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Como en tantas otras iniciativas, en este caso el de la mediación no voluntaria por deudas en mora con garantía hipotecaria, el Gobierno se queda a mitad de camino. Anunció que los depósitos se devolverán en dólares, promesa incumplida que ahorristas todavía le facturan a Eduardo Duhalde. Avanzó contra la Corte Suprema, para luego recular, con más costos que beneficios. Aseguró más de una vez que no iba a permitir aumentos de las naftas, terminando desairado con acuerdos precarios y transitorios que igualmente contenían ajustes de los precios. Sostuvo que no iba a pagar a los organismos financieros con reservas, para terminar abonando con el fin de cerrar un acuerdo con el FMI. Se jugó a informar que instrumentará una serie de medidas para contener los precios de los bienes de la canasta básica de alimentos, iniciativa que duró un suspiro ante la fuerte presión de exportadores y compañías que detentan posición dominante de mercados. En definitiva, el Gobierno amaga con avanzar en una dirección y, ya sea por falta de convicción o por debilidad ante poderosos lobbies, termina transitando por otro camino al inicialmente propuesto. Como si tropezar con la misma piedra fuese una aspiración, con la mediación no voluntaria Duhalde volvió a repetir ese desacierto.
Esa iniciativa no satisface a nadie. Ni a deudores ni, obviamente, a acreedores. Tiene la oposición de Roberto Lavagna, quien actúa de correa de trasmisión de objeciones del FMI a ese tipo de medidas. Y, finalmente, no resuelve el conflicto, sino que lo extiende en el tiempo, como si ése fuese la misión que se propuso Duhalde para su gestión.
Las ideas y vueltas alrededor de esa cuestión comenzaron con la Ley de Quiebras, que terminó modificada en una versión lavada ante la intensa presión ejercida por el Fondo. Posteriormente, se definió una prórroga para las ejecuciones, suspensión que finalizó el 1º de febrero. El Gobierno tuvo tiempo suficiente para pensar una alternativa viable al ineludible enfrentamiento de deudores pesificados con acreedores que recuerdan con añoranza los dólares prestados.
Resulta una verdad de Perogrullo, pero no está de más recordar que la economía argentina colapsó, generalizándose el incumplimiento de deudas. En algunos casos porque la devaluación provocó un salto abrupto de los pasivos. En otros, pese a la pesificación, los ingresos quedaron congelados o disminuyeron y, con inflación, se deterioró la capacidad de pago. Y también, vale mencionar, unos pocos vivillos se subieron al tren del no pago pese a tener posibilidad de honrar sus obligaciones.
El Estado declaró el default de una porción de su deuda adelantando que no será un pagadiós, sino que impulsará una renegociación con los acreedores aspirando a una quita del 70 por ciento del capital y a una baja de la tasa de interés.
Casi cuarenta grandes empresas también se sumaron al club de la cesación de pagos. Ya se presentaron diferentes propuestas de reestructuración de pasivos, menú que va desde el canje por nuevos bonos a tasas bajas, pasando por la transferencia de parte del capital accionario a acreedores hasta por el rescate de esas deudas con descuentos del 60 al 70 por ciento del valor original.
Con esos antecedentes, la resolución de la situación de gran parte de los deudores con el sistema financiero como con acreedores privados debería reunir algunas de las características de las negociaciones que encara el Estado y las grandes empresas para arreglar sus compromisos impagos. Dejar al deudor solo frente a los bancos implicaría enviarlo a la guillotina. A la vez, no respetar al acreedor, en especial aquel inversor que llevó sus dólares a escribanías tentados por elevadas tasas, significaría sepultar las perspectivas que retorne el crédito a la economía. En concreto, se trata de buscar mecanismos eficientes, en similares condiciones a las que se determinan en los grandes default público y privado, para que la voluntad de arreglo sea un esfuerzo compartido entre deudores y acreedores.