Dom 09.05.2004
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EL BAúL DE MANUEL

Baúl I y II

› Por Manuel Fernández López

Alimentos y energía
En una entrevista realizada durante su tercera presidencia, Juan Domingo Perón expresó que la Argentina, por tener alimentos y energía, era “el país del futuro”. Pero el viejo zorro de la política argentina bien se cuidó de no aclarar qué calidad de país tenía en mente. Treinta años después, nuestros días son el futuro a que aludía Perón. El país es el del futuro, pero diariamente miles de jóvenes en consulados extranjeros buscan huir de él, como de la peste. Con muchos más habitantes que entonces, la mitad de la población se halla sumida en la pobreza, y gran parte de esa mitad no alcanza a poder pagarse una alimentación adecuada. La muerte de niños de corta edad por desnutrición ha pasado a ser cosa normal. La inflación de abril, del 0,9 por ciento, se debió en su mayor parte al encarecimiento de los alimentos, lo que indica que aun una pequeña expansión en el consumo de alimentos recalentaría la economía y se reflejaría en inflación, perjudicando especialmente a la franja demográfica más sumergida, aquella que gasta la mayor parte de su ingreso en alimentos. En cuanto a la energía, ya la falta de gas amenaza con interrumpir la industrialización de bienes como el tomate en Mendoza y la caña de azúcar y el limón en Tucumán. Se trata de materia prima perecedera, ya adquirida, que si no se procesa se echa a perder a breve plazo y en cuyo procesamiento se emplean cientos de trabajadores. El no poder sustituir el gas por otra forma de energía revela que también en otras fuentes energéticas hay dificultad de abastecimiento. Ante ese cuadro incierto, ¿qué plan de producción se trazará el industrial para la cosecha del año que viene, el ingenio para la próxima zafra? ¿comprará materia prima? ¿tomará trabajadores? Si no lo hace, ¿cómo se verá afectada la tasa de crecimiento, presunta fuente de solución para los problemas de la deuda externa y del extraordinario desempleo? El error de Perón era creer que la mera existencia física de recursos energéticos bastaba para que la energía llegase a empresas y hogares, sin importar si la producción energética tenía por fin la obtención de ganancias o la satisfacción de las necesidades sociales, y que la existencia de tierra era suficiente para crear alimentos para la población, permitiendo el acceso a ella sólo por su compraventa en el mercado y sin orientar su uso en cuanto a la producción y mantenimiento del rendimiento normal del suelo.

PURE y K-gas
La historia de la red caminera nacional y provincial, de la red de 12.000 km de gasoductos y los gasoductos troncales y de las centrales hidroeléctricas Comahue, Salto Grande y parte de Yacyretá, se remonta a 1929, cuando Enrique Mosconi impuso la empresa YPF, o a 1934 cuando en la presidencia de Agustín Justo se establecieron impuestos especiales para Fondos energéticos y viales, que hicieron posibles las referidas obras. Un poco más acá –por iniciativa del presidente Menem (“Menem lo hizo”), por procedimientos que ilegitimaban la privatización, como el caso del “diputrucho”, y ostensibles festejos de los parlamentarios tras privatizar YPF (¿cobraban por ello?)–, esos recursos fueron entregados al exterior, al privatizarse la petrolera estatal. El presidente de la Rúa no se quedó atrás, al prorrogar la concesión a partir de un año (2017) muy posterior a su propio mandato. Ningún órgano estatal observa cuánto gas o petróleo se extrae, y se admite la declaración jurada de las empresas; se reconoce un precio a boca de pozo del doble del precio en otras partes, y las regalías que abonan, de la mitad. Y así llegamos al presente, con un Estado inerme, que en lugar de obligar a las empresas a buscar más yacimientos, transportar la producción, achicar sus costos y reinvertir sus ganancias, propone por respuesta inducir a los particulares a ajustar su consumo de gas y electricidad, según un “Programa de Uso Racional de la Energía” (PURE), que introduce una doble tarifa para el consumo residencial, conuna tarifa-castigo basada en el consumo del año precedente. La tarifa-K castiga incluso por consumir lo mismo. Nadie aclara sobre qué base se compara el consumo actual de un matrimonio que recién hoy se instala en un nuevo hogar, ni por qué yo tengo que ser multado por extraer del subsuelo el agua que consumo, y gastar más electricidad que aquel habitante servido por una red de agua potable. Se presume que todos pueden economizar un poco más. Y aquellos que ya venían haciendo uso racional de gas y electricidad, ¿cómo reducirán más de 5 por ciento su consumo? Y si lo hacen, y se achican de 100 a 95, ¿qué sucederá el año siguiente? ¿deberán achicar su consumo de 95 a 90? El PURE lleva, en el límite, a consumir cero de electricidad y gas, a inviernos-K a oscuras y tiritando, calefaccionados por el gas-K e iluminados por la electricidad-K. Si el Proceso laxó al país con dos orejones, con este PURE, K-gas.

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