La tasa de desempleo en España alcanzó el mes pasado su nivel máximo en más de 36 años, al ubicarse en 24,6 por ciento de la población activa, según datos oficiales. La cifra se acerca al registro que exhibió la economía argentina en 2002, cuando llegó a 25 por ciento (sin contar los planes Jefes y Jefas de Hogar). Desde que se desató la crisis en el país ibérico, se comenzó a trazar un paralelo con la debacle argentina de 2001-2002. El gobierno español manifestó que continuará con los ajustes para evitar que el país deba aplicar un corralito sobre los ahorros. Sin embargo, las autoridades españolas y de la Eurozona parecen no haber aprendido en base a la experiencia argentina que el corralito fue sólo la última expresión de las políticas neoliberales implementadas anteriormente, las mismas que aplica actualmente el gobierno de Mariano Rajoy.

El físico alemán Albert Einstein definió como un rasgo de locura “hacer la misma cosa una y otra vez esperando obtener diferentes resultados”. El camino recorrido por ambos gobiernos –español y argentino– para tratar de salir del atolladero es el mismo. El gobierno conservador de Rajoy lleva aprobados en lo que va de sus apenas seis meses de gestión cuatro planes de ajuste. El último, el más salvaje en la historia de España en democracia, contempla aumentos en los impuestos a las ventas y recortes de gastos para eliminar 65.000 millones de euros (79.850 millones de dólares) del presupuesto hasta 2014.

El principal problema que enfrenta la economía española es el ancla cambiaria, resultado de adoptar el euro como moneda. La necesidad de mantener este esquema es el que obliga a que el gobierno del país europeo requiera constantemente de fondos frescos, para lo cual es obligado a aceptar duros condicionamientos. “Para sortear los límites que impone la pertenencia a una unión monetaria, habría sido necesario durante la etapa expansiva evitar un empeoramiento tan intenso del déficit exterior, instrumentado una política fiscal más restrictiva y una mayor liberalización en los mercados de bienes y factores que hubiera reducido las presiones de demanda y permitido un ajuste más intenso de costes y precios”, señala un documento del Banco (Central) de España, con la misma lógica que aplicó Domingo Cavallo en la Argentina.

Durante los primeros años de participación en la Unión Europea, la economía española acumuló desequilibrios macroeconómicos y financieros significativos en determinadas áreas: mercado inmobiliario, exceso de endeudamiento y pérdida de competitividad, admite el informe de la autoridad monetaria española.

De tal manera, el desborde especulativo en España que generó su crisis, favorecido por la ineficacia de los organismos reguladores, y la batería de medidas de ajuste para paliar los efectos de esa debacle conforman una espiral del cual le será difícil salir. Las deudas de numerosas empresas y particulares, junto a la mala gestión de las mismas, llevó a la intervención de algunas entidades financieras por parte del Estado. Sin embargo, el rescate de la banca sólo acrecentó los temores sobre la situación financiera de España. Las dos terceras partes de los bonos españoles están en manos de sus bancos, fondos de pensión y empresas aseguradoras. En tanto, ya lleva colocados en el año 59.000 millones de euros en bonos, de un total de 86.000 millones programados para 2012. El riesgo que apuntan varios informes privados es que el Estado y la banca podrían caer en una mutua dependencia, situación que se da en la Argentina con el proceso de valorización financiera iniciado en la última dictadura y que se extendió hasta fines de los noventa.

Por último, la actividad inmobiliaria evidencia una alta volatilidad en la inversión residencial y en los precios de la vivienda. Mientras, el desendeudamiento de empresas y familias todavía es demasiado lento, fuertemente ligado con la actividad inmobiliaria. Esto, a su vez, tiene efectos negativos sobre los balances bancarios y, en general, en las condiciones de financiación para la economía puede desenvolverse. Por lo pronto, el gobierno español informará recién en septiembre próximo si los 100.000 millones de euros que recibió de parte de la Unión Europea le alcanzarán para paliar la situación de su sistema financiero.

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