La actividad empresaria, en esencia productiva, se perfecciona sin embargo en el momento de la venta del producto. La teoría económica ha explicado largamente cómo las recesiones devienen de dificultades en la demanda. Quizá quien mejor haya reescrito la cuestión para el gran público haya sido el economista estadounidense Paul Krugman, paradigma del neokeynesianismo en el primer mundo y divulgador brillante. Contar con un seguro gran comprador es entonces una gran tranquilidad. El viaje presidencial a China tuvo la virtud de traer a la memoria colectiva esta cuestión. Para un país como Argentina, cuya inserción internacional se produce esencialmente a través de las materias primas y las manufacturas de origen agropecuario, ser socio comercial de una nación en plena revolución industrial, que además tiene 1300 millones de habitantes, es poco menos que la panacea. Y con más virtudes que las que algunos (sus defensores) argumentan para el ALCA, la alianza de libre comercio sin tocar subsidios (al estilo europeo) que motoriza Estados Unidos. Al regreso del periplo asiático, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores evaluaron que las exportaciones argentinas hacia China podrían pasar de los 2500 millones en 2003 a 5000 millones en pocos años.
Sin embargo, las relaciones comerciales son el ámbito por excelencia, casi tautológico, del quid pro quo. La reciente y pasada disputa por el dumping en la importación de insumos para la fabricación del glifosato, teñida de internas y negocios varios, es un caso representativo. Sin entrar en detalles, fue evidente que cierto lobby de primerísimo nivel no pudo más que otro más poderoso. China y los exportadores locales hicieron saber que resultaba absurdo que se impidiera la importación de un insumo desde un país que compraba el producto terminado, la soja y sus derivados. A pesar del dictamen “técnico” favorable, esto es, que determinaba la existencia de dumping (cuestión peliaguda si las hay), el Poder Ejecutivo optó por preservar la relación comercial con el gigante asiático.
Pero el mar de fondo continúa. La razón es que China tiene muy clara la gran capacidad de maniobra que le da su poder de compra. La sola sugerencia de restricciones en el comercio de soja, a la que suele sumarse alguna acción aislada, como la aplicada contra 26 exportadores brasileños, repercute rápidamente en los mercados mundiales y en los bolsillos de los operadores. Por eso, los exportadores de los tres principales países vendedores mundiales, Argentina, Estados Unidos y Brasil, quieren ponerse duros. El primer paso fue enviar esta semana una carta conjunta a sus gobiernos. Por Argentina firmaron la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales. La nota denuncia el “incumplimiento de contratos” y la adopción de “requisitos fitosanitarios arbitrarios” con el único objetivo de frenar el ingreso de granos y aceite. Vale recordar que el complejo sojero representa cerca del 90 por ciento de las exportaciones argentinas a China.
La reacción de los exportadores se produjo luego de que el Ministerio de Sanidad de China emitiera una resolución, la 73, que habilitaba a realizar un análisis de calidad de los embarques de soja en destino. Esto permitiría, por ejemplo, una renegociación a la baja de los precios, forzada por un pequeño detalle geográfico, que la mercadería ya se encontraría en los puertos asiáticos.