia en crisis de diferentes servicios públicos, provocando la indignación de los usuarios. En esa estrategia que tiene un recorrido de buenas intenciones, el Gobierno ha quedado encerrado en una trampa que, tarde o temprano, le puede llegar a significar elevados costos. En su esencia, el esquema de privatizaciones no ha sido alterado, por lo tanto las bienvenidas intervenciones del Estado en ese sector quedan manchadas con los vicios que se arrastran de un modelo de los noventa.

Para salir de esa encerrona no se trata de buscar la salida en la estatización generalizada de las empresas, objetivo que de por sí no está en el menú del Gobierno. Ese camino debería ser motivo de un debate más profundo que el de plantear un simple traspaso de la propiedad. Con las experiencias de las compañías estatales en los ‘80 y luego con el manejo privado de los ‘90, la forma de gestionar servicios públicos merecería un estudio superador de esas alternativas. Lo cierto es que no se avanza ni en una ni en otra dirección. Se mantiene un viejo esquema con ingredientes de otro que se presenta como nuevo, en una situación de incertidumbre sobre las reglas de juego lo que termina generando un modelo híbrido que incomoda a todos los protagonistas.

Si el Gobierno tiene la intención de mantener operadores privados en el manejo de esas empresas, la demora en la renegociación integral de los contratos resulta ahora un factor que le juega en contra. Durante la gestión de Eduardo Duhalde, e incluso durante los dos primeros años de la administración Kirchner, la estrategia de patear la pelota hacia adelante tenía su razón de ser. En ese momento no se quería convalidar aumentos de tarifas desproporcionados y se mantenía –y aún persiste– un fuerte conflicto por los juicios millonarios iniciados en el Ciadi. Pero ya empieza a ser contraproducente no avanzar porque en esos sectores sensibles se requiere de millonarias inversiones para mejorar los regulares servicios que hoy se prestan.

Es cierto, como sostienen funcionarios claves de la administración K, que las empresas contabilizan ganancias operativas. Pero ese dinero no les alcanza para inversiones de magnitud y, además, ese excedente en algunas de esas compañías lo obtienen porque no están pagando sus abultadas deudas. Especialistas en el tema, que precisamente no son defensores de las privatizadas, comentaban resignados, analizando el estado de situación, que “no se entiende la estrategia del Gobierno”. Para luego fundamentar que se exige a las privatizadas la renuncia de sus pretensiones ante el Ciadi, pero luego de fuertes cruces se acepta “simplemente la suspensión”. Tampoco les queda muy claro cuál es el salto cualitativo de cambiar los operadores de las privatizadas, desplazando a cuestionadas multinacionales especializadas en la materia por fondos de inversión especulativos de escasa transparencia. Y, finalmente, no entienden por qué no se avanza en el proyecto de ley de marco regulatorio de las privatizadas, que duerme hace poco más de un año en cajones del Congreso.

Si el camino no es la estatización, ni tampoco un modelo de gestión diferente del que rigió en los noventa, y si se trata de poner un poco de orden a la actual relación Estado-privatizadas-usuarios, esa ley es la mejor herramienta. Esa norma, que no ha sido debatida en ninguna de las siete comisiones del Congreso que fue a parar, fija reglas claras de funcionamiento para los operadores de servicios públicos. Establece, entre otros puntos destacados, la prohibición del ajuste automático de tarifas, que deben ser “justas y razonables dentro del marco de riesgo empresario”. También se define que no habrá rentabilidad garantizada al prestador, que deberá tener ganancias “razonables sobre el capital invertido”. Se crea un sistema solidario para los indigentes; la empresa no podrá interrumpir el servicio por falta de pago; y el Estado definirá en todos los casos los planes de inversión.

Más allá de la recuperación del lugar del Estado en un sector sensible, ese marco regulatorio no busca nada extravagante, simplemente que las compañías operadoras trabajen con las condiciones que esas mismas empresas deben cumplir en sus países de origen.

Ahora bien: si ese proyecto de ley, que fija nuevas reglas de juego, ha sido solamente una carta de negociación con las privatizadas se perderá una oportunidad de transitar un sendero diferente con esas compañías. Y el Gobierno no podrá salir de la trampa en que ha caído en su relación con las privatizadas, de aspirar a dejar lo viejo con elementos renovadores pero que se diluyen por las propias deficiencias de un modelo que ya se ha revelado como fallido.