Domingo, 9 de mayo de 2004 | Hoy
EL BAúL DE MANUEL
Por Manuel Fernández López
Alimentos
y energía
En una entrevista realizada durante su tercera presidencia, Juan Domingo Perón
expresó que la Argentina, por tener alimentos y energía, era “el
país del futuro”. Pero el viejo zorro de la política argentina
bien se cuidó de no aclarar qué calidad de país tenía
en mente. Treinta años después, nuestros días son el futuro
a que aludía Perón. El país es el del futuro, pero diariamente
miles de jóvenes en consulados extranjeros buscan huir de él,
como de la peste. Con muchos más habitantes que entonces, la mitad de
la población se halla sumida en la pobreza, y gran parte de esa mitad
no alcanza a poder pagarse una alimentación adecuada. La muerte de niños
de corta edad por desnutrición ha pasado a ser cosa normal. La inflación
de abril, del 0,9 por ciento, se debió en su mayor parte al encarecimiento
de los alimentos, lo que indica que aun una pequeña expansión
en el consumo de alimentos recalentaría la economía y se reflejaría
en inflación, perjudicando especialmente a la franja demográfica
más sumergida, aquella que gasta la mayor parte de su ingreso en alimentos.
En cuanto a la energía, ya la falta de gas amenaza con interrumpir la
industrialización de bienes como el tomate en Mendoza y la caña
de azúcar y el limón en Tucumán. Se trata de materia prima
perecedera, ya adquirida, que si no se procesa se echa a perder a breve plazo
y en cuyo procesamiento se emplean cientos de trabajadores. El no poder sustituir
el gas por otra forma de energía revela que también en otras fuentes
energéticas hay dificultad de abastecimiento. Ante ese cuadro incierto,
¿qué plan de producción se trazará el industrial
para la cosecha del año que viene, el ingenio para la próxima
zafra? ¿comprará materia prima? ¿tomará trabajadores?
Si no lo hace, ¿cómo se verá afectada la tasa de crecimiento,
presunta fuente de solución para los problemas de la deuda externa y
del extraordinario desempleo? El error de Perón era creer que la mera
existencia física de recursos energéticos bastaba para que la
energía llegase a empresas y hogares, sin importar si la producción
energética tenía por fin la obtención de ganancias o la
satisfacción de las necesidades sociales, y que la existencia de tierra
era suficiente para crear alimentos para la población, permitiendo el
acceso a ella sólo por su compraventa en el mercado y sin orientar su
uso en cuanto a la producción y mantenimiento del rendimiento normal
del suelo.
PURE
y K-gas
La historia de la red caminera nacional y provincial, de la red de 12.000 km
de gasoductos y los gasoductos troncales y de las centrales hidroeléctricas
Comahue, Salto Grande y parte de Yacyretá, se remonta a 1929, cuando
Enrique Mosconi impuso la empresa YPF, o a 1934 cuando en la presidencia de
Agustín Justo se establecieron impuestos especiales para Fondos energéticos
y viales, que hicieron posibles las referidas obras. Un poco más acá
–por iniciativa del presidente Menem (“Menem lo hizo”), por
procedimientos que ilegitimaban la privatización, como el caso del “diputrucho”,
y ostensibles festejos de los parlamentarios tras privatizar YPF (¿cobraban
por ello?)–, esos recursos fueron entregados al exterior, al privatizarse
la petrolera estatal. El presidente de la Rúa no se quedó atrás,
al prorrogar la concesión a partir de un año (2017) muy posterior
a su propio mandato. Ningún órgano estatal observa cuánto
gas o petróleo se extrae, y se admite la declaración jurada de
las empresas; se reconoce un precio a boca de pozo del doble del precio en otras
partes, y las regalías que abonan, de la mitad. Y así llegamos
al presente, con un Estado inerme, que en lugar de obligar a las empresas a
buscar más yacimientos, transportar la producción, achicar sus
costos y reinvertir sus ganancias, propone por respuesta inducir a los particulares
a ajustar su consumo de gas y electricidad, según un “Programa
de Uso Racional de la Energía” (PURE), que introduce una doble
tarifa para el consumo residencial, conuna tarifa-castigo basada en el consumo
del año precedente. La tarifa-K castiga incluso por consumir lo mismo.
Nadie aclara sobre qué base se compara el consumo actual de un matrimonio
que recién hoy se instala en un nuevo hogar, ni por qué yo tengo
que ser multado por extraer del subsuelo el agua que consumo, y gastar más
electricidad que aquel habitante servido por una red de agua potable. Se presume
que todos pueden economizar un poco más. Y aquellos que ya venían
haciendo uso racional de gas y electricidad, ¿cómo reducirán
más de 5 por ciento su consumo? Y si lo hacen, y se achican de 100 a
95, ¿qué sucederá el año siguiente? ¿deberán
achicar su consumo de 95 a 90? El PURE lleva, en el límite, a consumir
cero de electricidad y gas, a inviernos-K a oscuras y tiritando, calefaccionados
por el gas-K e iluminados por la electricidad-K. Si el Proceso laxó al
país con dos orejones, con este PURE, K-gas.
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