En un artículo publicado recientemente en este diario, Ricardo Echegaray explica que no es viable presupuestariamente reemplazar el Impuesto a las Ganancias sobre el salario por un impuesto a la renta financiera, ya que es mucho más lo que se recauda por el primero que lo que podría obtenerse por el segundo. No se trata de un gran hallazgo porque –que se sepa– no existe ninguna propuesta parlamentaria en ese sentido.

El aporte del artículo del administrador federal de Ingresos Públicos no debe encontrarse en dicha obviedad sino en las reveladoras omisiones de su argumentación.

Al igual que todos los funcionarios de Cristina Kirchner, Echegaray ignora la inflación, y omite entonces su incidencia tributaria. Gracias a que desde 2003 la inflación le gana siempre al mínimo no imponible, hoy pagan ganancias casi 2 millones de asalariados, más del triple que al momento en que asumió Néstor Kirchner. Son sólo el 20 por ciento de los trabajadores registrados, es verdad. Pero no son todos ricos, como nos quieren hacer creer la Presidenta y Echegaray. Algunos ganan menos de 6000 pesos por mes. De hecho, sólo los más ricos de entre esos 2 millones de contribuyentes están igual que en 2003: pagan la misma tasa marginal (35 por ciento). Para todos los demás, la tasa subió y proporcionalmente más para los salarios más bajos.

El no ajuste del mínimo no imponible es equivalente a un aumento de impuestos a la clase media y media/baja que nadie legisló y que, a los valores actuales, ronda los 4200 millones de pesos por año. Está bien que paguen Ganancias los sueldos altos; lo que no está bien es que paguen cada vez más trabajadores de sueldos medios y bajos. Para estos últimos, lo que no se lleva la inflación se lo lleva Echegaray con un mayor Impuesto a las Ganancias. La movilidad del mínimo no imponible evitaría esta injusticia y no requiere, como plantea el Gobierno, de una fuente adicional de recursos: no se trata de una reducción de impuestos sino de un mecanismo para evitar que suban automáticamente con la inflación.

Por otra parte, para descartar la propuesta de gravar la renta financiera, Echegaray excluye explícitamente como potenciales ingresos del gravamen a aquellos provenientes de la renta percibida por intereses de títulos públicos. No menciona los 3000 millones de pesos que hoy no pagan los tenedores de bonos, según la propia estimación de la tabla del Presupuesto Nacional 2012 a la que hace referencia. ¡El renglón omitido por Echegaray representa más de la mitad del gasto tributario por exenciones a la renta financiera de personas físicas!

¿No es sorprendente semejante omisión del recaudador? En absoluto. Para el kirchnerismo los bonistas NUNCA deben pagar impuestos. Se los exime del impuesto a los bienes personales, se sustraen dólares de la economía real para pagarles, y se los beneficia con una exención al Impuesto a las Ganancias.

Ahora bien, ¿quiénes son los residentes argentinos tenedores de títulos públicos? ¿Serán los beneficiarios de los planes sociales, los padres cuyos hijos reciben la asignación por hijo o el 70 por ciento de los jubilados que cobran la mínima de 1687 pesos por mes? ¿Serán, tal vez, los trabajadores registrados que por ganar apenas dos canastas básicas dejan de percibir asignaciones familiares?

Como en el caso de la inflación antes mencionado, los que se benefician por esta excepción son, nuevamente, los más ricos. Ellos no pagan impuesto por dicha renta ni sufren aumentos de la tasa de Ganancias. Y para que esta insólita ventaja sea presupuestariamente viable, el kirchnerismo les cobra cada vez más a jubilados y a asalariados de clase media. Toda una lección de progresismo.

Nuestro proyecto de ley, firmado por diversos bloques de la oposición (CC-ARI, UCR, Frente Peronista y Frente Cívico de Córdoba), ata el mínimo no imponible a la suerte del salario mínimo vital y móvil, desgravando toda renta laboral por debajo de los 9200 pesos mensuales. Además, exime del Impuesto a las Ganancias a los haberes jubilatorios ordinarios. A cambio, propone gravar la renta financiera, comenzando por los instrumentos en moneda extranjera y la compraventa de acciones y títulos públicos, sin afectar, por ahora, los intereses de plazos fijos en pesos. La recaudación por este nuevo concepto rondaría los 5000 millones de pesos por año, incluyendo, por supuesto, los intereses de títulos públicos que Echegaray no quiere gravar... ni mencionar.

De sancionarse, bajaría el Impuesto a las Ganancias en dos tramos de ingresos con alta propensión a consumir (clase media asalariada y jubilados) y subiría en tramos de ingresos con alta propensión a ahorrar (renta financiera). Se trata de una propuesta verdaderamente progresiva y expansiva, sin costo para el fisco nacional y los fiscos provinciales: una contribución a un crecimiento armónico y un progreso económico con una real justicia social.

Sorprende mucho que un gobierno que se dice progresista tenga que apelar a estas evidentes omisiones para evitar la discusión.

* Diputado nacional de Coalición Cívica.