Uno, dos, tres intentos para imponer un aumento de las tarifas de luz y gas. Dos veces fueron frenados por la Justicia y, según admiten en la Jefatura de Gabinete, existe una elevada probabilidad de que otra vez queden en suspenso ante las presentaciones realizadas en Tribunales por las entidades de defensa de los consumidores y defensorías del pueblo. Tanta insistencia de Roberto Lavagna responde al compromiso asumido ante el Grupo de los Siete. A cambio, consiguió la presión de esos países poderosos y principales accionistas del FMI sobre el staff de ese organismo para que firmen el acuerdo con Argentina. Ese esfuerzo en violar la letra y el espíritu de la Ley de Emergencia Económica, que dispone la renegociación global de los contratos y prohíbe la indexación de las tarifas, podría haberse invertido en avanzar en la definición de nuevas reglas de juego. Catorce meses ha perdido el Gobierno para redefinir normas con las privatizadas. Se argumenta la imposibilidad de avanzar en la renegociación de los contratos porque se trata de un Gobierno de transición. Y como tal no tiene poder para definir aspectos tan sensibles. Si así fuera se tendría que haber abstenido de impulsar varias iniciativas, como por ejemplo la meritoria Ley de Genéricos. Ni firmar compromisos con el FMI que condicionarán al futuro Presidente. En realidad, ni el Gobierno ni las privatizadas manifestaron voluntad de abrir el debate sobre el negocio de los servicios públicos. El interés de la compañías es obtener un aumento de las tarifas sin redefinir nada de las condiciones de monopolio en las cuales desarrollan su actividad.
Como en tantas otras decisiones trascendentes, Roberto Lavagna perdió la máscara de “progresista moderado”, como gusta definirse, para disponer una medida que plantea una discusión a futuro con las privatizadas con el presupuesto de la inexorabilidad de un aumento de tarifas. ¿Por qué en lugar de “una suba a cuenta” no definió una “rebaja a cuenta” de la renegociación”? Más allá de la insatisfacción de las compañías por la magnitud de ese ajuste, el ministro le deja al próximo Gobierno un marco de debilidad en la relación con las privatizadas. En la mesa de negociación se partirá de ese aumento, y con otro ajuste probable antes que Duhalde deje la Casa Rosada.
Como escribió Daniel Azpiazu, en su imprescindible libro Privatizaciones y Poder Económico, “la debilidad estatal frente al poder económico de las compañías prestatarias y sus cuadros de lobbystas, y esa no-urgencia por encarar desde una posición sólida, que incorpore la revisión de los últimos diez años de privilegio, parecería conspirar contra los éxitos de las renegociaciones en curso”.
Dentro de la lógica de ajuste dispuesta por Lavagna, estructurando una “tarifa social” sui generis definida por nivel de consumo y no de ingresos del hogar para los consumidores residenciales, se preservó al sector económico por el cual el ministro tiene debilidad: el exportador. El aumento de tarifas de luz y gas para comercios e industrias fue uniforme, sin importar si se tratara de compañías vinculadas al mercado interno, que no muestra signos de recuperación, o al externo, con ganancias extraordinarias gracias a un dólar recontraalto. Lavagna tenía la oportunidad de realizar una redistribución de cargas dentro de las diferentes ramas productivas, con tarifas más elevadas para las empresas cuyo actividad principal es la exportación. En cambio, pese a la sugerencia de algunos colaboradores de disponer una “tarifa social” a ciertos sectores económicos, privilegió a los exportadores.
En esa política “independiente” en relación a las privatizadas, Lavagna acordó que una misión conjunta del FMI y Banco Mundial analice el marco regulatorio y el nivel de las tarifas. En los próximos días, burócratas de Washington con una conclusión predeterminada, que no es otra que la necesidad de una fuerte alza de las tarifas, como piden las empresas, definirán las condiciones de la renegociación de los contratos. Instancia que el Gobierno decía que no podía avanzar por tratarse de una administración de transición. Ahora, el FMI y BM fijarán las reglas. A Lavagna se le cayó la máscara.