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No se dice nada nuevo cuando se destaca que en la relación con el Fondo Monetario Internacional no están en juego diferencias sobre políticas económicas, sino que en ese vínculo lo que se está tratando son negocios. Una estrategia de ajuste fiscal permanente enfrentada a una de expansión del gasto público es la fachada. Monetaristas versus keynesianos es el ring side donde se ofrece el espectáculo. Pero ese enfrentamiento es una simulación. Resulta evidente que el FMI es una institución de ideología estrecha, cuyas autoridades están convencidas de que hacen lo correcto al aconsejar el set de medidas conocido. Son economistas ortodoxos de pura cepa, que en este juego son los actores de reparto. Son, en fin, los técnicos “serios” que buscan el bienestar de los díscolos países endeudados, receta que es amplificada por los voceros locales, con el saldo por todos sabido. Esos burócratas multinacionales de residencia en Washington no son conspiradores encerrados en un castillo de cristal, sino que son simplemente peones disfrazados de ideología con un nivel de alineación tal que se ven a sí mismos como profesionales independientes cumpliendo una misión, que es la de mejorar el nivel de vida de los países en desarrollo. Pero, en realidad, sus exigencias contenidas en el vademécum fondomonetarista definen negocios para las grandes empresas de los países integrantes de su directorio, conformado por representantes de cada uno de los países más poderosos del mundo. Los simuladores avanzan en su plan con un grado de convencimiento que no deja de asombrar. Castiga a los gobiernos cuando no pueden avanzar en su objetivo. Y muestran el rigor del poder delegado para doblegarlos.
El caso argentino deja al desnudo esa forma de actuar del FMI. Queda en evidencia que no se está discutiendo sobre política económica. Ni las tradicionales medidas de ajuste fiscal permanente, que se saben del libreto neoliberal, utilizado de pantalla de distracción para llevar a cabo el plan de simulación más difundido: obtener un saldo positivo de las cuentas públicas para garantizar el pago a los acreedores. Pero aquí los negocios a defender han sido otros más. Cada uno de los directores del Fondo ha trasmitido el interés de multinacionales de su país en Argentina, lo que explica las marchas y contramarchas en la negociación.
Sin una cuota de conspiración, detallando la información aparecida en los medios, se puede revelar la saga de este capítulo de los simuladores del Fondo. Veamos algunos casos:
- El director alemán manifestó toda su dureza contra Argentina –Domingo Cavallo puede dar prueba de ello cuando era ministro de Fernando de la Rúa– al pasar la factura por la anulación del contrato para la confección de DNI adjudicado a la alemana Siemens.
- La inflexibilidad del representante estadounidense obedecía a la Ley de Quiebras, que protegía a las empresas nacionales concursadas frente a los acreedores, que derivó en la modificación de esa norma.
- La indiferencia japonesa sobre el destino del gobierno de Duhalde fue la forma de castigarlo por el incumplimiento en el pago de los bonos Samurai, que perjudicó a miles de inversores nipones.
- Las quejas insistentes de los europeos con multinacionales de ese origen con intereses en empresas privatizadas tuvieron su motivo por la pesificación, desindexación y congelamiento de las tarifas.
- La exigencia del bono compulsivo para terminar el corralito fue liderado por los delegados de países con bancos en el país: HSBC, Gran Bretaña; Citi y BankBoston, EE.UU.; Santander y BBVA, España, entre los principales.
- La ira de todos quedó en evidencia por la Ley de Subversión Económica, que ponía en peligro a empresarios y banqueros de esos países poderosos.
La inconsistencia de este último reclamo, como ejemplo de que lo que se discute son negocios y no otra cosa con el FMI, quedó en evidencia con los sucesivos fraudes de grandes empresas estadounidenses (Enron, WordlCom, Global Crossing) que falsearon balances. Para castigar el dolo, la corrupción y la falta de ética la administración Bush impulsará una ley para endurecer las penas por esos delitos. El mismo espíritu de la Ley de Subversión Económica que aquí se exigió y se logró derogar.