Aunque fue creado por ley en 1999, el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) no se conformó sino hasta el 2002. Desde entonces, fueron pocas sus acciones. En mayo pasado, a instancias del Ministerio de Trabajo, impulsó su primer plan nacional de fiscalización y esta semana en Rosario lanzó un programa de inspección de las condiciones laborales de la Región Centro. Es posible que las demoras hayan respondido a la composición del Renatre, desigualmente integrado por las 4 entidades que agrupan a los empresarios del campo y el sindicato de los empleados rurales, Uatre. En otras palabras, el espíritu de la ley que creó el organismo es que los propios empresarios, con la participación minoritaria de un sindicato, se fiscalicen a sí mismos.

Algunos datos ayudan a comprender el problema. Si bien la propia informalidad global del sector agropecuario rehuye a estadísticas precisas, las distintas proyecciones –de la Uatre, de funcionarios de Trabajo y de las Aseguradoras de Riesgo del Trabajo– sitúan el empleo en negro en la amplia franja de entre el 70 y el 90 por ciento del total, según las regiones, una magnitud sólo asimilable a la de la informalidad del trabajo doméstico. Esto sucede en un sector donde el efecto combinado de la devaluación y las mejoras de los precios en los mercados mundiales, multiplicaron por 5 los ingresos en pesos. Pero dado que la informalidad no es sólo del trabajo sino también de los propios productores –lo que no hace más que reproducir la estructura de informalidad del mercado de trabajo como un todo; donde el grueso del empleo no registrado corresponde a empresas mínimas con hasta 3 trabajadores–, conviene no generalizar conclusiones. Dada la estructura económico social de la producción primaria, en la evasión de cargas sociales conviven las estrategias de supervivencia de los pequeños productores con la más pedestre maximización (delictiva) de la ganancia de algunos empresarios en mejor posición. Como suele ocurrir en estos casos, el riesgo es que se termine fiscalizando más a los primeros que a los segundos.

De acuerdo con el plan presentado esta semana, si las inspecciones detectan trabajadores no registrados, los empleadores no recibirán una sanción retroactiva sino que tendrán un plazo de 5 días para regularizar la situación. Si no lo hacen, quedarán sujetos a multas que van de los 500 a los 5 mil pesos.

Funcionarios de Trabajo dijeron a Cash que en la actualidad se encuentran registrados menos de 400 mil trabajadores sobre más de 1,2 millón estimados. Los productores en blanco serían unos 65 mil sobre un total cercano a los 150 mil.