Senadores y banqueros corren con la desventaja de que apenas sus familiares le tienen confianza. El escándalo de la supuesta coima por la Ley Barrionuevo, que beneficia al gremio de los bancarios, embarra a ambos protagonistas por igual. Pero esa pelea abrió las puertas para que se conozcan negocios turbios no tan espectaculares como un soborno pero tan inmorales como sobres llenos de billetes para aprobar o frenar una ley o para ganar una privatización u obtener una resolución favorable del Banco Central. Se trata del tráfico de información. Y como se sabe, información es poder. Poder para hacer negocios. El blanco elegido para desviar la atención por el nuevo bochorno en el Senado es Carlos Bercún, que a esta altura se ha convertido en chivo expiatorio oportuno para aliviar a legisladores y banqueros. Que sea utilizado como válvula de escape no significa su inocencia. Simplemente que se ha concentrado la atención en él para eludir la poca transparente relación de legisladores con sectores del establishment.
La comercialización de información confidencial es el primer eslabón de la corrupción que corroe las instituciones. Y ese negocio sólo se puede concretar si existen funcionarios que proveen la materia prima. Sin esa asistencia “oficial” no podrían existir esas “consultoras”, cuyo trabajo consiste en recopilar información reservada para vender a clientes más que en actuar de lobbystas, aunque algunas veces también asumen esa tarea. En definitiva, Bercún existe porque diputados y senadores le abren la puerta de comisiones de trabajo y documentos parlamentarios reservados para que pueda hacer su negocio. O sea, los legisladores, que se escandalizan por los suculentos honorarios que cobra la consultora CB y Asociados, son los principales responsables de la existencia de ese traficante de información. La descripción de ese negocio no debería sorprender. Lo mismo hacen sin generar ninguna reacción indignada las principales consultoras de la city, del Estudio de Miguel Angel Broda para abajo.
Salvo aquellos que prefieren mirar para otro lado, los economistas respetados por el establishment, invitados a dar periódicamente pronósticos, que en la mayoría de las ocasiones son errados, lobbystas encubiertos de los intereses de bancos y empresas, y siempre candidatos a ministro también trafican con información confidencial del Estado. Quienes transitan por los pasillos del Ministerio de Economía y el Banco Central saben que existe una red de informantes, algunos informales y otros a sueldo, que aportan datos para que esas consultoras puedan vender sus documentos semanales y mensuales a buen precio.
Pasó desapercibido el listado de empleados de la consultora de Bercún que presentó la senadora tucumana Malvina Seguí en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Confundidos por las cifras abultadas de los honorarios de Bercún a sus calificados clientes no mereció la debida atención quienes integran su equipo de trabajo. Sobresale en ese grupo de “investigadores parlamentarios”, según detalló Seguí, el actual subsecretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Economía, Raúl López.
¿Cuántos López habitan en el Estado? ¿Cómo se pueden elaborar precisos informes económicos, con estadísticas que no están a disposición pública, sin la complicidad de funcionarios de dependencias oficiales? El acceso a información privilegiada y su utilización en beneficio propio constituye un delito en el mercado bursátil. Existen casos resonantes en la plaza local, como la venta de Terrabusi a Nabisco. También está penado por la ley la administración infiel de información pública. Pero, en este caso, no se conocen casos que hayan merecido castigo penal ni mediático. En definitiva, los Bercún o los Broda son fruto de ese Estado en descomposición. Consultores-lobbystas que adquieren poder y ganan fortunas gracias a la malla de agentes públicos que actúan como piratas de la información. Hay que empezar por ese eslabón para entender esta historia.