H G. Wells aludió una vez sarcásticamente a “ese rencoroso conventillo, Irlanda del Sur”. De haber presenciado la cumbre de la Unión Europea que finalizó el viernes en Bruselas, habría vuelto a hablar de conventillo, pero esta vez de un conventillo de mercachifles. Porque esta vez la UE se superó a sí misma: no contentos con haber postergado nuevamente el ingreso de Turquía, los Quince trazaron un calendario de expansión hacia el Este que solamente puede calificarse de miserable, y Alemania y Francia –los países más poderosos– fueron los que dictaron la política del resto.
Desde hace varios años, la Unión Europea viene aplazando la solicitud turca de ingreso invocando que el país no está a la altura de los Quince en materia de democracia y de derechos humanos. Este año, en parte por su apremiante situación económica, que todavía puede llevarla a la cesación de pagos, Turquía decidió seguirles la corriente, a su propio riesgo: convocó a elecciones, que puede ganar un partido islamista, suprimió la pena de muerte y estableció nuevos patrones de comportamiento respecto de la minoría kurda. Pero la UE volvió a hacer a un lado la solicitud turca, mostrando cada vez más claramente que las preocupaciones de los Quince tenían más que ver con las consecuencias económicas para ellos de la entrada del gigante turco que con la democracia y los derechos humanos. Ahora, la situación planteada contiene un posible desarrollo perverso: que los islamistas ganen las elecciones y busquen establecer un régimen autoritario. En ese caso, la Unión Europea podrá volver a rechazar en 2003 la solicitud turca, esta vez por las disposiciones antidemocráticas emanadas del Partido Justicia y Desarrollo (islamista) que ellos mismos hicieron ascender con sus reclamos iniciales de más democracia.
Pero si hacía falta alguna prueba para demostrar que todo es una cuestión de plata, estuvo el vergonzoso pacto entre Alemania y Francia para hacer pagar un vertiginoso derecho de piso a los nuevos adherentes orientales a la UE. En el centro de la escena está la gigantesca torta de subsidios que representa la Política Agraria Común, cuyos principales beneficiarios son los agricultores franceses. Pero sucede que la mayoría de los nuevos países adherentes –Polonia, Hungría, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Lituania, Letonia, Estonia, Chipre y Malta– son ellos mismos economías fuertemente agrarias. La mayoría, luego de un alegre desmantelamiento de sus ex sistemas comunistas que fue fervientemente alentado por los Quince, se fue encontrando que, con cada nueva concesión, la generosidad de sus futuros socios disminuía. Entonces, con la economía de la Unión estancada o peor, los padrinos francoalemanes acordaron en la cumbre hacer a sus socios junior una oferta que no pueden rechazar: las ayudas directas a su agricultura serán, el primer año de su entrada –o sea, 2004–, sólo un 25 por ciento de lo que reciben hoy los Quince, y aumentarán a un penoso ocho por ciento anual hasta que recién en 2013 recibirán lo que corresponde. Y Jacques Chirac logró que los subsidios agrícolas no sean congeladas hasta 2007. Pertenecer tiene sus privilegios.