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La falta de acuerdo entre productores agropecuarios y proveedores de insumos por las deudas en dólares de los primeros terminó con un laudo del Gobierno. Pero como la letra de esta nueva resolución se parece demasiado a la propuesta de los proveedores, puede decirse que la guerra continúa.
Desde enero pasado, a raíz de la Resolución 10 de Economía, se había generado un trato discriminatorio con los productores, al obligárseles a cancelar sus deudas por semillas, fertilizantes y otros insumos al dólar del mercado libre, mientras el resto de los sectores, incluido el de los proveedores, se beneficiaba con la pesificación.
Ahora, para remediar sus propios errores, y luego de estériles discusiones entre las partes en conflicto, el Gobierno decidió que las deudas por insumos, anteriores a la devaluación, tendrán una quita del 25 por ciento si esos insumos se destinaron a la producción de trigo, girasol, soja o maíz, del 40 por ciento para las carnes, del 50 para los lácteos y del 60 para todo el resto.
Lejos de conformar a la mayoría de los productores, esta diferenciación en las quitas está provocando bastante irritación. ¿Qué tienen la carne o la leche de especial para recibir un trato mejor que los principales granos?
Y aunque Economía admitió que los pagos que se hicieron con tarjetas de crédito tienen valor cancelatorio, dejó, en cambio, un peligroso hueco con respecto a los cheques diferidos. Quien haya utilizado, por ejemplo, un cheque diferido a marzo para pagar su deuda, tendrá que enfrentar el reclamo de los proveedores (que ya lo han cobrado) de que abone la diferencia cambiaria desde esa fecha.
Se les da a los insumos un tratamiento que implica que todos sus componentes son importados, pero las semillas, por ejemplo, son producidas en la Argentina y su desarrollo y puesta a punto cuenta con la intervención del INTA. Por eso, algunas entidades ruralistas quieren, además de una quita generalizada del 20 por ciento para las deudas, otro 30 por ciento adicional por los componentes nacionales.