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En la renegociación de las tarifas de las privatizadas Roberto Lavagna puede optar por hacer el ridículo, como el actuado con el torpe mecanismo de compra de autos con Boden, o definir un ajuste que no signifique otro papelón. Este tendría consecuencias más graves para el bolsillo que el de la extravagante licitación descartada para la adquisición de automóviles. El saldo de esa negociación debería dar un resultado diferente de los conocidos en los sucesivos acuerdos celebrados durante los ‘90, cuando sistemáticamente se privilegió mantener o incluso incrementar los beneficios extraordinarios de las privatizadas. Vale destacar que la responsabilidad de Lavagna no será simplemente la de disponer un ajuste de emergencia y fijar condiciones mínimas de prestación de los servicios. Esta negociación marcará las reglas de juego de la necesaria reconstrucción del entramado normativo y regulatorio, lo que condicionará al próximo gobierno. En caso de que el ministro pueda descender del caballo de la soberbia, se daría cuenta de que si la prensa anunció, como él enumeró, siete veces un tarifazo no fue para crear zozobra en la población, sino para alertar sobre esa posibilidad que parece presto a ejecutar. Para evitar ese costoso papelón tiene a su alcance un imprescindible libro de reciente publicación: Privatizaciones y poder económico. La consolidación de una sociedad excluyente, Daniel Azpiazu (compilador), Universidad Nacional de Quilmes, Flacso e Idep.
Para esta negociación resulta determinante cómo se la aborda. Si se mira la foto o la película de la situación de las privatizadas. En la instantánea, las empresas aparecen con quebrantos millonarios en un estado desesperante. Sin embargo, incluso en la foto, merece recordarse la licuación de sus pasivos con el sistema financiero local: de los 50 mayores deudores, 25 son privatizadas, obteniendo con esa medida un beneficio de 2000 millones de pesos.
Otra es la historia si se evalúa el largometraje que comenzó en los ‘90. En ese excelente libro, Azpiazu describe con minuciosidad cómo durante esos años las privatizadas realizaron un considerable aporte a la conformación del actual estado de “emergencia” de la economía. Destaca que sólo considerando la “ilegal” recurrencia a los distintos tipos de actualización tarifaria por índices de precios de Estados Unidos, las privatizadas se han apropiado de beneficios extraordinarios por unos 9000 millones de dólares. Además precisa con rigurosidad otros privilegios, que no registraron los restantes agentes económicos: contar con reservas de mercados monopólicos; una manifiesta “debilidad” regulatoria funcional a los intereses empresarios; la dolarización de las tarifas; y recurrentes renegociaciones contractuales violatorias de las propias condiciones bajo las que se concursaron y de la normativa vigente.
Lavagna tiene en la Ley de Emergencia aprobada en los inicios del Gobierno de Duhalde una buena herramienta para sentarse a la mesa con las privatizadas. Esas norma estableció un replanteo de las relaciones contractuales con esas empresas, que apuntaba a revisar y renegociar algunos de esos privilegios que gozaron durante la década pasada. Azpiazu recuerda que el artículo 4 de esa norma quedó redactado así: “Mantiénese derogadas, con efecto a partir del 1º de abril de 1991, todas las normas legales... que autorizan la indexación.... (de) tarifas”. Y destaca que “ello parecería viabilizar, incluso, la revisión de todos aquellos ajustes tarifarios que, vía decretos y resoluciones de dudosa juricidad, han conllevado rentas extraordinarias para las privatizadas. Se trata, sin duda, de uno de los elementos esenciales de la Ley de Emergencia que, si la administración Duhalde se propone instalarlo en la mesa de negociación con las privatizadas, deberían dar lugar a una revisión integral –a la baja– de las tarifas, por el resarcimiento implícito. De ese artículo se desprende que todas las indexaciones tarifarias han sido ilegales y que, como tales, deberían ser compensadas a los usuarios y consumidores afectados”. Lavagna puede evitar hacer otro papelón.