Domingo, 12 de agosto de 2007 | Hoy
BUENA MONEDA
Por Alfredo Zaiat
No es sencillo apartarse un poco de la histeria que ofrece la sucesión de noticias respecto de aumentos de precios de diversos bienes, en una secuencia de uno detrás de otro que configura un escenario de desborde que, en realidad, no es tal. El camino más fácil seduce a exponer una sentencia definitiva sobre la proximidad del caos a partir de una serie de variaciones de precios, que, por cierto, la bochornosa intervención oficial en el departamento de IPC del Indec colabora para alimentar la usina de los falsos profetas. Pero, para desgracia de esos analistas, la economía es un poco más compleja, y para tratar de entenderla se deben relacionar algunas cifras que se difunden diariamente para definir en términos relativos un determinado cuadro de situación. El método de exorcizar a los dogmáticos consiste en evitar juicios de valor estables en escenarios dinámicos. Una cosa es si los precios suben en un contexto de estancamiento de los ingresos, y otra muy diferente si lo hacen en un panorama de recuperación del salario, incluso por encima de los índices de inflación minorista paralelos del sector privado ante la nula credibilidad del oficial. La evaluación de uno y otro proceso resulta distinta y, por consiguiente, las conclusiones sobre lo que en realidad está pasando. En el primer caso, la inflación causaría estragos y podría estar motivada por varios factores, desde razones fiscales hasta monetarias o por una fortísima devaluación de la moneda doméstica. En el segundo, en cambio, la remarcación de precios estaría reflejando una intensidad de la demanda superior a la morosidad de la oferta por la escasa vocación inversora del sector privado para ampliar la frontera de producción, con excepción de algunos sectores de la alimentación afectados por cuestiones climáticas. Además, y como hace bastante que no se podía observar con tanta crudeza, lo que hoy exhibe la velocidad de ajustes de los precios de ciertos bienes es lo que se denomina puja distributiva.
Resulta evidente que no se está en presencia de un escenario de alza de precios y congelamiento de los salarios. Tampoco de uno que reconozca la disparada con origen en el área fiscal, por desequilibrios de las cuentas públicas, o en la política monetaria, por una expansión desmedida o por la emisión para cubrir déficit del fisco, que todavía contabiliza un excedente considerable pese a la alarma exagerada de los gurúes de la city sobre su reducción. Habría que pensar, entonces, que la actual dinámica de crecimiento de los precios tiene otra raíz, además de un impacto diferente en el costo de vida de la población debido a que los ingresos no sólo no están congelados o no acompañan la misma evolución de los precios, sino que en promedio se ubican por encima. De acuerdo a cifras del Indec –datos que sí son creíbles–, el índice de salarios avanzó 20,2 por ciento en doce meses –junio 2007/junio 2006–, mientras que en el primer semestre de este año el aumento fue de 9,2 por ciento.
Como el IPC-Indec Moreno sólo sirve como referencia para calcular cuánto menos deberá pagar el Tesoro por la deuda de los bonos que se ajustan por el CER, se debe apelar a otros indicadores aproximados del índice de inflación minorista. Frente a cualquiera que se utilice (mayorista, implícitos del PIB, por recaudación del IVA o por intuición –este último es el preferido de varios gurúes–), la evolución de los salarios supera a la de los precios en la comparación de doce meses, y se sitúa en el mismo nivel cuando la relación se efectúa con la primera mitad del año.
Este comportamiento de salarios y precios brinda interesantes pistas para empezar a comprender la presente tensión inflacionaria. Después de enviar al cesto de la basura la idea reaccionaria de la ortodoxia de que los aumentos de salarios provocan inflación, se observa que el año pasado con acuerdos-controles de precios los salarios pudieron mejorar su situación relativa respecto de la distribución de la renta. Cuando se relajaron un poco esos pactos, por presión de las empresas y también por incapacidad del Gobierno de institucionalizar con equipos técnicos esa bienvenida intervención en mercados no competitivos, el sector del capital puso un freno a la recuperación en el reparto del ingreso por parte de los trabajadores. La fuerte demanda que se verifica en casi todas las áreas de consumo masivo es un síntoma de esa puja: los empresarios intentan retener márgenes de ganancias ya de por sí elevados –incluso buscan aumentarlos aún más– con el alza de precios, y la población con ingresos fijos no puede seguir mejorando su poder adquisitivo pese al incremento de salarios, precisamente, por ese ajuste de precios. Por ejemplo, Molinos presentó su balance semestral contabilizando un crecimiento de su ganancia neta, al totalizar 146 millones de pesos, de los cuales 52 millones corresponde al negocio de marcas (productos), con un incremento de la facturación del 12 por ciento.
En los últimos dos años, hasta comienzos de éste, la protesta por los precios se concentraba en los sectores medios y altos, que ya antes de la intervención del Indec cacareaban acerca de que la inflación era más elevada que la que registraba el instituto oficial. Esa percepción estaba motivada en la vigencia de efectivos acuerdos de precios en alimentos y en el alza de ciertos servicios desregulados. Las estadísticas por quintiles de ingresos a fines de 2006 mostraban que la inflación del 9,8 por ciento promedio de ese año tenía incluida una suba de 7,5 por ciento en el 20 por ciento de menores ingresos de la población, y un alza de 11,2 por ciento en igual tramo de mayores ingresos. En lo que va de este año, en cambio, por el aumento de alimentos, la inflación está afectando más a los sectores de menores ingresos.
Por inoperancia o por soberbia, lo cierto es que los acuerdos de precios no se fueron renovando, perdiendo así la oportunidad de diseñar y perfeccionar eficientes herramientas de intervención en mercados no competitivos y sensibles para la canasta básica de la población más vulnerable. La preocupación de la política de precios dejaron de ser los ajustes y las tasas de ganancias de las compañías y se trasladó el objetivo de manipular el IPC para mostrar falsamente una inflación bajo control, estrategia que agradecen las empresas y comercializadoras con posición dominante en el sensible mercado de alimentos.
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