La expropiación del 51 por ciento del paquete accionario de YPF en manos de Repsol, convertida en ley esta semana, abre una nueva oportunidad para los papeles de la petrolera. Las acciones de la compañía subieron el viernes hasta un 10 por ciento luego de la votación en Diputados. Las recomendaciones de las consultoras para la compra de estos activos volvieron bajo el argumento de que tienen margen de suba y de que eso podría darse en el corto plazo, lo que incluso permitiría al inversor compensar lo que no vaya a cobrar en los próximos dos años por reparto de utilidades, las cuales serán reinvertidas en la empresa. Como sociedad anónima, YPF contempla en su estatuto distintas emisiones de acciones, que dan variados derechos a sus tenedores, mientras que también difiere en el grado de impacto y el margen de maniobra de los accionistas ante movimientos bursátiles.

Las diferentes clases de acciones son determinadas con letras, para clasificar los valores de dividendos, la capacidad de voto y restricciones respecto de la tenencia de estos papeles. La clasificación puede incluir acciones ordinarias, preferidas y de goce. Sólo las preferidas contemplan un pago mínimo de dividendos obligatorio, independientemente de lo que decida el Directorio. De acuerdo con el estatuto de YPF, el capital social se divide en cuatro clases de acciones ordinarias: Clase A, sólo en poder del Estado nacional; Clase B, destinada a tenedores de bonos de consolidación de regalías de gas y petróleo; Clase C, en manos de ex empleados de YPF bajo el Programa de Propiedad Participada (PPP); y Clase D, que cotizan en Bolsa.

Tras la privatización de YPF, los trabajadores despedidos o con retiro voluntario, que tenían actividad antes de 1993, accedieron como parte de su indemnización al PPP. Se les otorgó entre 500 y 5000 acciones de la compañía, hasta completar el 10 por ciento del total de la misma. Pero esos papeles nunca llegaron a manos de los ex empleados. En 1997 fueron vendidos en Oferta Pública de Acciones (OPA) acordada entre el gobierno menemista y Repsol, lo que originó una serie de pleitos judiciales. Otra parte de las acciones del PPP se vendieron en 1999. Los ex empleados fueron tentados en varias oportunidades por inversores institucionales para que se desprendan de los papeles a un precio inferior al de mercado, mientras que se investiga una operación fraudulenta de Repsol sobre las acciones Clase C.

El desplome de las acciones de YPF de las últimas semanas, producto de la fuerte pulseada que los grupos concentrados desplegaron en el mercado en contra de la expropiación de la firma, afectó principalmente a los tenedores de papeles que no cotizan en Bolsa, el Estado y ex empleados de la sociedad, por su incapacidad para desprenderse de éstos. Para transferirlos se requiere cambiar la clase de la acción y el precio queda supeditado a la oferta del comprador, siempre inferior a la de mercado. Los especuladores, por el contrario, lograron sacar provecho de esa volatilidad. La pérdida en la capitalización de la compañía –que se redujo a la mitad desde inicio de año– tiene un correlato, aunque no directo, en el valor del resto de las emisiones (A, B y C). “No es tan lineal, pero habrá una pérdida para estos accionistas. Las diferencias entre las distintas clases de acciones tienen que ver con su derecho a voto, pero no existen protecciones adicionales en ningún caso”, señaló a Cash el titular de la Comisión Nacional de Valores, Alejandro Vanoli.

Las consultoras estiman que las acciones de la petrolera volverán a la senda alcista. “Los inversores comienzan a avizorar la conformación de un management más profesional, y no caben dudas de que los precios fueron muy castigados, ubicándose en mínimos históricos”, explicó a este suplemento el responsable de un banco de inversión. Afirmó además que la reinversión de utilidades también mejorará la cotización, cuando la ampliación de la capacidad productiva se plasme en los balances de la compañía

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