Se presenta como un atractivo ejercicio identificar los niveles de preocupación de economistas y analistas por el incremento del gasto público. A través del mayor o menor énfasis en la alarma expresada por las cifras del superávit de las cuentas públicas se puede deducir el tipo de sociedad que les gustaría construir, más allá de los discursos de buenas intenciones. La supuesta debilidad por la evolución de los números fiscales no es un desvelo exclusivo de la ortodoxia. También lo expresan a ritmo creciente representantes de lo que se denomina el pensamiento heterodoxo, ya sea para no quedar fuera de la moda mediática o para vestir el traje de “serio” en la academia. No se trata de un debate sobre el déficit fiscal, puesto que la experiencia traumática de décadas pasadas dejó como enseñanza que no se puede manejar una economía endeudada con desequilibrios presupuestarios. Unos y otros ya han aprendido que las cuentas tienen que estar en orden para evitar sacudones violentos. La cuestión que intranquiliza a muchos pasa por la magnitud y el destino del superávit fiscal, lo que ubica la discusión en otro plano que el que durante años fue tradicional en el país sobre los gastos y erogaciones del Estado.

Foto: Adrian Perez

Salvo para quienes ignoren la evidente raíz conservadora del gobierno de Néstor Kirchner en el manejo de las cuentas públicas, comportamiento que ratificó a lo largo de toda su gestión, puede preocuparse por el aumento del gasto público por encima de la recaudación como el registrado en los últimos meses. Si declaran inquietud por esa evolución, lo que plantean, en realidad, tiene que ver con la política, por la cercanía de las elecciones, y poco con la política económica. El economista e historiador Pablo Gerchunoff brinda un consejo brillante cuando aparecen ciertos cuestionamientos y pronósticos oscuros a partir de algunas brumas: evitar juicios de valor estables en una situación dinámica.

Esta administración tiene como pilar de su esquema económico el superávit fiscal, con una obsesividad exagerada que termina descolocando a los históricos abanderados del orden de las cuentas públicas. Para tranquilidad de los puristas, el balance de este año volverá a contabilizar un excedente del 3 por ciento del Producto Interno Bruto. No existe antecedente en la historia económica argentina de cinco años consecutivos de semejante saldo positivo en el Presupuesto. Pero como nada es perfecto, del mismo modo que se adelantaba la desaceleración de la actividad –que no se cumplió– porque la “calidad” de la inversión era mala por el elevado componente del rubro construcción, ahora se repite lo mismo con el superávit. Este no es de “calidad” porque incluye el aumento de fondos proveniente de los traspasos de los aportes de las AFJP al sistema público de reparto. Resulta curiosa esa observación de los gendarmes de las cuentas públicas. En su momento, a partir de 1994, cuando comenzó el engendro de la jubilación privada, no realizaban similar observación sobre la “calidad” del déficit fiscal, puesto que gran parte de ese agujero era provocado por el desvío de los fondos del régimen estatal a las compañías previsionales manejados por los bancos. O sea, cuando el Estado recupera recursos para garantizar una jubilación medianamente digna es motivo de alarma por la “calidad” fiscal, en cambio cuando el sector privado se apropia del dinero de los trabajadores para ofrecer un haber miserable a través de las AFJP –previo cobro de elevadas comisiones– es una política fiscal consistente. Este peculiar análisis es un abuso a la inocencia de interlocutores circunstanciales.

La reforma previsional, que el Gobierno ha implementado en varias etapas, tiene un impacto fiscal neto poco relevante, y es menos aún frente al beneficio de recuperar un régimen de seguridad social que estaba desquiciado. La consultora Econométrica, que se ubica lejos ideológicamente del Gobierno (el secretario de Hacienda del gobierno de Raúl Alfonsín, Mario Brodersohn, es uno de los dueños), estimó que el plan de inclusión previsional –como define a la estrategia oficial– implicará un costo de 0,8 por ciento del PIB en 2007, porcentaje que se reduce a 0,54 por ciento el año próximo. Ramiro Castiñeira, investigador de Econométrica, elaboró ese interesante informe (El impacto fiscal de la reforma previsional) en el cual concluye que “el conjunto de medidas y reformas realizadas por el gobierno nacional sobre el sistema de seguridad social, le permitió en el corto plazo reflotar el subsistema de reparto y utilizarlo como plataforma para mejorar sensiblemente la situación de un grupo vulnerable como es la clase pasiva, algo que queda en evidencia con el salto en la tasa de cobertura previsional ahora en torno al 95 por ciento, máximo en todo Latinoamérica”.

La estrategia oficial en el área previsional consistió en:

• Moratoria, que sumó al sistema 1,3 millones de ancianos excluidos de un haber jubilatorio.

• Jubilación anticipada, que benefició a 60 mil desempleados con todos los años de aportes pero a los que les faltaban hasta 5 años de edad para adquirir el derecho al beneficio.

• Reforma previsional, que volvió a jerarquizar el reparto abriendo la opción, asignando los indecisos al sistema estatal, traspasando a mujeres y hombres próximos a jubilar que en las AFJP no iban a alcanzar la mínima, y también a trabajadores con regímenes especiales.

• Se restablece el aporte del 7 al 11 por ciento de los ingresos de los trabajadores en AFJP a partir de 2008.

• Creación de un fondo con recursos propios del Anses hasta totalizar un año de los compromisos a desembolsar.

• Sucesivos aumentos de la mínima, hasta ubicarla en unos 600 pesos, y un par de ajustes para el resto.

Esta serie de medidas constituye una profunda reforma previsional, que aún tiene algunos importantes puntos pendientes, como definir un índice de movilidad permanente y acercar un poco más la jubilación mínima al umbral del salario mínimo. Con los últimos aumentos, el gasto en Seguridad Social pasa de 4,9 a 6,2 por ciento del PIB del año pasado a éste, según estimaciones de Econométrica. Ese porcentaje es el mismo que se destinaba en ese rubro en el 2001, recuperándose de la brutal licuación que implicó la megadevaluación.

La universalización del haber previsional para la vejez y la recomposición del gasto en seguridad social son avances relevantes, que sólo pueden inquietar a los obsesionados por la “calidad” del superávit fiscal. Así es más fácil deducir qué tipo de sociedad aspiran a construir los sacerdotes de la castidad de las cuentas públicas.

[email protected]